El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez señaló ayer en su declaración ante la jueza Mercedes Alaya que tanto el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como su antecesor, Manuel Chaves, y todo el Consejo de Gobierno de 2003 estuvieron al tanto de sus alertas sobre las irregularidades en el pago de las ayudas sociolaborales de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. A Gómez, que declaró como imputado, la jueza Alaya le acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos por no haber frenado el fraude (140 millones de euros al menos de 721 presupuestados entre 2001-2010).

Según los abogados presentes durante su declaración, Gómez estuvo contenido y sopesando todas sus palabras, si bien la jueza Alaya no cejó en sonsacarle cada vez que la respuesta no le satisfacía e incluso interrumpiéndole en sus declaraciones. En líneas generales, Gómez ratificó su declaración de octubre de 2011 ante la Guardia Civil y la que hizo en el Parlamento el verano pasado al afirmar que nunca detectó menoscabo de fondos públicos y que el procedimiento utilizado era legal, aunque inadecuado para el pago de las subvenciones sociolaborales.

Pero también se ratificó sobre la carta remitida al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, en noviembre de 2012 para manifestar su disconformidad con las conclusiones de la comisión de investigación. En ella, acusó a los responsables de la Junta (entre ellos Griñán) de «cebar sin descanso la corrupta partida de los ERE», en referencia a las modificaciones presupuestarias; y de haber podido terminar «con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad de hacerlo».

Desfases presupuestarios

Ante la jueza, Gómez justificó la ausencia de informes de actuación porque la ley no lo permitía al no haberse detectado menoscabo de dinero. Sin embargo, defendió que solo con los informes adicionales -hasta 15 en varios años-, los responsables políticos podrían haber evitado el fraude.

Preguntado por las partes personadas qué consejeros pudieron evitarlo, Gómez señaló sin dar nombres a los de Empleo (José Antonio Viera y Antonio Fernández), Hacienda (Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo) e Innovación (Francisco Vallejo).

También respondió que de haber realizado un informe de actuación, hubiera acabado en «el cajón» como los restantes. Sobre esta teoría aportó un hecho: En 2008, cuando el consejero de Hacienda era Griñán, realizó una alerta de actuación sobre los pagos de retribuciones de un hospital de Almería. Añadió que se quedó en el cajón.

Griñán, consejero de Hacienda desde 2004 a 2009, era sin duda la pieza de caza mayor en la declaración del interventor. La magistrada empezó por preguntar sobre el consejero de Hacienda y acabó llamándolo Griñán. Gómez satisfizo en parte las expectativas de Alaya.

Sobre Griñán, Manuel Gómez admitió que pudo no haber leído los pormenores de sus informes, pero es «absolutamente impensable» que no conociera las conclusiones de los reparos porque, además de criticar el uso indebido de las transferencias de financiación, la ausencia de expedientes y la falta de publicidad en la concesión de las ayudas, denunciaban una «patología presupuestaria singular» con continuos desfases con cargo a la partida de los ERE, como el que detectó de más de 93 millones de euros en las cuentas de 2003 y 2004 y del que avisó en 2005 a Hacienda, siendo ya consejero Griñán. Supuso un descuadre del Presupuesto de tal índole que el consejero debió advertirlo, señaló según los abogados.

Revelación de Alaya

Durante la declaración se produjo una revelación por parte de Alaya. Dijo a las claras que da por hecho que Griñán conocía esos informes origen del fraude en la Consejería de Empleo. «Ya sabemos que el consejero de Hacienda tenía conocimiento de los informes», dijo la magistrada, según abogados presentes en la causa. Griñán manifestó bajo juramento en la comisión de investigación del Parlamento que nunca llegó a saber de tales advertencias.

Gómez también aportó otro hecho para demostrar que la cúpula de la Junta conoció la irregularidades, entre ellos Chaves. Dijo que en un consejo de Gobierno de 2003 se aprobó una orden para analizar las transferencias de financiación con cargo a la partida de los ERE ante sus advertencias. En 2003 eran consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y José Antonio Viera, entre otros, aunque no José Antonio Griñán, que se incorporó en 2004.

Los abogados personados en la causa elevaron una queja a la magistrada por sus preguntas «capciosas» y el interrogatorio «inquisitorial» y «preconstitucional» al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez. José María Mohedano, abogado de los ex directores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano -éste actual viceconsejero de Presidencia-, dijo a Europa Press que la jueza declaró «impertinente» una de sus preguntas, alegando que esa misma cuestión ya se había hecho anteriormente, cuando, según ha aseverado el abogado, «no se había hecho».

El mismo abogado dijo que Alaya lleva un interrogatorio «que cercena la espontaneidad» del imputado «con permanentes interrupciones, desmentidos y reconvenciones». Alaya llegó a preguntar al interventor si había recibido presiones políticas para no realizar un informe de actuación y ante la respuesta negativa de Gómez hizo un gesto desabrido que indicaba su incredulidad, cuenta otro letrado.

La abogada Macarena Olivencia, esposa del dirigente del PP Javier Arenas, acudió ayer por primera vez al proceso como letrada del BBVA.