A menos de seis meses del inicio de su segundo período de gobierno, Barack Obama está inmerso en una seguidilla de escándalos que bien podrían terminar definiendo cómo pasará a la historia.

Una serie de filtraciones relativas a la seguridad nacional tienen al gobierno a la defensiva y dejan en evidencia el nivel de discrecionalidad y de secretismo con el que se administran las polémicas leyes que autorizan vigilancias cuando se sospecha de actividades extremistas.

El caso de la masiva obtención de datos de la telefónica Verizon o el seguimiento de usuarios de Internet que se conoció la semana pasada por la información que suministró a la prensa el exasistente de la CIA Edward Snowden han aumentado la presión sobre Obama, al tratarse de operaciones de vigilancia estatal que tienen al menos el potencial de abarcar a segmentos grandes de la población sobre los que no recae evidencia de actividad ilegal.

Más allá de las consideraciones políticas y naturales reacciones partidistas, cada caso toca el área de los derechos ciudadanos de una manera distinta, desde la libertad de expresión y presunción de inocencia, hasta el derecho a la privacidad y la igualdad ante la ley. Y cómo se supeditan o no al “máximo interés” de la seguridad nacional.

Para muchos resulta irónico que un presidente que llegó al poder cuestionando los excesos cometidos en nombre de la llamada “guerra contra el terrorismo” esté siendo señalado por sus propios excesos al usar las herramientas legales que tanto criticó antes de llegar a la Casa Blanca.

Recordamos los casos más emblemáticos que, para sus críticos, empañan la gestión de Obama. Haga clic en el menú de abajo.

1. Los teléfonos de AP

A principios de mayo, el Departamento de Justicia le informó a la agencia de noticias Associated Press (AP) que el gobierno había obtenido registros de llamadas de 20 líneas de la agencia, entre números de oficinas y teléfonos personales de algunos periodístas.

Aunque AP aseguró que no se le explicó la razón de la investigación, la agencia lo vínculo a un artículo prublicado en mayo del 2012 en el que se revelaba el desmantelamiento de un supuesto plan de atentado por parte de al-Qaeda que se originó en Yemen.

El presidente de AP Gary Pruitt, calificó la acción del departamento de Justicia como “una intrusion masiva y sin precedentes” y “una seria interferencia con los derechos contitucionales de AP”.

Los profesionales de la prensa han visto en la acción del gobierno un indebido intento de identificar una fuente de información que se supone protegida por la sacrosanta confidencialidad que establece cuando entra en relación con un periodista.

Para el gobierno se trata de capturar a un “soplón” que consideran que ha puesto en riesgo la seguridad nacional revelando secretos clasificados.

2. Verizon e internet

Lo que involucraba a unos pocos números telefónicos en el caso de AP se convirtió en millones en el de la filial estadounidense de la telefónica Verizon y potencialmente más aún en el de la vigilancia de usuarios de internet.

La semana pasada el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post presentaron datos obtenidos del exasistente técnico de la CIA, Edward Snowden, que evidenciaban que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) mantenía un sistema regular de obtención de datos telefónicos aprobado por una corte secreta.

La reacción de la Casa Blanca y del Congreso dejó en claro que se trataba de una práctica común, de vieja data y que cuenta con respaldo legal en las polémicas Ley Patriota y la Ley de Vigilancia de Información Extranjera (FISA) heredadas de tiempos de George W. Bush.

“Nadie está escuchando sus llamadas”, aseguró el fin de semana el presidente Barack Obama aclarando que no se trata de “escuchas telefónicas”, sino que, al igual que en el caso de AP, lo que se recoge es la llamada “metadata”.

Una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac encontró que un 76% de la población considera que debe abrirse una investigación especial en el caso de la oficina de impuestos y su tratamiento de organizaciones conservadoras.

Un 43% considera que el escándalo en torno al ataque al consulado en Bengasi “es político”, aunque una proporción similar cuestiona la respuesta inicial dada por el gobierno.

Sólo un 15% cree que la recolección secreta y masiva de datos telefónicos es un asunto grave”. El 73% asegura que el Congreso y la Casa Blanca deberían dedicarse a tratar de mejorar la economía y el empleo antes de investigar estos otros temas.

Los sondeos indican que la mayoría de los ciudadanos está dispuesta a sacrificar algunas libertades individuales si eso redunda en mayor seguridad.

Además, el mandatario defiende la legalidad de la medida argumentando que está “aprobada por todas las ramas del Estado”.

Pero los grupos de derechos civiles han cuestionado la laxa interpretación que asegura que hace el departamento de Justicia de las de por si polémicas leyes, del secreto en el que se mantiene todo el proceso y del amplio alcance, cosa que estaría reñida con la Cuarta Enmienda de la Constitución que protege a los ciudadanos de “búsquedas injustificadas”.

3. Los impuestos del Tea Party

En mayo pasado, casi simultáneamente con la noticia sobre AP, un informe interno de la Oficina de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) reveló que se habían usado “criterios inapropiados” para otorgar estatus especiales de rebaja de impuestos a organizaciones sin fines de lucro vinculadas al llamado Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano.

El reporte del Inspector de Administración de Impuestos indicaba que se había represado solicitudes de estas organizaciones cuando aparecían en sus nombres alusiones al Tea Party o su retórica o sus agendas eran consideradas ultraconservadoras.

Una de las preocupaciones del IRS era que estos grupos, al declararse como “promotoras del bienestar social”, se acogieran a exenciones a las que no tendría derecho de reconocer que realizan actividades de proselitismo político.

Aunque esas prácticas ya habrían sido descontinuadas y el comisionado interino Steven Miller renunció a su cargo, el FBI abrió una investigación criminal sobre el caso.

Sin embargo, para los demócratas el escándalo podría complicarles las elecciones de medio término para el Congreso y, por lo pronto, han revivido el movimiento conservador que tras sus éxitos del 2010 había perdido influencia dentro del Partido Republicano.

De hecho, diferentes sondeos de opinión indican que el del IRS y el Tea Party es el escándalo que más preocupa a los estadounidenses, mientras que el de las escuchas telefónicas les resulta el menos importante.

4. Ataque en Bengasi

Antes de esta retahíla de escándalos, el flanco preferido de los ataques republicanos al gobierno era los fallos de seguridad que en noviembre de 2012 facilitaron un ataque al consulado estadounidense en Bengasi, Libia, causándole la muerte al embajador estadounidense en Libia Christopher Stevens y otros tres estadounidenses.

El recuerdo de Bengasi se reactivó en días pasados con el nombramiento de la actual embajadora ante la ONU, Susan Rice, como nueva asesora de seguridad nacional del presidente Obama.

Varios congresistas republicanos recordaron que Rice no pudo sustituir a Hillary Clinton en el departamento de Estado, porque la Casa Blanca sabía que no contaría con la aprobación del Comité de Exteriores y cuestionaron el nuevo nombramiento.

Rice es vista por los republicanos como una de las principales promotoras de lo que consideran una campaña de desinformación del ejecutivo que no reconoció en primera instancia que el ataque a la embajada había sido una acción premeditada y que hubo un fatal fallo de inteligencia.

Como consecuencia de la polémica cinco comités del Congreso abrieron sendas investigaciones. En abril los integrantes republicanos presentaron un informe preliminar en el que aseguran que el gobierno no reforzó la seguridad de los diplomáticos en Libia pese a contar con información que así lo aconsejaba.

Además señalaron que la Casa Blanca construyó un relato impreciso de los eventos y al final culpó a las agencias de inteligencia por los huecos que la versión oficial presentaba.

Rápido y furioso

Los casos de AP y de Verizon han renovado la presión sobre el secretario de Justicia, Eric Holder, quien en junio de 2012 se convirtió en el único miembro de gabinete de un gobierno estadounidense en ser declarado en desacato acusado de obstruir una investigación del Congreso.

La investigación era sobre Rápido y Furioso, el fallido plan de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, dependiente del departamento de Justicia, con el que intentaban rastrear armas ilegales en su ruta hacia carteles de la droga mexicanos.

El rastreo no tuvo éxito y 2.000 armas usadas en el programa desaparecieron, hasta que dos de ellas fueron usadas en un tiroteo en diciembre de 2010 en Arizona el que murió un agente de la Patrulla de Fronteras estadounidense.

La muerte del oficial aceleró una investigación parlamentaria abierta desde 2009 -y que Holder consideró un decisión “políticamente motivada”, por tratarse de año electoral- en la que su oficina no suministró toda la información que se le solicitó sobre el programa.

Incluso cuando Holder quiso limar asperezas con la prensa tras el escándalo de AP su oficina convocó a reuniones off the record, lo que a muchos medios les pareció irónico y un intento de ocultar cosas a la esfera pública por lo que algunos no asistieron a los encuentros.

Muchos observadores en Washington piensan que la confluencia de todas estas tormentas políticas sobre el departamento de Justicia bien podrían resolverse con la salida de Holder del cargo, una movida que sería vista por algunos como una manera de la Casa Blanca calmar las exigencias de responsabilidad que hace parte importante del público.