LG.- El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha iniciado, a través del Instituto de Evaluación (IE), el concurso de adjudicación de dos contratos cuyo objeto consiste en realizar unas pruebas que evalúen el nivel de los estudiantes españoles en varias materias, como comprensión lectora, matemáticas, ciencias e idiomas.

Los exámenes se realizarán en todas las comunidades autónomas, aunque los alumnos catalanes serán los únicos que no podrán elegir el idioma en el que deseen examinarse: sólo podrán hacerlo en catalán, tal y como se establece en los Pliegos de Condiciones Técnicas de los contratos.

Rosario Sánchez, consejera técnica del Instituto de Evaluación, asegura: “Cataluña quien decide que estos exámenes se hacen en lengua catalana, porque es una competencia de la comunidad autónoma, y el ministerio no puede hacer nada”. Desde Educación insisten: “La normativa dice que se realicen en la lengua de aprendizaje […] Además, en el IE están todas las comunidades representadas en un consejo rector, así que si ellas dan el visto bueno no hay nada más que decir”.

Sin embargo, especialistas en Derecho consultados han aclarado: “Seguro que hay amparo legal, pero otra cosa es que se estén vulnerando los derechos constitucionales de los alumnos. Al respecto, son fundamentales las tres sentencias del Tribunal Supremo de diciembre de 2010, que aquí podrían aplicarse por extensión”.

En estos fallos, el Supremo declaró el derecho a utilizar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio del 2010. Además, el artículo 3 de la Constitución proclama que todo español tiene derecho a usar el castellano y que, al ser un patrimonio cultural, debe ser objeto de especial respeto y protección.

Derecho reconocido

La polémica en torno a la lengua en que debe impartirse la enseñanza en Cataluña surgió a raíz de la denuncia de tres familias que exigían a la Generalitat que respetase su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Pese a que tanto el Supremo como el Constitucional han amparado este derecho y han exigido a la Generalitat que adopte medidas para su respeto, el ministro Gabilondo insiste en marginar el castellano en las escuelas catalanas.

En los pliegos de los contratos se establece: “En la comunidad autónoma de Cataluña, las pruebas y cuestionarios se aplicarán en catalán”. Del mismo texto también se desprende que en el resto de regiones con idioma cooficial es posible elegir realizar la prueba en castellano, valenciano, gallego, euskera o catalán. Por estos exámenes el ministerio abonará un total de 471.000 euros.

Los anuncios de los contratos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el 31 de diciembre, y la fecha límite de presentación de ofertas fue el 14 de enero. Según empresas del sector: “Es un plazo extremadamente breve para la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el Ministerio”. Por su parte, Educación asegura: “Es el tiempo adecuado, el plazo usual. Si no se presentasen ofertas saldría de nuevo la convocatoria”.

Sánchez justifica la adjudicación de los contratos porque “el Estado no puede ejecutarlos por falta de personal. Se examinan unos 4.500 alumnos en toda España, en unos 150 centros, y como se realizan en un momento específico, no necesitaríamos a todo ese personal empleado durante el resto del año”. Estos exámenes tienen una duración muy breve, de dos a tres horas y media.

Agraciada

La mercantil Imop Encuestas resultó adjudicataria de las pruebas de matemáticas de 2002 y las de comprensión lectora de 2006. Tiene como consejera a Isabel Peleteiro Ramos, que trabajó para Educación en 1988 realizando diversos informes.

El coste de los contratos se abonará con fondos europeos gestionados por España en colaboración con las comunidades autónomas. El examen de matemáticas se realiza cada cuatro años y el de comprensión lectora, cada cinco. Ambos son patrocinados por la Asociación Internacional de Evaluación. El de competencia lingüística de la Comisión Europea es la primera vez que se realiza en España.