Desde el pasado sábado, decenas de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la situación de la vivienda en España. Un asentamiento que el Gobierno autonómico considera «ilegal» y ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ordene su disolución en un plazo máximo de 48 horas.

Lo ha hecho a través de un requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico, en el que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también denuncia que los manifestantes han realizado pintadas en la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, con amenazas como «Ayuso, cuidao (sic)».

Además, el requerimiento también alerta de que se han detectado restos de orines en los parámetros del edificio, protegido como Bien de Interés Cultural, y basura arrojada contra las ventanas y la fachada.

El Gobierno autonómico asegura en ese requerimiento que esta situación, lejos de estar siendo controlada, «viene intensificándose cada noche». «Las imágenes de personas subidas en las ventanas de la Real Casa de Correos son prueba fehaciente de la pasividad de la Delegación del Gobierno y del absoluto descontrol de la situación», critica, algo que «no sólo está perturbando el funcionamiento institucional, sino creando un riesgo intolerable sobre la integridad del edificio».

«No es conciliable la normal actividad que se desarrolla a diario en esta sede institucional con la presencia permanente de decenas de personas acampadas en el espacio público», esgrime.

Asimismo, el escrito también censura que la acampada «impide o dificulta gravemente el acceso a los establecimientos comerciales de la zona, altera el normal desarrollo de la actividad comercial y perjudica los derechos de los consumidores y usuarios».

En este sentido, el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, que ha comparecido este martes para anunciar ese ‘ultimátum’ al delegado para desalojar Sol, ha recordado que la acampada del 15M de 2011 originó un perjuicio económico a los comerciantes de la zona de 90 millones de euros.