Ceuta es un territorio demasiado pequeño para que ciertas coincidencias pasen desapercibidas. En pocos kilómetros cuadrados conviven una ciudad, una frontera, una planta que produce agua potable, depósitos de combustible y un polvorín militar que no es secreto porque figura en documentos oficiales. Cuando, después de una entrada masiva, miles de personas que no han sido identificadas de forma fiable se concentran precisamente en la playa del Trampolín y no en otras, junto a la desaladora y demás puntos sensibles, la pregunta deja de ser retórica.

Se trata de reconocer que un Estado no puede gestionar lo que no conoce. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, remitido a la Audiencia Nacional dice algo inquietante: que España no tiene una cuantificación fiable de quiénes entraron, quiénes salieron y quiénes se quedaron. Y si entre los que se quedaron hay infiltrados.

El mismo documento sostiene que lo ocurrido los días 30 y 31 de julio no encaja en una avalancha espontánea. Describe un proceso con fases, perfiles distintos según la hora, un flujo encauzado hacia un punto concreto y una capacidad de organización que, según los investigadores, supera lo que las redes criminales conocidas de la zona podían ejecutar por sí solas. Distingue a quienes cruzaban de quienes parecían orientar, vigilar o dirigir. Incluye imágenes de personas de paisano cuya conducta no coincidía con la de un simple caminante, porque si la entrada fue un proceso, el proceso no termina cuando la frontera se cierra.

El propio análisis policial habla de un antes, un durante y un después. El después no es solo la presión sobre los servicios sociales o la imagen internacional. Es la permanencia, precisamente en la Playa del Trampolín, de un contingente cuya composición exacta se desconoce, junto a infraestructuras de las que depende el abastecimiento cotidiano de la ciudad. Agua, energía, combustible y muy cerca del arsenal militar de Ceuta, con apenas custodia policial.

Resulta llamativo que, cuando semanas después se anunció otra convocatoria, las autoridades marroquíes sí desplegaron un dispositivo eficaz. Obliga a preguntar por qué la respuesta fue tan distinta y qué se pretendía conseguir con el primer episodio. Una operación organizada suele tener un objetivo. Una operación en fases suele tener una fase posterior.

En materia de seguridad nacional, el coste de investigar una amenaza que al final no existe es limitado. El coste de descubrirla cuando ya ha cristalizado es el que España ya pagó el 30 de julio: horas de frontera desbordada y un mapa de vulnerabilidades que todavía no se ha cerrado.

Junto a la playa del Trampolín se concentran varios puntos vitales para la ciudad y el Estado no puede permitirse no controlar sus accesos. La pregunta ya no es solo quién organizó la entrada y por qué se eligió la playa de El Trampolín para acampar. Es qué se está haciendo ahora para evitar que una orden de Marruecos no provoque una hecatombe en Ceuta, porque con los miles de acampados en edad militar, nunca se sabe, máximo cuando en Marruecos circula un informe difundido por Defense Atlas, una plataforma próxima a los intereses estratégicos marroquíes, y describía una hipotética operación utilizando drones, fuerzas especiales, artillería, sistemas anticarro, defensa aérea y guerra electrónica que indica que Ceuta se puede conquistar por el ejército marroquí en cinco horas. Y con soldados camuflados esperando en la Playa del Trampolín, la resistencia será mínima a pesar de que La Comandancia General de Ceuta dispone de unidades de la Legión, Regulares, Caballería, Artillería, Ingenieros y apoyo logístico.

En la madrugada del 27 de agosto, una patrulla de cuatro militares del Grupo de Regulares fue emboscada en Benzú por un grupo de entre treinta y cuarenta personas. El vehículo, que no estaba blindado, fue rodeado y atacado con piedras de gran tamaño; los militares tuvieron que abandonarlo y huir a pie mientras eran perseguidos y continuaban recibiendo impactos. Los cuatro resultaron heridos y tuvieron que llamar al 112 para que acudieran en su auxilio la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y existe un detalle que debería resultar insoportable para cualquier Estado que pretenda hacerse respetar: aquellos soldados españoles habían sido enviados a patrullar desarmados. No podían responder a una emboscada contra su propia integridad y su única alternativa fue correr.

En incidentes posteriores también se han documentado lanzamientos de piedras y botellas con líquido corrosivo contra patrullas militares, y JUPOL llegó a denunciar el lanzamiento de un cóctel molotov. Sólo después de estas agresiones Defensa modificó el dispositivo, pero de una manera difícil de comprender: desde el 2 de septiembre, en patrullas de cuatro soldados únicamente uno porta un fusil G-36 con munición, una decisión que ha provocado indignación dentro de las propias Fuerzas Armadas. Que soldados del Ejército español tengan que abandonar un vehículo y huir de una emboscada en territorio español porque se les ha enviado sin capacidad real de defenderse no es únicamente una escena humillante: es una señal de vulnerabilidad que inevitablemente también observa Marruecos desde el otro lado de la frontera.