La indignación en Huesca no ha dejado de aumentar en los últimos días, al conocerse que el autor del segundo mayor incendio de la historia de Aragón fue provocado por un colombiano de 28 años que apenas llevaba un mes en España.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos se encuentra estabilizado y camino de su extinción definitiva tras más de una semana de intensos trabajos. Se trata ya del segundo peor incendio de la historia de Aragón, con más de 17.500 hectáreas calcinadas. El balance incluye la muerte de un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la evacuación de cientos de vecinos.

Mientras los efectivos consolidan el perímetro, el presunto autor permanece en prisión provisional sin fianza. Entró en España el pasado 14 de julio con un permiso de trabajo portugués que le permitía desplazarse a España con contrato laboral (un tipo de autorización temporal frecuente entre trabajadores de países terceros).

Se sabe también que el presunto autor del incendio residía en un hostal de Murillo de Gállego y carecía de familia, propiedades o cualquier otro arraigo en territorio nacional.

Según el auto de la Sección de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, las cámaras de la empresa de obra pública en la que trabajaba le sitúan en el punto exacto de ignición. Las imágenes muestran cómo se dirige a la zona, se agacha, se aleja y, al cabo de un minuto, aparece una densa humareda.

Los informes de SEPRONA y de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil descartan el origen natural del fuego y apuntan a “aplicación directa de llama sobre el combustible natural”. El investigado era la única persona presente en ese momento.

Fuentes judiciales consultadas señalan que la condena que se solicita podría alcanzar los 15 años en función de la calificación definitiva. La defensa ha argumentado que se le está castigando por carecer de arraigo; el juez lo refuta recordando que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla esa circunstancia como factor que incrementa el riesgo de fuga y de alteración de pruebas.

En caso de condena firme, la Fiscalía puede solicitar la expulsión del territorio nacional una vez cumplida la pena o parte de ella. De no prosperar la deportación, el tiempo de internamiento y el eventual cumplimiento de condena podrían abrir, a medio plazo, vías de regularización o acceso a la nacionalidad española, algo que no es infrecuente en este tipo de supuestos.