Amenaza islamista en España: nueve imanes yihadistas que defendían imponer la ‘sharía’ estuvieron repartidos por Cataluña, Navarra y Andalucía
España expulsó durante 2025 al menos a 25 extranjeros por actividades vinculadas con la radicalización yihadista. Entre ellos había nueve imanes radicales, varios al frente de mezquitas oficiales, y dos antiguos combatientes de Estado Islámico en zonas de conflicto, considerados una de las principales amenazas para la seguridad nacional.
Así consta en el informe «Balance del terrorismo en España en 2025», elaborado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. El documento refleja que cinco de los imanes expulsados ejercían en Cataluña, dos en Navarra y otros dos en Andalucía.
Por nacionalidades, trece de los 25 expulsados eran marroquíes; tres, pakistaníes; dos, tunecinos; uno, egipcio; uno, argelino, y otro, holandés. La nacionalidad de los cuatro restantes no figura en el informe.
El balance también recoge un precedente: la primera expulsión en España de un individuo vinculado al Estado Islámico del Jorasán (ISKP), la rama yihadista considerada en la actualidad una de las mayores amenazas para Europa. El radical fue identificado a raíz de una operación desarrollada por el Ejército estadounidense en Jalalabad, Afganistán.
Imanes radicales al frente de mezquitas
El 10 de enero de 2025 fue expulsado Houmat Bouzelmat, un marroquí de 44 años que dirigía el Centro Cultural Islámico Alfirdaous, situado en La Junquera (Gerona). La Guardia Civil lo había investigado por terrorismo y por difundir a través de internet mensajes contrarios a la Constitución. Seis días después fue expulsado otro imán marroquí, Mohamed Azougah, que ejercía en una mezquita de Figueras y difundía mensajes salafistas radicales.
El 22 de enero, la Policía expulsó a otro ciudadano marroquí que aprovechaba su condición de imán en una mezquita de Navarra para lanzar proclamas en favor de la yihad. También había amenazado a un sacerdote de una iglesia de Pamplona.
La siguiente expulsión tuvo lugar el 4 de febrero. El afectado era un imán detenido en junio de 2023 cuando ejercía en Huelva. Había sido condenado a tres años de prisión y se encontraba encarcelado en A Lama, en Pontevedra, pero el cumplimiento de la pena fue sustituido por su expulsión a Marruecos. El religioso había jurado fidelidad a Estado Islámico.
En abril, la Audiencia Nacional rechazó el recurso de otro imán de Pamplona contra la orden dictada por el Ministerio del Interior. Las autoridades lo acusaban de «difusión pública de ideología extremista violenta» mediante sus predicaciones y sus publicaciones en las redes sociales.
Jóvenes y menores entre su audiencia
En mayo fue expulsado el responsable de una mezquita de Tarragona después de que los tribunales desestimaran su recurso. La medida se apoyaba en un informe de la Comisaría General de Información que advertía de su influencia y radicalismo.
El imán instaba a vivir conforme a la sharía, mantenía relaciones con individuos vinculados al terrorismo y dirigía sus mensajes a una audiencia formada por jóvenes y menores extranjeros no acompañados.
Entre los expulsados figura además un vecino marroquí de Olot (Gerona) que, pese a no ser imán oficial, predicaba en distintos inmuebles. Difundía mensajes de inspiración yihadista, defendía la aplicación de la ley islámica, llamaba a desobedecer las leyes españolas y sostenía la subordinación de la mujer al hombre.
En julio, Interior ejecutó la expulsión de otro imán que ejercía en una de las mezquitas más radicales de Barcelona. Sus dirigentes habían estado relacionados con una célula terrorista desarticulada en 2005 mediante la operación Chacal.
El religioso llegó a presidir la asociación de la mezquita y seleccionaba a los predicadores en función de su radicalidad. Defendía que la sharía debía imponerse sobre cualquier otra ley y prohibía a sus fieles mantener relaciones sentimentales con mujeres españolas.
Una red de captación para enviar combatientes a Siria
En diciembre, la Audiencia Nacional confirmó la expulsión de un imán egipcio de la mezquita Attawhid de Córdoba por actividades contrarias a la seguridad nacional.
Según la Comisaría General de Información, estaba vinculado con «una estructura consolidada de captación y adoctrinamiento de individuos para organizaciones terroristas yihadistas». La red, conocida como Brigada Al Andalus, estaba formada por imanes distribuidos en diferentes centros musulmanes de Madrid.
El religioso egipcio se dedicaba a captar radicales para enviarlos a Siria y que se incorporaran a las filas de Estado Islámico.
El informe también señala la expulsión, el 21 de enero, de un tunecino de 38 años que había entrado ilegalmente en Ceuta a nado desde Marruecos. El individuo se había desplazado a Siria en 2016 para combatir con Estado Islámico, por lo que estaba considerado un foreign fighter.
Este antecedente cobra relevancia después de la entrada ilegal de 72.000 personas en Ceuta a finales de julio, cuando las Fuerzas de Seguridad detectaron la posible presencia de individuos yihadistas entre los inmigrantes que cruzaron desde Marruecos.
España permanece desde hace años en el nivel cuatro de alerta antiterrorista, dentro de una escala de cinco. La expulsión de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional es una práctica extendida entre los gobiernos europeos y respaldada por los tribunales nacionales e internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
