El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el “vértice” de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Así lo expone en el auto en el que acuerda investigar al expresidente de Gobierno -el primero en democracia- y donde detalla el funcionamiento y el quién es quién de esta red hasta el momento, en la que, subraya, Zapatero “ejerce el liderazgo estratégico”, con “funciones de dirección y control”, y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel”.

La oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, muy cerca de la sede del PSOE, era según el magistrado el “centro de coordinación de la red”, donde se imparten instrucciones, elaboran documentos y se articula la operativa financiera y societaria, para lo que Zapatero se vale, según el instructor, de “colaboradores de confianza”. Al expresidente el juez le atribuye una intervención directa en operaciones de alto valor económico, “como la relativas al ‘petcoke’, oro, compraventa de acciones o divisas”. Está citado a declarar como investigado el 2 de junio.

El núcleo de confianza

Julio Martínez Martínez: investigado en la causa, es el amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y, según el juez, se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos. Calama lo denomina directamente “lugarteniente principal y figura visible”. Propietario de la empresa Análisis Relevante, era considerado como un “lacayo” del expresidente por los responsables de Plus Ultra.

María Gertrudis Alcázar: secretaria de Zapatero. Según Calama, era la encargada de la “elaboración y cobertura formal de la documentación” y por eso la sitúa en un “tercer nivel” de la trama.

Cristóbal Cano: el magistrado le considera el “gestor del entramado societario y de la facturación ‘ad hoc'” y le coloca al mismo nivel que Alcázar. Calama nombra además a los administradores de varias compañías que formaría parte del entramado societario.

Plus Ultra y empresas que abonaban asesorías inexistentes

El juez considera que los clientes de la red abonaban “cantidades significativas por servicios de asesorías inexistentes” y que esos fondos eran después redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y de Julio Martínez, para lo que se creaba, según el instructor, documentación ficticia, se canalizaban los fondos a través de sociedades sin actividad real o se usaban testaferros.

Identifica a varios clientes, como los administradores de Plus Ultra, pero también de Inteligencia Prospectiva y Softgestor, aunque estas aparecen también como sociedades instrumentales. La investigación sobre el préstamo que se concedió a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia es el origen de este caso. Así, destaca Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, que habría instado a un colaborador a “tocar puertas” para conseguir ayudas y que se interesó por lograr la de Zapatero, estando dispuesto a pagar, como sostenía también el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, investigado en la causa.

Según las comunicaciones intervenidas, el presunto entramado en el que el juez sitúa a Zapatero mantenía contactos con autoridades y operadores económicos en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

Las empresas empleadas por la red

Análisis Relevante: hay “indicios sólidos” de que esta empresa era una “pieza instrumental” de la “estructura delictiva” y se empleaba para canalizar fondos entre el entorno de Zapatero. Recibía y redistribuía recursos coincidiendo con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas. Revela, según el juez, una operativa “diseñada para simular servicios de asesoramiento”. –

Whathefav: las hijas de Zapatero son sus “administradoras formales”. Sería una “sociedad finalista” que recibía fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generaba “facturación genérica” y redistribuía pagos hacia el entorno del expresidente. Ha sido registrada este martes.

Idella Consulenza Strategica: la representa Julio Martínez y juega un “papel central” en el presunto desvío al extranjero de los fondos derivados del contrato acordado con Plus Ultra, para no cobrar en España el ingreso de 530.000 euros que iba a generar. Era la matriz de las entidades creadas en Dubai y su titular. Sería el “vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero”.

Softgestor: controlada por Carlos Alberto Parra, servía supuestamente para canalizar fondos justificando pagos “mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real”. Ha sido también registrada este martes.

Inteligencia Prospectiva: controlada por los hermanos Domingo Arnaldo y Guillemo Alfredo Amaro Chacón, también la UDEF ha requerido información a esta empresa. Punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliación de capitales, que después se emplean para hacer contratos ficticios con otras empresas de la red como Análisis Relevante, según el juez.

Caletón Consultores SL: controlada por Santiago Fernández Lena, sociedad instrumentral para canalizar fondos procedentes de Plus Ultra a sociedades de Julio Martínez.

Iot Domotic Europe: receptora final de los fondos investigados, también formalizaba operaciones carentes de causa económica real y contribuía, según Calama, a la opacidad y desdibujamiento del origen y destino de los fondos procedentes de la aerolínea.

Voli Analítica: canaliza fondos de Plus Ultra a través de sociedades interpuestas y emite facturas para dotar de apariencia de legalidad a las operaciones. El juez le atribuye un “papel relevante”, destaca la ausencia de medios personales o que hay facturas y cobros que no se correspondían.

Affita SL: titular formal en algunas operaciones, el juez cree que también se usó para elaborar facturas, adaptando fechas y conceptos, para dar cobertura formal a los pagos. Todo un entramado opaco que según el juez buscaba ocultar el origen de los fondos y beneficios obtenidos.