El régimen talibán en Afganistán emitió una nueva ley que autoriza el matrimonio infantil y que describe las circunstancias en las que esos matrimonios pueden ser anulados tras la pubertad, confirmó el Ejecutivo a EFE este lunes.

Según la copia de la ley facilitada por el Ministerio de Justicia, si «un pariente distinto del padre o del abuelo concertara el contrato matrimonial de un niño o una niña menores de edad (…) con una pareja compatible y con una dote adecuada», el matrimonio «se considerará válido».

Esa condición de compatibilidad social, según la ley, se refiere a la «igualdad del marido con la mujer en términos de linaje, origen familiar, religión, edad y otras características».

El reglamento, firmado el pasado viernes, establece también que los menores tendrán derecho a solicitar la cancelación del matrimonio una vez lleguen a la pubertad, pero que «dicha anulación solo podrá tener lugar mediante resolución judicial».

Ese derecho a la anulación no es igual entre niños y niñas: la ley establece que el «silencio» de una niña al alcanzar la pubertad equivale un consentimiento sobre la continuidad del matrimonio, no siendo así para los niños o las mujeres que hayan estado casadas.

«La opción de una joven virgen queda invalidada por el silencio», indica el texto.

El artículo 8 aborda lo que describe como abuso de autoridad por parte de un padre o abuelo que actúa como tutor. Afirma que si un padre o abuelo casa a una hija o nieta menor de edad «sin actuar con compasión o de manera apropiada hacia ella», la joven podrá, al alcanzar la pubertad, solicitar la anulación del matrimonio ante los tribunales.

El mismo artículo establece además que si un padre o un abuelo «es conocido por su conducta inmoral o abuso de autoridad» y casa a una niña con una «persona no compatible» o le impone una «dote manifiestamente injusta», entonces el matrimonio no se considerará válido.

Desde la toma de Kabul en agosto de 2021, los talibanes han impuesto leyes y códigos que subyugan a las mujeres a sus esposos y familiares, confinándolas cada vez más a sus hogares, en violación de los derechos humanos.

En enero, los gobernantes de facto en Afganistán aprobaron un código judicial que clasifica a la sociedad en cuatro categorías y establece castigos diferenciados según el estatus social del acusado, reservando las penas de prisión y latigazos para las clases bajas y simples «advertencias» para la élite y los clérigos.