Las autoridades chinas están aumentando la presión sobre las comunidades católicas para que se unan a la iglesia controlada por el Estado, bajo restricciones ideológicas y administrativas más estrictas.

El 15 de abril, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe según el cual el gobierno chino ha intensificado las medidas contra las comunidades católicas en todo el país, reforzando la vigilancia ideológica, los sistemas de vigilancia y las restricciones administrativas. El gobierno tiene como objetivo principal a los católicos clandestinos que se niegan a unirse a la Asociación Patriótica Católica China, controlada por el Estado, en el contexto del acuerdo provisional de 2018 entre la Santa Sede y Pekín sobre el nombramiento de obispos.

“Tras una década de la campaña de sinización de Xi Jinping y casi ocho años desde el acuerdo entre la Santa Sede y China de 2018, los católicos en China se enfrentan a una represión cada vez mayor que viola sus libertades religiosas”, declaró Yalkun Uluyol, investigador sobre China de Human Rights Watch.

Según Human Rights Watch (HRW), las autoridades chinas han intensificado sus esfuerzos para obligar a las comunidades católicas clandestinas a afiliarse a la estructura eclesiástica oficial. Esta presión ha incluido, según informes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y arresto domiciliario prolongado de clérigos que se resisten a acatar las órdenes. La organización basó sus conclusiones en entrevistas con nueve personas con conocimiento directo de la vida católica en China, así como en consultas con expertos y análisis de documentos oficiales y medios estatales.

Contrariamente a las declaraciones oficiales de la Santa Sede, el informe sostiene que el «acuerdo de 2018 entre la Santa Sede y China sobre obispos ha ayudado al gobierno chino a presionar a las comunidades católicas clandestinas para que se unan a la iglesia oficial [controlada por el Estado]».

Por este motivo, Uluyol cree que «el Papa León XIV debería revisar urgentemente el acuerdo y presionar a Pekín para que ponga fin a la persecución y la intimidación de las iglesias clandestinas, el clero y los fieles».

Es significativo que el informe señale que se envió “un resumen de sus conclusiones” no solo al gobierno chino, sino también a la Santa Sede, con una solicitud de comentarios; sin embargo, “[ninguno de los dos ha respondido]”.

Oficialmente, el contenido del acuerdo secreto entre la Santa Sede y Pekín —firmado por primera vez en 2018 bajo el pontificado del Papa Francisco, con la participación constante de la Secretaría de Estado y el Cardenal Theodore McCarrick— nunca se ha hecho público. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en una especie de secreto a voces. Como señala el informe: «Según el acuerdo de 2018 entre la Santa Sede y China, Pekín propone candidatos a obispo que el Papa puede vetar, aunque el texto completo del acuerdo nunca se ha hecho público. El acuerdo se ha renovado tres veces y ahora es válido hasta octubre de 2028».

Sin embargo, lo más llamativo es otro punto: según fuentes de Human Rights Watch, «ningún papa ha ejercido su veto, incluso después de que el gobierno chino violara sus términos al nombrar unilateralmente obispos. El papa León XIV, en el cargo desde mayo de 2025, también aprobó los cinco nombramientos de Pekín».

“Las personas entrevistadas dijeron que el acuerdo de 2018 proporcionó una estructura general para que las autoridades presionaran a los católicos clandestinos”, señala el informe, y añade:

Esto no les dejó otra opción que unirse a la iglesia oficial, dijo una persona cuya iglesia fue demolida, su cruz retirada y sus miembros amenazados y arrestados. Otra persona dijo que el acuerdo ha demostrado ser un arma inteligente para destruir legalmente las iglesias clandestinas, ya que obispos clandestinos de alto rango, perseguidos durante años, han muerto o han sido reemplazados por obispos designados oficialmente. Algunos católicos clandestinos dijeron sentirse traicionados por el Vaticano… Sienten que el Vaticano también los persigue.

Arrestaron a sacerdotes y obispos de las iglesias clandestinas y les dijeron: “El Vaticano les ha ordenado unirse a la Asociación Patriótica”.

Mientras el gobierno chino persigue a los obispos que considera disidentes, el Vaticano guarda silencio públicamente. Según el informe, dos obispos perseguidos —Joseph Zhang Weizhu y Melchior Shi Hongzhen— han sido persuadidos para unirse a la Iglesia oficial. Otros dos —Agustín Cui Tai y Thaddeus Ma Daqin— permanecen detenidos en China hasta el día de hoy. Aún más preocupante es el destino de otros dos obispos, James Su Zhimin y Xin Wenzhi, que siguen desaparecidos. Su Zhimin tendría ahora 94 años.

En septiembre de 2025, las autoridades chinas introdujeron un Código de Conducta en Línea para Profesionales Religiosos, que prohíbe el contenido religioso no autorizado y restringe drásticamente el acceso público a las enseñanzas no controladas por el Estado. En los últimos años, el gobierno chino también ha intensificado la vigilancia sobre las iglesias católicas oficiales, instalando cámaras en algunos edificios para monitorear sus actividades.

Además, “en los últimos años, las autoridades chinas han clausurado orfanatos [católicos] y centros para niños con discapacidades en todo el país… según se informa, los niños de las instituciones cerradas fueron trasladados a instituciones estatales”.

La sinización es la campaña política e ideológica promovida por el gobierno comunista chino bajo el mando de Xi Jinping, que exige que las religiones aprobadas por el Estado (budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islam) se adapten a la cultura centrada en la etnia Han y a la ideología postmaoísta del partido gobernante.

En 2018, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, describió la sinización como «potencialmente compatible con la inculturación del cristianismo», es decir, el proceso de incorporar la religión en la cultura local.

En febrero de 2026, el gobierno chino condenó a Jimmy Lai , el empresario católico ampliamente reconocido como un símbolo internacional de la libertad de prensa, a 20 años de prisión en virtud de la tristemente célebre Ley de Seguridad Nacional. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el caso, el Papa León XIV respondió : «No puedo hacer comentarios al respecto». Una postura que parece contrastar con sus afirmaciones de independencia de la política global durante una disputa pública con el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos días.