El acuerdo programático que el Partido Popular y Vox firmaron esta semana en Extremadura para volver a gobernar juntos, tras dos años de ruptura, sigue dando de qué hablar. Entre otras cosas, porque cada partido hace una interpretación distinta de algunas de las medidas que vienen recogidas en el documento.

Sobre todo, en lo que a la inmigración ilegal respecta. El texto está atravesado de principio a fin por el concepto de “prioridad nacional”. Una figura retórica que, hoy por hoy, no es posible llevar a la práctica porque contraviene la propia Constitución Española y varias leyes estatales. Los propios populares reconocen que “prioridad nacional” es una concesión literaria a Vox para referirse a un requisito de arraigo para acceder a determinadas prestaciones.

Pero no es el único apartado que genera confusión. En el acuerdo, los dos partidos se comprometen a cerrarle el grifo a las “ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. En concreto, reza la iniciativa: “Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”.

De ahora en adelante, pues, “la Junta de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”. La redacción de la propuesta da a entender que, sin ir más lejos, la propia Cáritas Diocesana, principal entidad social de la Iglesia Católica, no recibirá más recursos públicos del gobierno extremeño.

Un paso más en la cruzada que mantiene Vox contra la Iglesia Católica por su discurso sobre la inmigración ilegal y las acciones que lleva a cabo en auxilio de los inmigrantes que llegan a nuestro país. Sin embargo, el PP es rotundo: “No dejaremos a Cáritas sin ayudas”.

Según los mandos populares, no hay una ponderación exacta para concluir que Cáritas actúa como cooperador necesario de “las mafias de tráfico de personas”, el matiz del texto al que se aferran para tranquilizar a la Iglesia.

Este domingo, en una entrevista en El País, dos dirigentes de Vox que han participado en las negociaciones abren la puerta a excluir a Cáritas, y otras entidades de la Iglesia, de las subvenciones públicas. Aunque, a la pregunta sobre el futuro de los convenios entre la Junta y Cáritas y si se van a romper, eluden responder con claridad: “Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la migración masiva”.