La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha practicado registros en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) en una investigación sobre el contrato que Francisco Salazar, exdirigente socialista y asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo con esta administración local tras una denuncia presentada por Vox.

Salazar, quien fue hombre de plena confianza de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE, pasó el pasado julio -tras informaciones sobre denuncias de acoso- de estar a punto de acumular a sus responsabilidades la de adjunto a la Secretaría de Organización socialista a ser apartado de sus cargos tanto en Ferraz como en Moncloa.

Según ha adelantado este martes ABC y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la investigación, los agentes de la UCO han practicado registros en el consistorio sevillano de Dos Hermanas para buscar los contratos y documentación sobre la relación laboral de Salazar en la etapa de Francisco Toscano como alcalde, concretamente entre 2012 y 2017.

Esta actuación se enmarca en la investigación que se sigue por parte de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, que ordenó este pasado verano a la Guardia Civil abrir una investigación sobre el contrato que Salazar mantuvo con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la actuación del exregidor Francisco Toscano.

En un auto con fecha del 29 de julio, al que tuvo acceso EFE, la magistrada María del Valle Rivera ordenó abrir diligencias previas y oficiar al instituto armado a recabar del Ayuntamiento los documentos que resulten procedentes, pudiendo interrogar a los denunciados y testigos.

Según la denuncia presentada por Vox, entre 2012 y 2017, siendo alcalde Toscano, Salazar habría sido contratado percibiendo un salario mensual de 2.000 euros sin asistir a su puesto de trabajo, al encontrarse, supuestamente, trabajando en esas fechas en la sede del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.

Vox había subrayado en su denuncia que Salazar, que dejó a principios de julio sus cargos en el PSOE federal y en Moncloa por acusaciones por parte de varias mujeres de “comportamientos inadecuados”, estaba contratado como empleado público en calidad de técnico municipal desde el año 2012. Según el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, dicha contratación se produjo en el mandato del anterior alcalde, Francisco Toscano, “a sabiendas de que Salazar no iba a trabajar para el Ayuntamiento de Dos Hermanas”.

Vox apuntaba en la denuncia contra ambos que en estos comportamientos se da la posible existencia de varias infracciones penales, entre ellas los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.