Ignacio Andrade.- La DANA que azotó el sureste peninsular español hace un año volvió a poner a prueba la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para anticiparse y responder ante emergencias climáticas. Tras días de lluvias torrenciales, viviendas anegadas y carreteras cortadas, el sentimiento entre muchos afectados es claro: el Estado llega tarde y mal.. No se trata de una percepción subjetiva: los hechos muestran una gestión reactiva, más centrada en la comunicación política que en la prevención efectiva.

No fue la primera vez que ocurría. La Agencia Estatal de Meteorología había alertado con días de antelación sobre el riesgo de lluvias intensas y acumulaciones excepcionales. Aun así, la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios fue deficiente. Algunos servicios de emergencia denunciaron la falta de refuerzos y de medios materiales, mientras vecinos de zonas inundadas tuvieron que improvisar rescates y proteger sus casas con sus propios recursos.

No es falta de información, sino de previsión. España dispone de protocolos y planes de emergencia, pero cada episodio extremo parece sorprender como si fuera el primero. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a responder con una mezcla de lentitud, descoordinación y discurso político.

El despliegue de ayudas y la presencia del Gobierno en las zonas afectadas llegaron cuando la indignación ya era evidente.

Las promesas de “no dejar a nadie atrás” se convirtieron en una fórmula retórica, repetida en cada crisis y cada desastre natural, pero sin traducirse en mecanismos ágiles de compensación. Las ayudas extraordinarias se anunciaron con titulares impactantes, pero su tramitación fue farragosa y su llegada, en muchos casos, tardía o incompleta. Muchos damnificados de catástrofes anteriores aún esperan compensaciones. Prometer “no dejar a nadie atrás” pierde valor cuando la realidad muestra lo contrario. Prometer “no dejar a nadie atrás” pierde valor cuando la realidad muestra lo contrario.

Mientras tanto, la prioridad comunicativa del Ejecutivo consistió en controlar el relato, no la de atender las urgencias materiales. Las comparecencias públicas se centraron en mostrar empatía y compromiso, pero sin ofrecer explicaciones claras sobre por qué los protocolos de emergencia fallaron en puntos críticos o por qué no se activaron recursos militares con mayor rapidez.

Cuando las aguas ya habían arrasado barrios enteros y las imágenes de la devastación copaban los informativos, llegó la reacción institucional. Las visitas de altos cargos y las declaraciones de solidaridad no compensan los días de desamparo. El Ejecutivo volvió a poner el acento en el mensaje político, no en la eficacia de la respuesta.

Una política que repite errores

El patrón es preocupante. Falta de coordinación, lentitud en las ayudas, exceso de retórica y ausencia de planificación preventiva.

Nadie puede detener una DANA. Pero sí se puede evitar que su impacto sea tan devastador. Lo que falla no es la naturaleza, sino la respuesta humana.
El Gobierno tenís la obligación de liderar una política de prevención, no de propaganda. De actuar antes, no sólo después. De poner la gestión técnica por delante del cálculo mediático.

Cada día de retraso en la planificación fur un día más de vulnerabilidad para miles de ciudadanos que, cuando llegó la tormenta, siguieron sintiéndose solos.

En lugar de consolidar un modelo de respuesta moderna, integrada y previsible, el Gobierno optó por la gestión mediática del desastre: visitas, declaraciones y promesas que se diluyeron cuando las cámaras se apagaron.

Ningún gobierno puede controlar la naturaleza, pero sí puede prepararse mejor para mitigar sus efectos. Lo que se le exige al Ejecutivo no es omnipotencia, sino responsabilidad y previsión. La reiteración de los mismos errores —falta de coordinación, lentitud en las ayudas, comunicación política por encima de la técnica— demuestra una preocupante desconexión con la realidad del país.

La DANA ha sido, una vez más, un espejo incómodo. Lo que refleja no es sólo el poder devastador de la naturaleza, sino la fragilidad de un gobierno que aún no ha aprendido a proteger eficazmente a sus ciudadanos cuando más lo necesitan.