Estanislao de Kostka.- La gestión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska alcanza cotas inadmisibles de negligencia y desprecio hacia los profesionales que arriesgan su vida por la seguridad del Estado. Los últimos episodios en la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla no son más que la confirmación de un patrón sistemático de maltrato institucional que exige su dimisión inmediata. ¡Quién te ha visto Sr. Juez y quien te ve, vasallo de la ilegalidad sanchista y del maltrato policial, con palmaditas en la espalda a los filo terroristas y a los narcotraficantes que rondan Andalucía!

Los agentes de la Policía Nacional desplegados en Sevilla para garantizar la seguridad de la cumbre de la ONU han sido sometidos a condiciones infrahumanas que constituyen una humillación profesional sin precedentes. De comida tomates con moho y sándwiches con poco más que unas hojas de lechuga pasada, para quienes arriesgan su integridad física por el Estado y por los ciudadanos.

No es un caso aislado. El viernes anterior, estos mismos agentes recibieron como almuerzo tres empanadillas fritas, garbanzos y una fruta. La cena del jueves consistió en un simple sándwich y patatas impresentables. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado públicamente que la comida es “claramente insuficiente” y “de pésima calidad”.

Como denuncia Aarón Rivero, secretario general de JUPOL: “No se puede exigir profesionalidad, sacrificio y compromiso sin garantizar lo más básico: una alimentación adecuada para poder desempeñar la labor con garantías”. Esta situación contrasta obscenamente con las palabras de Pedro Sánchez quejándose de que “son las cinco y no he comido”, mientras sus propios agentes pasan hambre protegiendo eventos internacionales.

El maltrato no se limita a la alimentación. Los agentes destinados a la cumbre de Sevilla se han visto obligados a adelantar unos 1.000 euros de su bolsillo para cubrir su manutención, debido a la falta de efectivo en las cajas pagadoras del Ministerio. Muchos agentes no pueden permitirse este gasto y recurren “a la caridad de familiares” para afrontar el coste de hotel y comida.

Las dietas, que no se han actualizado en 23 años, son irrisorias: 48,92 euros por alojamiento y 28,21 por manutención diaria. Con estas cantidades, los policías deben encontrar alojamiento por poco más de 40 euros la noche, “algo absolutamente inviable”, según denuncia JUPOL. Algunos agentes llevan más de cuatro meses sin cobrar las dietas de las comisiones de servicio.

El maltrato sistemático de Marlaska a las fuerzas de seguridad tiene precedentes igual de bochornosos. Durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, 431 policías y guardias civiles resultaron heridos defendiendo la legalidad constitucional. Estos héroes fueron posteriormente hacinados durante casi dos meses en barcos en condiciones indignas.

El conocido como “barco Piolín” (Moby Dada), alojó a 800 agentes desde septiembre de 2017. Los policías denunciaron “atascos diarios de los váteres”, “luces que no encienden”, una tripulación que “no limpia las habitaciones nada más que una vez a la semana”, y la “falta de los mínimos servicios”. La comida era deplorable: “pasta y pescado cada día” y en Nochebuena les sirvieron “espaguetis con un mejillón”.

Como declararon los propios agentes: “Esto está bien para dos días, que es para lo que está pensado, pero no para pasar semanas”. El maltrato fue tal que los sindicatos pidieron que cuando se iniciaran los relevos se empezara por los alojados en ese barco.

Los sindicatos policiales denuncian sistemáticamente el “abandono institucional” que sufre la Policía Nacional. En mayo de 2025, guardias civiles y policías se manifestaron en Lugo contra “el abandono” que padecen “tanto en medios humanos como materiales por parte del Ministerio del Interior”.

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada critica la “alarmante escasez” de recursos en el Ministerio, que ha provocado que los candidatos esperen “casi un año” para recibir su Tarjeta de Identidad Profesional. Solo existe un servicio centralizado en Madrid con “una única máquina para la expedición de carnets”.

JUPOL ha declarado conflicto colectivo denunciando diferencias retributivas de más de 7.400 euros anuales respecto a las policías autonómicas. Mientras las policías autonómicas pueden jubilarse a los 59 años “en condiciones dignas”, los policías nacionales no tienen reconocida esta posibilidad.

El sindicato CEP ha pedido directamente la dimisión de Marlaska por los “constantes desprecios” y por tratar a los policías con “desprecio”, llevando 14 meses en conflicto colectivo.

Los agentes que resultaron heridos defendiendo la legalidad constitucional el 1 de octubre han expresado públicamente su indignación por el trato recibido. De los 431 agentes heridos, solo 10 causaron baja médica, evidenciando que muchos agentes trabajaron heridos sin el reconocimiento debido.

Estos profesionales, que arriesgaron su integridad física por España, fueron posteriormente hacinados en barcos como el referido “Piolín”, donde vivieron en condiciones tercermundistas. Sus declaraciones posteriores han sido un grito desesperado contra el abandono institucional que padecen.

La gestión de Marlaska ha sido reprobada en tres ocasiones por el Parlamento. En febrero de 2024, el Congreso le censuró por su gestión en la lucha contra el narcotráfico tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate. Un año antes, fue reprobado por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla. Incluso los socios parlamentarios del Gobierno han votado en su contra o se han abstenido, evidenciando que el descrédito de Marlaska trasciende las líneas partidistas.

En octubre de 2024, el agente Iván Fuentes se dirigió directamente a Marlaska en un acto público en Sevilla, criticando duramente la gestión ministerial: “No quieren acabar con el mal y sí destrozar el bien” y reclamó: “Por favor, ministro, una ley fuerte que proteja el bien y estruje del cuello al mal, y no al revés”.

Fuentes denunció públicamente que “intentan arrancarle la vocación” a los policías cuando “más bien se idea la forma de quitarnos más autoridad todavía para dársela al criminal”.

En mayo de 2025, Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad y número dos de Marlaska, presentó su dimisión “por motivos personales”. Fuentes del entorno aseguran que había “perdido funciones reales” en el Ministerio y que la situación entre ambos era “insostenible”. Su marcha deja “un buen roto” en el Ministerio del Interior.

Fernando Grande-Marlaska ha convertido el Ministerio del Interior en un símbolo del desprecio institucional hacia quienes arriesgan su vida por España. Desde la comida en descomposición servida en Sevilla hasta el hacinamiento en barcos como el “Piolín”, pasando por las dietas congeladas durante 23 años y las reprobaciones parlamentarias, su gestión es un catálogo de negligencias inadmisibles.

Los policías heridos el 1 de octubre defendiendo la Constitución, posteriormente humillados en barcos inmundos, son el símbolo del maltrato sistemático de este ministro. Su dimisión no es solo necesaria: es una cuestión de dignidad institucional y respeto hacia quienes protegen el Estado de Derecho. Como denuncian los propios agentes: “La dignidad de los policías no puede seguir pisoteándose impunemente”. Es hora de que Marlaska asuma su responsabilidad y abandone un cargo que ha gestionado con desprecio hacia los servidores públicos que velan por nuestra seguridad, y es hora de que los españoles de bien gritemos Viva la Policía y Marlaska Dimisión.

*Abogado jefe de AD y politólogo