No cabe reclamar a los Esteban de turno una responsabilidad que recae fundamentalmente en el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y en los miembros de un Gabinete que se han limitado a obedecer consignas de partido.

No es cuestión de glosar el ejercicio de máxima incoherencia que preside toda la actuación del bloque gubernamental, desde el PSOE al PNV, porque, entre otras cosas, no conduce más que a la melancolía, pero sí creemos necesario trasladar la convicción de que el empecinamiento del presidente del Gobierno en mantenerse en el cargo sólo puede acarrear perjuicios al conjunto de la sociedad española, porque no se puede gobernar una Nación desde un búnker, mucho más si tus socios de investidura, de quienes depende directamente y uno por uno la continuidad del Ejecutivo, defienden intereses propios, que no coinciden en su inmensa mayoría con los del conjunto de la población.

Y, por supuesto, no es cuestión tampoco de reprochar a unas formaciones nacionalistas que, sumadas todas, no llegan ni al 7 por ciento de los votos en unas elecciones generales que se aprovechen de una situación política sobrevenida por la estallido de la corrupción socialista, porque no cabe reclamar a los Esteban de turno una responsabilidad que recae fundamentalmente en el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y en los miembros de un Gabinete que se han limitado a obedecer consignas de partido y a defender posiciones que rayaban en la estulticia.

Que este Gobierno, al que le cerca un panorama judicial y mediático muy complicado y de horizontes dilatados en el tiempo y en el espacio –cada vez surgen noticias que implican a más territorios contaminados por las extorsiones y las mordidas de quienes conformaron la plana mayor del partido socialista– pretenda llevar a cabo reformas legislativas de hondo calado, como las leyes orgánicas del Poder Judicial, amparándose en una mayoría inevitablemente convertida en cómplice de la corrupción, supone algo más que una osadía; es un desprecio a los principios de la decencia que deben fundamentar el gobierno de una democracia, que no consiste sólo en contar los votos.

Por otra parte, es difícil comprender qué pretende ganar el inquilino de La Moncloa encerrándose con los suyos mientras la opinión pública descubre, entre el asombro y el asco, conductas que harían enrojecer a cualquier persona con un poco de dignidad y sentido del pudor y que están estrechamente vinculadas a quienes han llevado las riendas del partido gobernante y han sido los más estrechos colaboradores del líder, al que debían sus nombramientos y, por lo tanto, el acceso a unas ventajas económicas públicas que, por lo que vamos conociendo, no les bastaban para cubrir sus gastos «extraordinarios», como confesó uno de ellos al reconocer que se había «pulido» 470.000 euros en dos años.

Que con ese tren de vida y teniendo bajo mano a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía General del Estado nos diga Sánchez que no sabía nada de nada, entra en el campo del cinismo más pedestre.