La Delegación del Gobierno en Madrid ha dictado en el día de hoy resolución por la que se prohíbe la concentración convocada por la Asociación Núcleo Nacional para el próximo 7 de junio frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Esta decisión responde “a la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de los menores acogidos en el centro, en aplicación del principio del interés superior del menor. Prioriza, por tanto, la protección de los menores residentes y tutelados en dicho centro ante el hostigamiento y el odio de los ultras”, así se han expresado desde el organismo público que encabeza Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, vecinos de Parque de las Avenidas llevan días denunciando la apertura de un hostal de acogida de inmigrantes sobre el que hay serias dudas de legalidad.

“La concentración comunicada se apoyaba en mensajes y lemas de carácter xenófobo y excluyente, dirigidos específicamente contra los menores residentes, entre ellos menores extranjeros no acompañados. Los informes recabados advierten del riesgo de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio” aseguran desde la Delegación.

“Cabe recordar los incidentes provocados por los convocantes, Núcleo Nacional, además de sus discursos amenazantes, de odio y cargados de racismo hacia estos menores. Asimismo, se considera que el lugar elegido –las inmediaciones del centro, que constituye el domicilio habitual de los menores– vulneraría su derecho a la intimidad y a un entorno seguro, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La Delegación del Gobierno recuerda que el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables, ni que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas” apunta la nota de Prensa.

“La legislación permite prohibir una manifestación si se estima de forma razonada que concurren indicios de que pueda ser constitutiva de delito o generadora de alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes. La protección de los derechos de la infancia y la prevención de todo tipo de violencia son una obligación prioritaria de los poderes públicos” finaliza la comunicación de la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez.