Estos casi siete años de sanchismo nos han demostrado hasta dónde se puede llegar cuando se carece de principios y escrúpulos. Entonces, el poder absoluto levanta todas las barreras morales y los códigos y convenciones del buen gobierno y de la ética democrática se evaporan. La sensación de impunidad da paso a la barra libre y es a partir de ese instante cuando se asienta el caldo de cultivo en el que las conductas y los desempeños entre denostables, reprobables y repudiables se naturalizan y se justifican.

El triple salto mortal con tirabuzón se convierte en una vulgar voltereta. Y así ocurre que un secretario general imputado se cuela por la gatera en una asamblea regional después de que una diputada dimita y los cuatro candidatos que lo precedían en la lista electoral renuncien a ocupar el escaño al que tenían derecho para que el jefe en dificultades se parapete en el fuero parlamentario.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, es el protagonista. El propósito consiste en escapar de las manos de la Audiencia Provincial de Badajoz y que su caso pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura antes de que se abra el juicio oral para responder por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el «caso hermanísimo», la contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente, como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz. Como es práctica común en este socialismo de autoría presidencial, Gallardo se ha desmentido a sí mismo.

«Yo no tengo que salir corriendo para aforarme…». Sus palabras fueron el presagio y el anuncio de cuáles eran sus intenciones reales, precisamente desdecirse y mentir a los extremeños. También Sánchez compartía ese criterio contra los privilegios jurídicos de los políticos e incluso anunció que los eliminaría. Nos engañó una vez más. La cacicada de Gallardo, con las bendiciones de Moncloa –más allá de que se haya enredado ahora con la polémica sobre la futura colocación de la sacrificada diputada María de la Cruz Rodríguez como subdelegada del Gobierno–, constituye la enésima prueba de la práctica obstruccionista y evasiva de la acción de la justicia reincidente en todos los sanchistas investigados por los tribunales.

Este episodio nos sirve de epítome de la decadencia y la degradación de un grupo de políticos socialistas que comparten que el fin, que es el poder, justifica cualquier medio, sin que la vergüenza, en unos casos, la decencia, en otros, y la honestidad, en la mayoría, los condicione ni los perturbe en su periplo por la vida pública. Gallardo es un peón más del sanchismo, como la Fiscalía o la Abogacía del Estado, en este caso para que la causa contra el hermano del presidente decaiga. Esperamos que no sea así y que lo que resta de democracia resista para preservar que nadie pueda estar por encima de la Ley.