Durante la pandemia todos vivimos como las democracias occidentales impusieron restricciones sanitarias que coartaron muchas de nuestras libertades fundamentales: confinamientos sin sentido, toques de queda, abuso de poder por parte de funcionarios sin ningún tipo de autoridad oficial, distanciamiento social, separación de familias, coerción física y psicológica durante las famosas campañas de vacunación, extralimitación de los gobiernospara controlar la información que circulaba en las redes sociales, y luego de esta terapia de shock, el colmo, la impresión de que una gran parte de la sociedad se encontraba subordinada a estas medidas por las que nadie había votado, pero que inevitablemente controlaban todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

Subordinados a esta maquinaria sanitaria e ideológica, y a la imposición de una”nueva normalidad”, parecía que los burócratas y los medios mainstream reescribían la Historiapara alinearla con la propaganda de algún Partido de orden global, tal y como lo hacía Winston Smith para el Ministerio de la Verdad, en la famosa obra de George Orwell, 1984.

Después de la pandemia y como corolario de esta distopía autoritaria, en la que la sociedad se vigila a sí misma, en el Reino Unido se ha casi duplicado el número de arrestos y condenas por supuestos “delitos de pensamiento” en las redes sociales.

El Online Safety Act: una extralimitación que incluye nuevos delitos penales online
En octubre de 2023, el Reino Unido adoptó el Online Safesty Act (OSA), una ley que en principio buscaba proteger a los menores de edad, regulando el contenido online.

Esta ley se aplica a diversos servicios en línea, tales como motores de búsqueda, redes sociales, chats, foros, juegos y citas online. Asimismo, se ha instaurado un órgano independiente, Ofcom, encargado de supervisar de manera rigurosa un marco de gestión de riesgos.

La ley impone la obligación a los proveedores de servicios online de facilitar la denuncia de contenidos explícitos, pero también incluye una insólita lista de nuevos delitos penales que incluyen: comunicaciones falsas, amenazantes, envío o visualización de imágenes parpadeantes (trolling de epilepsia), envío de imágenes obscenas (ciberflashing) y de imágenes íntimas en línea.

En un principio, la violación del OSA implica grandes repercusiones económicas para las compañías de telecomunicaciones, tales como multas por $23 millones o del 10% de los ingresos anuales globales.

Asimismo, Ofcom dispone de una serie de herramientas para hacer cumplir la normativa, incluidas las investigaciones y la facultad de tomar decisiones sobre su cumplimiento. En algunos casos, los directivos de estas empresas pueden incurrir en responsabilidad penal por no garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información de Ofcom.

La insistencia en que las plataformas busquen y eliminen los contenidos considerados “problemáticos”, o de lo contrario se enfrentarán a las multas y sanciones de Ofcom, es una grave amenaza para la libertad de expresión.

Como si fuese poco, en 2024 se creó la nueva Ley de Medios en Reino Unido, ampliando el alcance de la antigua legislación a los servicios de streaming.

La cantidad de arrestos es alarmante

Las responsabilidades penales en materia de “delitos de pensamiento” no van solo dirigidas a los CEOs de las empresas de telecomunicaciones o proveedores de servicios online, sino que en muchos casos apuntan a ciudadanos particulares.

Según The Times, la policía del Reino Unido hace más de 30 arrestos al día, como consecuencia de “posts ofensivos” en las redes sociales.

Hoy en día, se realizan miles de detenciones por mensajes que generan “incomodidad”, “inconveniente”, o “ansiedad” por internet, teléfono o email, reportó el medio británico.

Datos de custodia obtenidos por The Times muestran que la policía está realizando unas 12.000 detenciones al año, no solo en virtud del OSA, sino también aplicando el artículo 127 de la Ley de Comunicaciones de 2003, y el artículo 1 de la Ley de Comunicaciones Maliciosas de 1988.

Estas leyes ilegalizan causar angustia al enviar mensajes “gravemente ofensivos” o compartir contenidos de carácter “indecente, obsceno o amenazador” en una red de comunicaciones electrónicas.

Según los datos obtenidos por el diario británico, en 2023, los agentes de 37 cuerpos policiales realizaron unos 12.183 arrestos, lo que implica un aumento de casi el 58% de las detenciones desde antes de la pandemia, cuando en el año2019, las autoridades registraron unas 7.734 detenciones.

Insólitos casos de detención por ‘comunicación malintencionada’

Algunos casos de arrestos y condenas por supuestos “delitos de pensamiento” han sacudido a la opinión pública y han disparado las alarmas sobre la represión digital en el Reino Unido.

Uno de los más recientes se remonta a enero, cuando Maxie Allen y Rosalid Levine, una pareja de Borehamwood, fue arrestada por seis funcionarios de la policía de Hertfordshire y puesta en una celda durante 8 horas, tras haberse disputado con el colegio de una de sus hijas.

Según reportó The Times, la pareja fue detenida en su hogar, frente a su niña de tres años,a raíz de una serie de correos electrónicos enviados a la escuela de su hija, en relación a la contratación de un nuevo director.

La casa fue allanada y la familia cuestionada por presunto acoso, comunicación maliciosa, y sospechas de causar molestias en propiedad escolar.

Los problemas comenzaron en mayo de 2024, cuando la familia cuestionó el proceso de contratación de un nuevo director para la escuela primaria Cowley Hill.

A raíz del correo electrónico, la presidente del consejo escolar envió una carta a los padres advirtiéndoles de los comentarios “incendiarios“en las redes sociales. Según reportó el Jewish Chronicle, la carta enviada a la familia afirmaba que no se toleraría ningún comportamiento que causara “discordia” en la comunidad escolar.

El presunto crimen de la familia Allen fue el de quejarse de esta carta por un grupo privado de WhatsApp.

Tras el intercambio de mensajes, se prohibió la entrada de la pareja en el recinto escolar y la institución optó por buscar la asesoría de la policía, considerando que el volumen de comunicaciones era “perturbador para el personal”.

Luego del traumático arresto y de 5 semanas de investigación, las autoridades concluyeron que el caso quedaba cerrado.

Otro caso que ha llamado la atención es el de Lucy Connolly, madre de familia y esposa de un concejal conservador, condenada a 31 meses de cárcel por “distribución de material con intención de incitar al odio racial“.

Luego de que en julio de 2024, un joven de origen ruandés asesinara a tres niñas, durante una clase de baile en Southport, al norte de Liverpool, Connolly publicó un mensaje en X, en el que pedía “deportaciones masivas ya” y que se le prendiera “fuego a los hoteles” en donde se alojan inmigrantes ilegales.

En el mismo mensaje la mujer dijo que se sentía “enferma de pensar lo que estas familias tienen que soportar“, después de haber perdido a sus hijas de una manera tan atroz.

Durante la sentencia y de manera insólita, a Connolly se le leyó la cantidad de interacciones que había tenido su tweet: “Su mensaje fue muy leído: fue visto 310.000 veces, con 940 retuits, 58 citas y 113 favoritos”.

También se le dijo : “Como todo el mundo sabe, algunas personas aprovecharon la tragedia para sembrar la división y el odio, a menudo a través de las redes sociales, causando que ciudades fueran desfiguradas por una violencia racista y sin sentido”.

La supuesta “violencia racista” y “sin sentido” a la que se refiere la sentencia de Connolly hace alusión a las protestas del verano de 2024, cuando la sociedad civil, cansada de los crímenes cometidos por grupos de inmigrantes ilegales, decidió salir a las calles en protesta por el asesinato de las tres niñas de Southport.

Durante estas manifestaciones, llamadas Enough is Enough, no solo hubo arrestos en las calles del Reino Unido, sino que también se detuvo a personas que fueron injustamente acusadas y condenadas, hasta a 38 meses de cárcel, por haber “incitado al odio” en las redes sociales, según un reporte de la BBC.

A raíz de esto, el primer ministro, Keir Starmer, declaró que las redes sociales “tienen la responsabilidad” de atajar la desinformación.

Políticos y personalidades denuncian la represión digital en Reino Unido

En la Conferencia de Seguridad de Munich, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, condenó las violaciones a la libertad de expresión en Europa, pero especialmente en el Reino Unido.

Asimismo, durante la reciente visita de Keir Starmer a Washington, Vance dijo que a pesar de la buena relación que existe con sus amigos del Reino Unido, ellos saben que hay “violaciones de la libertad de expresión” que no solo afectan a los británicos, señalando que lo que ellos hacen en su país depended de ellos, pero que “también afecta a compañías americanas y por extensión a los ciudadanos americanos“.

Por otra parte, Joe Rogan también se ha pronunciado al respecto. El podcaster dijo durante uno de sus episodios que lo que el Reino Unido se encontraba haciendo era una “terrible extralimitación del Gobierno“.

Hablando con Bob Gymlan, Rogan explicó que “la gente habla de la Rusia soviética, de lo mala que es Rusia en términos de represión de la policía del pensamiento y de represión de los malos tuits”, dijo. “Hay algo así como 4.000 personas que han sido detenidas en Inglaterra por ‘delitos de pensamiento‘ en los que han dicho cosas en línea que la gente considera como algo odioso o problemático”.

“El hecho de que se sientan cómodos encontrando a personas que han dicho algo con lo que no están de acuerdo y metiéndolas en una jaula de mier.. en Inglaterra, en 2024, es realmente salvaje“, concluyó Rogan.

Si volvemos cinco años atrás y pensamos en la narrativa que se nos quiso imponer durante la pandemia, es muy peligroso que un regulador del Estado exija la represión de determinadas formas de expresión online.

La deriva de estas regulaciones solo abre la puerta a un férreo autoritarismo y a la pérdida del sentido común.

La censura en Alemania también preocupa

Recientemente se han llevado a cabo docenas de redadas policiales en Alemania contra personas sospechosas de publicar contenido “problemático” en las redes.

Un vídeo de 60 Minutes muestra a fiscales diciendo que es un delito insultar a alguien en público o en línea. A los infractores a menudo se les confiscan sus dispositivos y a veces se les retienen permanentemente, y los reincidentes pueden enfrentarse a penas de cárcel.

La Ley de Cumplimiento de la Red en Alemania (NetzDG), que entró en vigor en 2017, es una de las más estrictas de Europa. Esta legislación impone a las compañías de Internet la obligación de eliminar el material considerado “ofensivo” en un plazo de 24 horas, y su incumplimiento implica multas de hasta 56 millones de dólares.