Juan Van-Halen.- A menudo permanecen en nuestra memoria acusaciones en procedimientos de telón político y se olvidan, o tienen escaso reflejo, causas archivadas o que desembocan en absoluciones. Ya me referí a algunos de estos casos. Así a las absoluciones o archivos de los diez procedimientos contra Camps —que produjeron 169 portadas de El País—, al fallo absolutorio de Ángel Acebes, a la absolución de Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante y, ya como homenaje, a la muerte de Rita Barberá, sola y cansada, que no llegó a conocer su absolución. En estos procedimientos se sumaban nuevas acusaciones ante fallos que no complacían a sus promotores. Los acusadores, adversarios políticos. La Justicia utilizada como arma. Su partido, el PP en los casos citados, no respondía con justicia ni objetividad. No rehabilitaba a los absueltos tras su calvario.

Se une a esa lista, una mínima muestra, el caso que afecta a una de las personalidades más significadas en una etapa política de España: Francisco Álvarez-Cascos, doctor ingeniero de Caminos. Comenzó de concejal, fue senador y diputado, vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y ministro de Fomento, además de secretario general del PP. En el PP hablaban del «general secretario». El ejercicio de sus responsabilidades le dio fama de eficaz, de recto y de no caer en trampas. Se entregó a las ideas en las que creyó desde mucho antes de crearse el PP; con el liderazgo de Fraga. No extrañó demasiado que, tras tantos servicios, abandonase su militancia en el PP; se sintió ninguneado e injustamente tratado. Y fundó Foro Asturias. Como candidato de este partido fue presidente del Principado tras las elecciones de 2011. Dimitió no muchos meses después.

Como en tantos casos, le traicionaron unos políticos bisoños pero ambiciosos. Pretendían utilizar a la Justicia para quitarse de en medio a Álvarez-Cascos. Acabó expulsado del Foro en 2020, y se inició un procedimiento judicial acusado de apropiación indebida por el partido que había fundado. Seguí el juicio oral en la prensa, reflejo, a veces, de intereses muy concretos o de empecinamientos sorprendentes. Se me escapa el motivo de ciertas informaciones de mi querido ABC y las cinco portadas que le dedicó. El final de un juicio nunca puede preverse. El periodismo ha cambiado mucho. En mis tiempos jóvenes estos asuntos se manejaban con guante de seda. Soy tan veterano que asistí al juicio del 23-F tras estar presente en el Congreso aquella tarde.

El resultado: la absolución de Álvarez-Cascos. La sentencia, muy clara, no admite dobles interpretaciones. Ni el acusado tenía firma en las cuentas, ni acceso directo a los fondos, ni los gastos estuvieron ocultos, y siempre siguieron el trámite normalizado. Algunas referencias de los magistrados a los testigos, producen sonrojo. Incluso se presentaron —y admitieron— supuestas pruebas inculpatorias sustraídas por persona ajena al procedimiento. Nueve cajas de escritos privados, documentos notariales, facturas, contratos… que llegaron a la Fiscalía de Asturias al parecer desde una fundación. Un robo.

Destaco —no precisamente por ejemplar— la actuación fiscal. García Ortiz, el hoy borrateléfonos, actuó de fiscal en el caso «Prestige» y no pudo encausar a ningún dirigente del Gobierno de Aznar, entre ellos a Álvarez-Cascos, ministro de Fomento, aunque lo intentó con ahínco. Pocos meses después de acceder García Ortiz a la Fiscalía General del Estado, el fiscal del caso de Álvarez-Cascos elevó la petición de pena de un año de prisión a tres años y medio, y de una indemnización de 7.000 euros a una de 180.000. La Fiscalía es jerárquica. ¿Casualidad? ¿Búsqueda de otra cortina de humo condenando a un político cuyo nombre, inevitablemente, se presentaría unido al PP? Repetía mi padrino de bautismo, suizo y sabio, que no creía en las casualidades. Su ahijado tampoco.

El de Álvarez-Cascos será otro caso de absolución destinado al olvido. Sánchez debe la Moncloa a una moción de censura desde una sentencia manipulada, como corrigió una instancia superior. El único partido español condenado, como tal, por corrupción es el PSOE. El diputado socialista que defendió la honestidad como objetivo esencial de la moción contra Rajoy fue Ábalos. Tal cual. Al menos en el caso de Álvarez-Cascos los manejos de la mediocridad rampante no lograron su objetivo. ¿Quién compensa al absuelto estos cinco años amargos y la repercusión en su vida, su familia y su salud? Judicialmente indemne, sí, pero hay más. Para reflexionar.