La realidad de la economía española, más allá de la imagen triunfalista que, machaconamente, trata de imponer a la opinión pública la propaganda de La Moncloa, es muy distinta a la real. Puede ser que el relato oficial sanchista sea percibido como cierto por un sector de la población, pero, desde luego, no será el que componen los jóvenes, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños inversores inmobiliarios, los empleados a tiempo parcial, obligados a desempeñar varios trabajos, en definitiva, esa gran parte de la clase media y trabajadora española que ha visto cómo la inflación devoraba su poder adquisitivo mientras la presión fiscal sobre sus rentas no dejaba de crecer.

Se dice pronto, pero la cesta de compra, la de los alimentos básicos, ha subido un 36 por ciento desde 2018 sin que el Gobierno haya desarrollado otra política que no sea la de acuñar eslóganes como el de «no dejar a nadie atrás». Nunca hubo tantos trabajadores con contratos a tiempo parcial y, prácticamente, nunca se trabajaron menos horas de media en España, 32,3, como en este último año de 2024. Así, parece un sarcasmo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretenda rebajar la jornada laboral cuando más de tres millones de empleados ni siquiera llegan a cumplir las horas fijadas por la actual legislación.

Desde el Gobierno social comunista se presume del crecimiento del PIB y de un mercado laboral no sólo dopado por la contratación pública –por cierto, con sueldos generalmente muy bajos y jornadas a tiempo parcial–, sino en el que se disfrazan las cifras del desempleo con los fijos-discontinuos, cercanos al millón, que no figuran como parados pese a estar inactivos y cobrar el subsidio de paro. Y aun así, tenemos los índices de desempleo más elevados de la OCDE y un paro juvenil de escándalo. Sí, las generaciones mejor preparadas de la historia de España tienen trabajos por debajo de su cualificación, no consiguen independizarse por los precios imposibles del alquiler o de la adquisición de una vivienda y desde el progresismo en el poder sólo se les ofrecen subsidios, paguitas y moratorias de sus responsabilidades contractuales.

Pero no importa, la escasez de vivienda se trata de combatir con medidas intervencionistas que siempre han resultado fallidas en el mercado inmobiliario y frente a la precarización del mercado laboral se arbitran nuevos impuestos y cotizaciones sociales, hasta conseguir que el esfuerzo fiscal de empresas y trabajadores sea el más alto de la OCDE. Hay que denunciarlo con fuerza, porque en los siete años que lleva al frente del Gobierno de la Nación Pedro Sánchez, lo único que va viento en popa y a toda vela en España es la recaudación de Hacienda, la nómina de asesores gubernamentales y la imparable deuda pública.