El inútil plan de Sánchez
Juan Ramón Rallo.- El mercado de la vivienda en España se ha visto sometido, durante los últimos años, a una presión constante desde el lado de la demanda: la formación de nuevos hogares ha aumentado a un ritmo muy superior al de la construcción de nueva vivienda. Cuando la demanda de un bien se expande y la oferta permanece estancada, el resultado es el encarecimiento de ese bien, en este caso, la vivienda. Esa es la razón principal por la que tanto los precios de compraventa como los del alquiler se han disparado a lo largo de la última década, restringiendo así su accesibilidad para los jóvenes que desean emanciparse.
Ante este desequilibrio, hay dos caminos posibles para abaratar la vivienda: reprimir la demanda o fomentar la oferta. Desde un punto de vista económico, la segunda vía es mucho más deseable que la primera, ya que el progreso social emana de aumentar la oferta de bienes y servicios, no de racionarlos. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha anunciado un paquete de medidas que, pese a su carácter «revolucionario», en la práctica no parecen encaminadas a impulsar la oferta de forma contundente.
Entre las medidas que prometen un ligero aumento de la oferta, encontramos la construcción de vivienda pública y la movilización de inmuebles de la Sareb: en total, la cifra de nuevos inmuebles apenas alcanzará los 50.000. Estas iniciativas, aunque teóricamente podrían traducirse en nuevos pisos asequibles, se antojan insuficientes si consideramos el volumen de viviendas necesario para cubrir el fuerte crecimiento del número de hogares en grandes urbes. Tampoco parece que vayan a ser la panacea los compromisos de un PERTE para abaratar la construcción modular o las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías: su capacidad para suministrar vivienda barata abundante a medio plazo es muy limitada.
En realidad, el plan descansa, en buena medida, sobre medidas dirigidas a reprimir la demanda de vivienda: desde gravar los pisos turísticos con un IVA más elevado que el de la hostelería hasta encarecer enormemente la compra de viviendas por extranjeros extracomunitarios. Estas políticas pueden deprimir moderadamente la demanda de vivienda por parte de ciertos agentes económicos (como turistas o inversores extranjeros), pero lo harán a costa de reducir la actividad económica dentro de nuestro país.
En suma, el plan de vivienda de Sánchez no solucionará el enorme desequilibrio entre oferta y demanda en España. Sin una estrategia clara para aumentar la construcción de nuevas viviendas de forma sostenida allí donde se las demanda, estos parches de nada servirán salvo para seguir dilapidando dinero público y desenfocando el núcleo real del problema. A fin de cuentas, la prosperidad no se alcanza limitando quién puede comprar o alquilar, sino posibilitando que la oferta de inmuebles crezca al ritmo de las necesidades de la sociedad.
El Debate