Susana Burgos.- Los barones del PP llevaban meses exigiendo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes y al final a Sánchez no le quedó más remedio que ceder. Otra cosa es que luego esté intentando llevar el agua a su molino. Se celebrará el viernes en Santander y en cuanto se hable de financiación, uno de los cuatro ejes sobre los que pivotará el cónclave, volverá a constatarse que el verdadero cohete de España se llama Comunidad de Madrid. Mal que les pese a tantos. Porque, siendo la región que más rebaja los impuestos, hace la mayor aportación a la caja común, lidera la creación de empleo, atrae más inversiones que el resto del país e impulsa la creación de empresas. El crecimiento a la madrileña deja en evidencia la evolución del conjunto de la economía, que desde 2019 se sustenta principalmente en el consumo público y la demanda exterior neta. Con el 54 % y el 26 % del total respectivamente, ambos parámetros se sitúan muy por delante del consumo privado y la inversión, lo que presagia que el espejismo se acabará desvaneciendo más pronto que tarde.

El modelo de Isabel Díaz Ayuso, que apuesta por la seguridad jurídica, la eliminación de trabas regulatorias y una baja fiscalidad, ha hecho que la Comunidad de Madrid represente ya el 19,4 % del PIB de España. Lidera el crecimiento nacional con una tasa del 3,3 % en 2023 y una previsión del 2,9 % para este año, cuatro décimas por encima de la media. Su desempleo se sitúa en el 10,1 % de la población activa frente al 12,4 % y es capitana indiscutible de la inversión extranjera. Acumulando cerca de 7.940 millones de euros, Madrid concentró en el primer semestre del año el 67,5 % del total nacional en contraste con la caída del 3,7 % en el conjunto de España. Si se pone el foco en la capital, únicamente Londres le hace sombra en el ranking de las ciudades europeas favoritas para invertir en 2025, según el último informe sobre tendencias de PwC y Urban Land Institute.

Pero, como es sabido, una de las aficiones favoritas en Ferraz y Moncloa es denostar continuamente la estrategia económica de Ayuso. No vaya a ser que los españoles se den cuenta de que la política del Gobierno central, basada en el intervencionismo, un gasto desmedido e impuestos confiscatorios, nos sale mucho más cara a todos y da peores resultados. Porque una cosa es que la OCDE vaticine que este año creceremos un 3 % frente al 0,8 % del bloque del euro, y otra que familias y empresas tengamos la percepción de que el esfuerzo fiscal que realizamos es un disparate. El Instituto Juan de Mariana calcula que se han aprobado en España 81 subidas de impuestos y cotizaciones desde que gobierna Pedro Sánchez. Y como no se han ajustado con la inflación además, el palo de Hacienda roza el 19 %.

El Ejecutivo de Ayuso, en cambio, ha vuelto a implementar este año nuevas medidas para reducir la carga tributaria de los madrileños. Entre ellas, la deflactación de la tarifa del IRPF en el tramo autonómico o la deducción de hasta el 20 % en ese mismo Impuesto sobre la Renta para los nuevos residentes que inviertan en la comunidad. Madrid se ha convertido en una región refugio para quienes quieren emprender o buscar un empleo. Y siguiendo esa filosofía, la consejera de Economía defendió el pasado jueves su Proyecto de Presupuestos para 2025, que prevé aprobar de forma definitiva antes de que acabe el año. Con una cifra récord de 28.662 millones de euros, destinan a gasto social casi 9 de cada 10 euros e incluyen inversiones como la Ciudad de la Justicia o la ampliación de la Línea 11 de Metro, entre otros proyectos de envergadura. Rocío Albert destacó que «en esto tampoco coincidimos con el Gobierno central, que no fue capaz de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que no las ha presentado tampoco para 2025 y que ni siquiera ha conseguido aprobar el techo de gasto y las reglas de estabilidad presupuestaria».

Las comparaciones son tan inevitables como odiosas, así que den por hecho que en la Conferencia de Presidentes volveremos a escuchar la cantinela del dumping fiscal en boca de los de siempre. Es su único argumento contra un modelo que fomenta la competitividad y el crecimiento al mismo tiempo que genera puestos de trabajo y aumenta la recaudación a través de la actividad económica.

El Debate