Encargadas de la auditoría que realizó el Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas en la pandemia han subrayado este jueves que la previsión de adquirir cuatro millones de unidades por parte de Puertos del Estado se elevó a ocho millones en “apenas 13 minutos” y sin más criterio “ni verbal ni por escrito” que el hecho de que la empresa Soluciones de Gestión, presunto epicentro de la trama, decía que suministraba esa cantidad “o nada”.

Como peritos en el juicio del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, han relatado que se sucedieron las conversaciones internas sobre que se iban a “comprar cuatro millones”, de la organización para ello y que el presunto conseguidor, al que el secretario general de Puertos “le remite esa orden”, estaba al tanto.

“Desde ese correo, apenas pasan trece minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo que ahora van a ser ocho millones”, han asegurado.

Las peritos han indicado que, de toda la documentación analizada y de todas las entrevistas realizadas para la auditoría interna, “nadie” les explicó por qué se cambió de criterio y que no consta “ni verbal ni por escrito”. “De hecho, me contestaron otra cosa: que se adaptó a lo que la empresa ofrecía porque o se suministraban los ocho millones o no se suministraba nada”, ha precisado una de ellas.

Además, han puesto el foco en que la oferta de Soluciones de Gestión se hizo el 20 de marzo de 2020 y contemplaba el suministro para pocos días después, cuando todavía no se había publicado la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y han añadido que, por lo tanto, era evidente que alguien estaba adelantando información a la empresa: “Que lo conocía sí está documentado. Cómo lo conocía, no lo sabemos”.

Preguntadas por la Fiscalía Anticorrupción, las peritos han ratificado el informe –encargado por el actual ministro, Óscar Puente– y la conclusión de que Koldo excedió sus atribuciones con “su intervención en diversos momentos”, como al poner sobre la mesa la oferta de Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. “Llama la atención también que sea un asesor y el hecho de que había un jefe de Gabinete en ese momento por encima de cualquiera de los asesores, no sólo de éste, el cual no aparece mucho en todo el proceso”, han abundado.

Por su parte, una perito propuesta por las defensas ha asegurado que hubo “falta de transparencia” en la auditoría de Transportes, entre ellas “una serie de documentos y de anexos” recogidos en la misma que “no estén anexados públicamente”.

También ha criticado que ella no pudo “verificar las razones por las cuales se han entrevistado a determinadas personas” y no a otras que fueron “relevantes o partícipes de primera mano”, así como si para las entrevistas “se han observado sus derechos fundamentales”.

La perito, que ha dicho que no valora “si está bien o está mal” la auditoría, ha sostenido que “contiene sesgos, apreciaciones subjetivas, recoge textos que son interpretativos y que eso les aparta de la metodología señalada”.

En respuesta, las auditoras del Ministerio de Transportes han rechazado que plasmaran “juicios de valor”, porque “cuando se introducen manifestaciones y se cita literalmente, no lo es”.