«Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho». La frase de Víctor de Aldama a las puertas de la cárcel de Soto de Real la noche del jueves no es solo un aviso -que sonó a amenaza- al presidente del Gobierno. En realidad, esas palabras responden también a una promesa firme que el empresario -que se juega volver a prisión en un corto espacio de tiempo- ha hecho a Anticorrupción dentro del «pacto global» para tirar de la manta en los dos sumarios en los que está imputado en la Audiencia Nacional (‘caso Koldo’ y ‘caso hidrocarburos’): apoyar su confesión con «pruebas fehacientes» que sirvan a Anticorrupción para avanzar en las pesquisas, afianzar las acusaciones contra los ya investigados y, llegado el caso, coadyuvar a formular nuevas imputaciones. Este viernes, tras dormir en libertad, el conseguidor insistió: «que el presidente siga diciendo lo que quiera decir».

Los muñidores del ‘convenio’ que el jueves desembocó en la excarcelación exprés del cerebro de la ‘trama Koldo’ (José Antonio Choclán, el letrado del encausado y especialista en pactos y acuerdos de conformidad, y el fiscal Luis Pastor, otro veterano en ententes con los acusados) dejaron claras las tres fases de este trato que permitió que De Aldama abandonara la cárcel 40 días después de que Santiago Pedraz le enviara a prisión y solo 8 horas después de tirar de la manta.

Según fuentes del caso, la primera, ya cumplida parcialmente, es declarar ante Ismael Moreno tantas veces como sea necesario para desentrañar toda la ‘trama corrupta’ con base en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos pero que apunta que pudo extenderse mucho más allá.

La segunda, declarar también de forma voluntaria ante Pedraz en el ‘caso hidrocarburos’, ante quien está acusado de unos delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude que superaría los 182 millones de euros. Y ayudar a las arcas públicas a recuperar ese dinero.

Y la tercera, entregar pruebas que respalden todas las acusaciones que realice o vaya a realizar en sus confesiones, particularmente sobre el cobro de comisiones. En este último punto, solo durante las dos horas y media que duró su declaración ante Ismael Moreno el conseguidor imputó haber cobrado o pedido sobornos al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (15.000 euros pagados en un bar frente a Ferraz); al expresidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres (reclamó una coima de 50.000 euros), Ábalos (250.000 euros) y Koldo García (100.000). El entorno del empresario dice que entregará los documentos sobre las mordidas en cuanto los «recopile y los ordene», incluida la parte más sensible y que no se desarrolló en el interrogatorio, la de «los cupos».

«Ya se explicará»

En el tema de Cerdán, De Aldama insinuó que ese dinero que pidió y se le pagó habría sido parte de una supuesta financiación ilegal del PSOE a través de «cupo». Afirmó que ese pago fue para «contentarle» porque «se lió muy grande» cuando la trama fue a una «licitación de una constructora», orillando el «cupo vasco». El fiscal Pastor, sabedor de la complejidad del melón que se abría, ya avisó al juez en la sesión del jueves que «lo de los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión».

El acuerdo entre Pastor y Choclan no establece un tiempo límite para entregar las pruebas, pero el plazo, advierte desde el Ministerio Público, es «breve». El fiscal anticorrupción, que es acusación pública en los dos sumarios, se ha dejado «los pelos en la gatera» para conseguir este acuerdo, sobre todo, forzando a Pedraz a dejar en libertad a De Aldama (al estar la pieza secreta no había más acusaciones que pidieran la prisión preventiva por lo que al juez solo cabía decretar la excarcelación aunque no estuviera de acuerdo).

Y es que Pedraz, por dos veces en el último mes y medio había rechazado poner al empresario en libertad por el elevado riesgo de fuga. Una decisión que el pasado 15 de noviembre había sido ratificada sin problemas por la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Tanto el instructor como la sala hace solo unos días se habían negado en redondo a la excarcelación, sobre todo porque los investigadores han identificado hasta la fecha transferencias al exterior por importe de 73.902.852 euros a Portugal, Colombia y China.