Manos Limpias ha pedido al juez que investiga su denuncia contra Begoña Gómez por un posible tráfico de influencias, que reclame a Presidencia del Gobierno “los números de teléfono que han estado a disposición” de la esposa de Pedro Sánchez, “así como los particulares”.

En un escrito remitido al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el colectivo de funcionarios insta al magistrado -cuya decisión de admitir la denuncia hizo que Pedro Sánchez abriese un periodo de cinco días para reflexionar sobre una dimisión que finalmente no se produjo- a que ordene examinar “la lista de llamadas” de esos teléfonos “para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí”, la SEPI, Air Europa y los empresarios Carlos Barrabés -a quien habría avalado por carta en adjudicaciones públicas que suman diez millones de euros-, Víctor de Aldama, el comisionista imputado en el “caso Koldo”, y el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, con quien se habría reunido mientras se sustanciaba el rescate a Air Europa, compañía bandera del grupo, con más de 600 millones de dinero público.

Además, solicita al juez que reclame “el listado de entidades privadas y públicas” con las que Begoña Gómez, que no está imputada por estos hechos, “ha tenido relación a través de IE África Center”, del que “es directora”.

En ese escrito, Miguel Bernad, replica a quienes critican que el magistrado haya abierto diligencias de investigación con base en una denuncia con meras informaciones periodísticas y recuerda que la “operación Nelson”, que le llevó a prisión y a ser condenado a cuatro años de prisión, aunque posteriormente fue absuelto por el Tribunal Supremo, “se inició por una denuncia anónima”.

“¿Acaso una denuncia anónima tiene más base?”

“¿Acaso una denuncia anónima tiene más base y fundamento para iniciar unas diligencias previas que una notitia criminis?”, se pregunta Bernad, que además hace hincapié en que “cuando desempeñó el puesto de fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo reiteradamente manifestó que toda notitia criminis debía ser objeto de una investigación”.

De hecho, Manos Limpias amplía su denuncia inicial con nuevas informaciones periodísticas, en este caso de El Debate, sobre supuestas subvenciones a entidades vinculadas a Gómez (G-100 y la consultora Inmark), “que no han sido desmentidas y de las que se deducen indicios sólidos de delito de tráfico de influencias de la denunciada”.

No se trata, enfatiza, de “recortes de prensa que se han cortado con una tijera y se han remitido al juzgado”, sino “hechos que tienen reflejo en medios de comunicación y que, si tienen apariencia de delito, deben ser denunciados, máxime ante la pasividad de un Ministerio Público que no cumple con su deber”, asegura en relación a la Fiscalía, que ya ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque la apertura de diligencias y ordene al juez que las archive ante la falta de indicios delictivos en los hechos que figuran en la denuncia.

Según la denuncia de Manos Limpias, la esposa de Pedro Sánchez avaló por carta a Barrabés, “consultor de su master”, en la adjudicación de tres contratos por valor de diez millones de euros entre 2020 y 2021. La denuncia señala también que Air Europa “pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de Begoña Gómez antes del rescate” de la compañía por 600 millones de euros. Del mismo modo, alude a supuestas reuniones con Aldama, uno de los principales comisionistas del “caso Koldo”, y con Javier Hidalgo en fechas coincidentes con ese rescate.

Querella de Hazte Oír

Hasta el juzgado de Peinado ha llegado también una querella de Hazte Oír por tráfico de influencias contra Begoña Gómez, que según la denuncia “se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades”, algo para lo que habría aprovechado su presencia como “miembro del sequito de acompañamiento del presidente del Gobierno en varios viajes oficiales”.

Según la asociación provida, “desde sus cargos y puestos laborales” supuestamente se habría ofrecido, “por la concurrencia entre sus relaciones personales y la concesión de ayudas”, para “influir ante su propio esposo, como presidente de Gobierno, para la concesión de subvenciones y ayudas públicas”.

“Lo más destacado es que el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó dos contratos al Grupo Barrabés, y en los expediente de adjudicación constaban dos cartas de recomendación/aval de Begoña Gómez”, señalaba la querella. En el primero, en julio de 2020 por 7,7 millones de euros, Barrabés resultó adjudicatario a través de una UTE (unión temporal de empresas) con la escuela de negocios The Valley. Llama la atención, según la asociación, que solo el primer lote suponía el 60% de la facturación anual de Barrabés en todo el ejercicio anterior.

El segundo contrato se adjudicó en agosto de 2021 por 4,4 millones de euros e incluía una “declaración de interés” de Begoña Gómez “firmada de su puño y letra” dirigida a la mesa de contratación. La UTE se impuso al resto de ofertas “por un ajustadísimo margen”, señalaba Hazte Oír, para la que “el peso de las cartas de apoyo en los expedientes de licitación fue valorado por la mesa de contratación en el apartado subjetivo de los concursos, con un peso del 40% de la puntuación final”.