El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la votación de la Ley de amnistía

Carles Puigdemont ya se ha puesto en fase electoral y le mueve el objetivo de convertir estos comicios en su «gran venganza» sobre ERC. En su círculo están filtrando que si alguien pensó que «esto era un juego, se equivocó de raíz» porque el ex presidente de la Generalitat va a ir a por todas en estos comicios y no los jugará en el terreno de la gestión de la Generalitat, sino «desde la altura del president en el exilio» que pretende regresar a Cataluña por la puerta grande y con todos los honores. Ese mantra de la reconciliación y de la normalización con el que el Gobierno intenta edulcorar la ley de amnistía saltará por los aires antes de que consiga echarlo a andar en la campaña catalana porque no tendrá la potencia necesaria para poner sordina a la línea política sobre la que sostendrá su actuación el todavía hoy ex presidente catalán en situación de prófugo de la Justicia española.

Muy difícil lo tiene el equipo de Moncloa para cortarle las alas a una campaña que Puigdemont pretende que gire sobre la expectativa de su regreso y sobre sus exigencias para rematar la amnistía con el referéndum.

Esto convierte en cierta forma a Sánchez en rehén del duelo a muerte, porque solo puede salir uno vivo, entre Puigdemont y Oriol Junqueras, aunque el candidato de Esquerra sea Pere Aragonès. Puigdemont hará una intensa campaña, aunque no pueda todavía pisar Cataluña hasta que se apruebe la ley de amnistía, y la hará sobre la base de que esta vez sí puede recuperar el control de la Generalitat si las urnas le sonríen, a diferencia de lo que sucedió en las elecciones de. 2017, cuando también se presentó y quedó segundo, por delante de ERC, pero los republicanos no le reconocieron esa victoria con la justificación de que no podía ser investido, y las de 2021, cuando quedó tercero, por detrás de los republicanos.

Ahora, cuentan los suyos, sale a «matar» para recuperar el control del espacio independentista, y la ley de amnistía es un apoyo fundamental porque ya está lo suficientemente encarrilada, más tarde o más temprano se hará realidad, para que su parroquia pueda considerar que es verosímil su discurso de que volverá a la Generalitat para terminar el trabajo no acabado con la declaración unilateral de independencia y el «procés». Puigdemont no hablara de unilateralidad, pero frente a la pancarta de la reconciliación del Gobierno él esgrimirá la exigencia de una consulta, del pacto fiscal y del reconocimiento nacional definitivo de Cataluña.

La vía de la gestión por la que apostó ERC no es una suma definitiva para los de Junqueras porque los agujeros en el balance son visibles, a pesar de que hayan adelantado las elecciones para tapar la sequía y el desgaste que generará este problema para quien esté al frente de la Generalitat en los próximos meses. Y quiera o no quiera, Aragonès se verá obligado a mover el balón en el terreno de juego que marque Puigdemont. Ya se está viendo en las primeras horas, en la rivalidad entre ERC y Junts por ver quién levanta con más fuerza la voz en la construcción de la Nación catalana, teniendo de apoyo una amnistía que el independentismo venderá en Cataluña como la prueba de que «el Estado represor» actuó de manera ilegal contra ellos y con el escudo que supone que, de volver a dar pasos imitando el «procés», ya hay un precedente, impulsado por el Gobierno de Sánchez, sobre la extinción de responsabilidades que puedan atribuirles las Fuerzas de Seguridad del Estado y los jueces. Habrá que ver si lo que dice ahora Junts sobre la disponibilidad de Puigdemont a romper con su cinturón de prudencia y regresar a Cataluña para defender los derechos de los catalanes como candidato a la Generalitat se corresponde con la realidad. Pero, más allá de sus mensajes cruzados y contradictorios, la realidad es que su vuelta, o al menos la amenaza de su regreso, es lo que más descoloca a ERC y lo que más fuerza da a la candidatura de Junts porque es una bala segura para movilizar al electorado independentista.

Una vez que la ley de amnistía se publique en el BOE, finales de mayo-principios de junio, el juez Llarena quedará obligado a levantar la medida cautelares contra Puigdemont, lo que le abrirá la puerta a regresar con garantías de no ser detenido, ni siquiera, según los análisis que hacen en Junts, aunque haya un recurso ante el Tribunal Constitucional o el Supremo presente un cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su deuda por el «procés» quedará saldada con la amnistía, o así lo proclaman en su entorno, si bien sí le queda el problema de la causa por terrorismo, ante la que su principal defensa es la impunidad que le otorga su condición de europarlamentario, que, en principio, pretende mantener.

A su favor utilizará el mensaje de que hay una conspiración en la que supuestamente participan el PSOE y ERC para retener fuera de Cataluña «al president en el exilio». Y para que a Sánchez le salga bien la apuesta necesita que Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat. El tripartito que desean algunas élites catalanas, con ERC, PSC y En Común, dejaría a Junts fuera de juego y a Puigdemont dispuesto a utilizar sus siete escaños en el Congreso para derribar a Sánchez porque lo que pueda conseguir a partir de las elecciones de mayo, si no controla la Generalitat, no tiene manera de rentabilizar a medio y casi largo plazo.