Koldo García, tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional

La empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, es el epicentro del escándalo que estalló el 20 de febrero. Ese día, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó 19 detenciones, entre ellas, la de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, el extitular de esa cartera cuando se adjudicaron los dos contratos con empresas dependientes de su ministerio, Puertos del Estado y Adif. La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera mano derecha de Ábalos y a otras cinco personas de haber sido parte de una trama para el cobro ilegal de comisiones en un total de nueve adjudicaciones millonarias para dotar de material sanitario a varias administraciones, en medio del drama de la pandemia de Covid-19 y del confinamiento para prevenir los contagios.

Todos los indicios que detalla el auto de la Audiencia Nacional sitúan el origen de la trama, precisamente, en Puertos del Estado. Esta empresa pública formalizó un primer contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una sociedad que nunca antes había sido proveedora del sector público, cuya actividad no tenía nada que ver con el sector sanitario y que, hasta 2019, su cifra de negocio era nada, cero euros. No se entiende que estuviera preparada para proveer nada menos que ocho millones de mascarillas FFP2 por 24,2 millones de euros. A partir de ahí, en menos de siete días, la mercantil se hizo con otro contrato dependiente del ministerio liderado por Ábalos, esta vez firmado con Adif, por un monto de 12,5 millones de euros. En menos de una semana, pasó de facturar nada a obtener más de 36 millones de euros de ingresos.

No hay respuesta a la interrogante sobre por qué se eligió a esta empresa como proveedora. Un auto de la Audiencia Nacional (AN) señala a Álvaro Sánchez, secretario general de Puertos del Estado, por su participación directa en la adjudicación del primer contrato y por ser el interlocutor directo de uno de los empresarios involucrados, Víctor de Aldama. En el mismo auto, se indica que Aldama tenía un «pase especial» en el Ministerio de Transportes.

El también presidente del Zamora CF y estrecho colaborador de Koldo desde 2018, cuando se conocieron en México en un viaje de Ábalos al estado de Oaxaca, también tiene nexos con el tercer vértice de este triángulo, Juan Carlos Cueto. Se trata de un hombre de negocios que lidera el Grupo Cueto, al que pertenece la adjudicataria Soluciones de Gestión y al que las diligencias sitúan como el cerebro de la operación.

El primer contrato con Puertos del Estado es el origen de todo y su adjudicación está llena de zonas opacas. Antes de que se conociera la investigación judicial, en un informe de octubre de 2022, el Tribunal de Cuentas ya había dado cuenta de las irregularidades en el acuerdo para comprar mascarillas que formalizó esta empresa pública. Le entregó el contrato por más de 24 millones de euros sin comprobar sus antecedentes y «no dejó ningún tipo de constancia sobre la capacidad o solvencia técnica del adjudicatario». Le adjudicaron la licitación sin que constara ningún antecedente de que Soluciones de Gestión hubiera celebrado previamente otros contratos con el sector público. Otros controles que se saltaron, bajo el alero de la tramitación de emergencia de estos acuerdos, fue la solicitud de ofertas alternativas para adquirir mascarillas, si bien es cierto que en este tipo de tramitaciones no resulta exigible. Otro incumplimiento detectado en el acuerdo para la compra de mascarillas es que «no aparece consignada la firma del adjudicatario».

Además, una señal clara de falta de transparencia es que Puertos del Estado «no publicó la adjudicación» del expediente de contratación con Soluciones de Gestión en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Efectivamente, tal como ha comprobado este periódico, en este portal solo aparece la información el segundo de los contratos suscrito por una empresa dependiente de Transportes, el de Adif, que justificó la elección de la empresa en la contratación previa con Puertos del Estado.

Ahí precisamente reside el valor de la primera adjudicación. El contrato fue decisivo para las operaciones del entramado en torno a la sociedad Soluciones de Gestión y para la seguidilla de adjudicaciones posteriores (solo se investigan nueve, pero hubo numerosas adjudicaciones en el sector público). Según la Fiscalía Anticorrupción, la primera licitación de emergencia fue la llave de entrada para la empresa del «caso Koldo» a otros contratos.

Puertos del Estado depende directamente el Ministerio de Transportes. José Luis Ábalos colocó allí a su entonces asesor, Koldo García, que según el auto de la AN intermedió a cambio de comisiones. También ejercía como vocal del Consejo Rector en el momento en que se formalizaron los contratos. Por otra parte, tras una seguidilla de nombramientos en la presidencia de la empresa desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en febrero de 2020, Ábalos nombró como presidente a Francisco Toledo, valenciano como él y hombre de confianza. Ocurrió un mes antes de que se formalizara el contrato de las mascarillas. Puertos del Estado es la zona cero, donde se fraguó lo que hoy conocemos como «caso Koldo».