Con la Ley de Amnistía marcando el presente y el procés catalán, y con sus consecuencias condicionando la agenda política, las elecciones autonómicas gallegas ponen el foco en el nacionalismo y en cómo lo canalizará otra de las nacionalidades históricas. Lo cuenta el diario El Mundo. El BNG encara la cita como el partido más fuerte de la izquierda, que lideraría un posible Gobierno progresista si el PP no reedita su mayoría absoluta actual y, en su programa promete el «impulso de un nuevo marco político» con «más y mejor autogobierno» y «soberanía para decidir». Una propuesta con reminiscencias a ERC, formación con la que ha tejido alianzas electorales.

El debate identitario es uno de los rasgos diferenciales del BNG y, ante las interpelaciones directas, Ana Pontón no duda en hablar de ello pero en campaña lo deja en segundo plano y deriva el foco hacia su programa social y económico mientras logra escalar en las encuestas ocupando el espacio de la izquierda moderada.

«Son una sucursal B de todo lo que haría el independentismo con la complicidad de Sánchez si pudieran en Galicia», le recriminó Alfonso Rueda durante el debate a cinco en la televisión gallega, intentando un desgaste del proyecto nacionalista que está logrando esquivar. Pontón admitió ante los espectadores que pedirá un «nuevo estatus de nación para Galicia en el Estado» y que busca «más autogobierno financiero».

Sólo el candidato del PP le entró al trapo, limitándose el líder del PSOE , José Ramón Gómez Besteiro, a hablar de «galleguismo útil». Mientras el resto de partidos de la izquierda pasan de puntillas sobre la cuestión, ésta se está convirtiendo en el principal flanco de ataque por parte del PP, que ha endurecido su mensaje a medida que avanza la campaña y les afea que intenten «blanquear» su imagen y sus relaciones con Bildu o ERC. Con ambas fuerzas han tejido alianzas en las elecciones europeas, pero en las citas autonómicas no existe ningún tipo de relación.

Para la formación liderada por Ana Pontón, las políticas desarrolladas por el PP en casi 30 años de Gobierno desde la Transición, «han hecho cada vez más pequeño nuestro país». Ella propone un programa de gobierno para que Galicia se convierta en «un país dueño de sí mismo», con propuestas como un «modelo de inmersión lingüística», la subida del IRPF o «un poder judicial propio».

REFERÉNDUM

Para el Bloque Nacionalista Galego, el papel político reconocido a Galicia en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de 1981 es «insuficiente e inadecuado para dar solución a los problemas» de la región y encabeza su largo programa de 198 páginas dando prioridad, como primer punto, a un estatus nuevo que sustituya al modelo autonómico actual. El programa no plantea un referéndum, pero sí un nuevo marco político que «emane del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo gallego» bajo una premisa básica: «Decidir nosotros por nosotros mismos». Aspira a que uno de los grandes debates en Galicia sea el identitario, «como ya lo está siendo a nivel estatal», y detalla que no renuncia al «objetivo estratégico de la plena soberanía para Galicia».

El BNG busca avances en el autogobierno de Galicia, «en tanto no se consolide el nuevo marco institucional». El primer paso sería ejecutar las transferencias pendientes del actual Estatuto, mediante la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central. El segundo, impulsar una ponencia de Autogobierno en el Parlamento de Galicia que «fije un nuevo marco de relación con el Estado español». En esa ponencia, pide el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Galicia, «conforme a su condición de nación».

Para ahondar en la «capacidad de decisión» plantea «sin demora» los traspasos y transferencias de autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, control de tráfico aéreo, costas, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina o las competencias en materia de comercio exterior que ejerce el ICEX.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

El Gobierno que dibuja el BNG aspira a una «nueva actitud» frente a la cuestión lingüística, que se plasme en el reconocimiento real del idioma para permitir el «derecho a usar nuestra lengua en todo momento y en todo lugar», también en todas las instituciones. Ante la «emergencia lingüística» que detectan, proponen la derogación inmediata de la actual Ley de Normalización Lingüística de 1983 y del «nefasto» decreto de plurilingüismo en el sistema educativo de 2010, así como crear normas nuevas que busquen activar las «competencias plurilingües» estableciendo una oferta educativa «completa o principalmente en lengua gallega».

Su patrón tiene especial incidencia en la educación. Quiere «reconocer el gallego como la lengua vehicular en la enseñanza» y un «modelo de inmersión» con el objetivo de «lograr la plena normalización lingüística y una enseñanza totalmente en gallego» que recuerda a los inicios del proyecto catalán.

Ese nuevo escenario incluye introducir el gallego en las herramientas extraescolares, de ocio y tiempo libre para la infancia y la juventud, desde juguetes a campamentos, deporte, música, audiovisual, videojuegos, libros, teatro, actividades de conciliación o espacios para las familias.

MÁS PORTUGUÉS

Su camino a seguir es la lusofonía y la relación histórica y actual entre Galicia y Portugal, que en el ámbito lingüístico les lleva a hablar de «países de expresión gallego-portuguesa» y a promover que en toda la comunidad se puedan sintonizar la radio y televisión portuguesa. En el ámbito educativo, incorpora la oferta de lengua portuguesa en todos los centros así como plazas específicas de portugués en las ofertas públicas de empleo.

Dentro de esta ambiciosa política lingüística que aspira a que sea transversal en toda su administración, el BNG también plantea convenios con las administraciones competentes en la Seabra y el Bierzo (Castilla y León), en la comarca del Eo y del Navia (Asturias) y en el Val de Ellas (Extremadura), lugares donde se habla gallego y pretenden potenciarlo, al estilo de los Països Catalans.

RÓTULOS Y LEY EN GALLEGO

También aspiran a actuar en los organismos públicos regulando los usos lingüísticos en las administraciones públicas, para que el gallego sea «lengua normal» de la administración de Justicia, exigiendo el conocimiento «obligatorio y contrastado» y el uso del gallego por parte del funcionariado. El plan incluye que los jueces tengan el deber de conocer el gallego para trabajar Galicia.

En el ámbito empresarial, quieren impulsar la lengua cooficial a través del etiquetado, rotulación, publicidad o atención al público en gallego. También, incorporar el gallego a las nuevas herramientas tecnológicas e implantar la perspectiva de lengua en contratos y licitaciones de servicios públicos.

NI ESTADO NI PROVINCIAS

Otra de sus líneas políticas es la «honda» revisión de instituciones estatales, pidiendo «capacidad de incidencia directa» en su designación e incluso «capacidad de veto en la acción del Estado en Galicia» y, en la misma línea, presencia directa de Galicia en las instituciones europeas e internacionales. Al tiempo que se desligan del Estado, cambian su organización territorial, con la eliminación de las provincias y de su referencia como circunscripción electoral, la desaparición de las diputaciones provinciales y estructurar Galicia a partir de los ayuntamientos y comarcas.

PODER JUDICIAL PROPIO

La Administración de Justicia juega un papel fundamental en esa Galicia gobernada por el BNG, en la que propone «un poder judicial propio» que será la «última instancia judicial», recordando las competencias en materia de Justicia que reclama Cataluña y eliminando las del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia sería, por tanto, el máximo órgano de decisión.

La Constitución actual no tiene hueco en esta Galicia del BNG, que sostiene que «el ejercicio de la soberanía exige otro marco constitucional que reconozca la capacidad de Galicia para decidir» y, en el ámbito judicial, este nuevo modelo se traduciría en la «completa reformulación» del Tribunal Constitucional, que «dejaría de ejercer funciones sobre Galicia», trasladando los conflictos de competencias a soluciones arbitrales a través de órganos políticos bilaterales.

CONCIERTO ECONÓMICO

El modelo económico tiene un peso muy importante en ese autogobierno que defienden los nacionalistas, pero también decantado en una línea de mayor presión fiscal. En esta legislatura se fijan como una «prioridad» negociar con el Gobierno un nuevo modelo basado en el «concierto económico». El Bloque aspira a conseguir un modelo de financiación en el que Galicia tenga la «plena capacidad» para implantar su política fiscal y que cuente con Hacienda y banco público propios. Mientras no se consiga ese sistema de concierto económico con plenas competencias, defiende autonomía fiscal y la transferencia de los activos de la Sareb o la gestión del Ingreso Mínimo Vital y pide la cesión completa del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales y que el impuesto de sociedades pase a ser de carácter autonómico.

MÁS IMPUESTOS

Una vez que tengan esos impuestos, establecerán nuevos tramos en la tarifa general del IRPF para subirlo a las rentas más altas, fijarán un gravamen adicional sobre el Impuesto de Sociedades, suprimirán la bonificación del Impuesto de Patrimonio y apostarán por crear nuevos tributos sobre las grandes superficies comerciales o las viviendas vacías. También defienden la creación de un impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, modificar el canon eólico y elevar la cuota tributaria del Impuesto sobre el Daño Medioambiental.

ADIÓS A LA GUARDIA CIVIL

En los últimos días, el programa del BNG generó recelos en la Guardia Civil por su intención de crear una policía autonómica imitando a Cataluña, País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana. En Galicia ya existe una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad en virtud de un acuerdo de 1990 entre el Ministerio del Interior y la Xunta. Esta unidad depende orgánicamente de Interior y funcionalmente de la Xunta.

La diferencia del plan del BNG es que busca la «asunción plena y exclusiva de las competencias en seguridad pública y viaria» con la creación de un cuerpo gallego de policía, de carácter «integral», que atienda a todo el territorio. Su objetivo es que «progresivamente» asuma las funciones que tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la misma línea, pide la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad vial y pública y el control, inspección y vigilancia pesquera, funciones actualmente atribuidas a la Guardia Civil del Mar o a la Armada.