Fotograma hecho durante la transmisión del canal TC Noticias de Guayaquil durante la transmisión de su noticiero, el cual fue interrumpido por hombres armados. Encapuchados armados ingresaron este martes en el canal de televisión TC, en la ciudad de Guayaquil en el suroeste de Ecuador y sometieron su personal durante una transmisión en vivo.

Este martes, Ecuador soportó una jornada de terror provocado por grupos de delincuencia organizada (GDO), que se desató luego de que el presidente Noboa decretara el lunes un estado de excepción, que incluyó un toque de queda de seis horas durante la madrugada, como medida para atajar el avance de las acciones violentas en el país.

Posteriormente, Noboa reconoció en un decreto la existencia de un “conflicto armado interno” en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones milites “bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humano”.

Ante este escenario, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador deploró este martes la “ofensiva del crimen organizado” en el país, luego de que en las últimas hora se registraran motines carcelarios, incendio de autos en las calles, atentados con explosivos y hasta el ingreso de encapuchados armados en un canal de televisión, hecho que se transmitió en vivo.

La CNJ, en un comunicado, dijo que “repudia severamente la ofensiva del crimen organizado contra la vida, libertad e integridad” de los ciudadanos y de la propiedad privada por parte de bandas delictivas.

Asimismo, el pleno del supremo tribunal de administración de justicia deploró los ataques y amenazas que han surgido en contra del presidente de la CNJ, Iván Saquicela, y de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

“Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia”, agregó la Corte.

Tras remarcar que la función judicial no ha sido amedrentada por la acción violenta del crimen organizado, el máximo tribunal llamó a jueces y demás operadores de justicia a aplicar decisiones que “coadyuven a la lucha contra el actuar de los grupos criminales y se evite la impunidad”.

También expresó su respaldo al Gobierno del presidente Daniel Noboa por aplicar acciones encaminadas a superar la crisis de inseguridad que se abate sobre el país y también a las fuerzas del orden (policías y militares) por buscar preservar la seguridad ciudadana.

“Solicitamos de manera urgente a las autoridades de la Función Ejecutiva proporcionar el suficiente resguardo policial y militar a la Corte Nacional de Justicia y a los complejos judiciales del país”, agregó la Corte en su escrito.

Finalmente, hizo un llamamiento a la unidad a todas las instituciones del Estado a enfrentar la ola de violencia en el país con “acciones conjuntas y articuladas”.