El 2023 ha sido un año de récord en inmigración ya que ha sido el segundo con más llegadas de forma irregular a España (52.945), después del 2018, cuando se registraron 64.298. Además, ha sido el primero en el han arribado mayor número de personas a Canarias (37.187), seguido por el 2006, con la llamada ‘crisis de los cayucos’ (31.678).

El balance del Ministerio del Interior, a 15 de diciembre de 2023, cifra en un total de 52.945 los migrantes que han llegado de manera irregular a España, lo que supone un 76,2% más que en el mismo periodo de 2022, cuando arribaron 30.048.

Por orden de número de llegadas de forma irregular a España en los últimos años, en primer lugar se encuentra el 2018, con 64.298; le sigue 2023, con 52.945, a falta de los últimos datos, que el Ministerio publica cada 15 días; 2021, con 41.945; 2020, con 41.861; 2019, con 32.513; 2022, con 30.048; y 2017, con 28.349.

En 2023 han llegado a España por vía marítima y terrestre un total de 22.897 inmigrantes más en situación irregular que en los mismos meses del año anterior.

En concreto, por vía marítima, han entrado 51.739 personas por vía irregular, un 86,2% más (23.947 más) que en el mismo periodo de 2022, cuando fueron 27.792. Lo hicieron a través de 1.684 embarcaciones, 78 más que el año anterior. De estas, 14.312 lo hicieron a la Península y Baleares, 2.263 más que en 2022.

UN 140,4% MÁS QUE EN 2022 A CANARIAS

Respecto a Canarias, el archipiélago ha alcanzado este año una cifra récord (37.187), ya que ha superado la del año 2006, con la llamada ‘crisis de los cayucos’, cuando se anotaron 31.678.

Así, han alcanzado el archipiélago canario un 140,4% más de inmigrantes (21.721 más) que en los mismos meses del año anterior, cuando llegaron 15.466. Este 2023 han arribado a bordo de 561 embarcaciones, frente a las 344 que se emplearon en el 2022.

También ha aumentado el número de entradas por vía marítima a Melilla, que ha pasado de 153 entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2022 a 180 en el mismo periodo de 2022, un 17,6% más; mientras que se ha reducido a la mitad el número de llegadas por vía marítima a Ceuta, que ha pasado de 124 a 60.

Asimismo, ha caído el número de personas en situación irregular que han llegado a Ceuta y Melilla por vía terrestre este año, hasta las 1.206, frente a las 2.256 de 2022, un 46,5% menos.

En concreto, han llegado a Ceuta 1.045 inmigrantes por vía terrestre, 37 menos que en el mismo periodo del año anterior. Un mayor descenso se ha observado en Melilla, donde han entrado por vía terrestre 161 migrantes, un 86,3% menos (1.013 menos) que en los mismos meses de 2022.

Además, en la última semana del año, la presión migratoria se ha intensificado pues, entre el 25 y el 29 de diciembre, han llegado a las costas españolas casi 1.500 migrantes, según el recuento llevado a cabo por Europa Press, en su mayoría a las Islas Canarias.

PACTO DE MIGRACIÓN Y ASILO

Tras ocho años de negociaciones, finalmente, este 2023 los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo lograron un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y ofrecerá a los gobiernos una ‘solidaridad a la carta’ que les permitirá eludir la acogida de parte de los migrantes reubicados si pagan una compensación por cada traslado rechazado.

El acuerdo se produjo el pasado 20 de diciembre, tras negociar día y noche hasta sellar las bases de los nueve expedientes que forman el Pacto y que abarcan todo el proceso, incluido el refuerzo del control fronterizo e identificación de los migrantes, hasta que se resuelve cada caso con la concesión del asilo o la decisión de expulsión.

La solución es un mecanismo de “solidaridad flexible” que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.

El objetivo es trasladar a al menos 30.000 inmigrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.

El modelo de solidaridad ‘a la carta’ también se aplicará al mecanismo de crisis o fuerza mayor para el que el Parlamento Europeo –y países como España e Italia en un primer momento– defendieron sin éxito que debía contar con un sistema obligatorio de cuotas de acogida que se activara únicamente en situaciones extremas.

Ese control previo a la entrada para las personas que no cumplan las condiciones de entrada incluirá la identificación y recopilación de datos biométricos, así como controles de salud y seguridad, en un proceso que durará máximo siete días. Las autoridades deberán tener en cuenta las necesidades específicas de los menores y cada país contará con un “mecanismo de supervisión independiente” para garantizar el cumplimiento de los Derechos fundamentales.

Se crea también un procedimiento armonizado para toda la UE para otorgar o retirar la protección internacional que sustituirá los marcos nacionales que fragmentan ahora la gestión en la UE y que, en el caso de una primera decisión, deberá resolverse en un máximo de seis meses. Se introducen plazos más cortos para los expedientes que sean manifiestamente inadmisibles.

Además, el marco del reglamento de Eurodac que amplía las bases de datos introduce imágenes faciales además del habitual registro de huellas dactilares y que se aplicará incluso a los niños a partir de 6 años. Con esta modificación, los gobiernos podrán también marcar si alguien presenta una amenaza para la seguridad, es considerada violenta o ha tenido acceso a armas ilegales.