Roderick Navarro.- En el Brasil del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva es peligroso decir algo por las redes sociales que critique a los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), a los jerarcas del Gobierno federal o que abiertamente critique a la élite de la Fuerza Armada. A diferencia de otros países de la región, en Brasil el Poder Judicial puede exigir a las empresas de las redes sociales que tumben la cuenta del usuario que ellos quieran para que no opine. Esto no ocurre en Cuba, en Nicaragua o Venezuela: esto ocurre en Brasil, con Lula.

Recordemos que Lula cree fervientemente en restringir las redes sociales con la excusa de combatir lo que desde la izquierda llaman “discurso de odio” o en otras palabras, las quieren restringir para suprimir la crítica que más le haga daño en la opinión pública. Es así como Brasil ha tenido casos de presos políticos periodistas que han sido torturados, como es el caso de Oswaldo Eustaquio, y también periodistas en el exilio como es el emblemático caso de Allan Dos Santos. Este último fue perseguido hasta el punto de cerrar sus empresas, bloquear sus cuentas bancarias, prohibirles a las empresas de redes sociales que puedan tener una cuenta por orden judicial, e incluso Telegram estuvo a punto de ser prohibida en Brasil si no eliminaba el canal de Allan Dos Santos en la plataforma. Recientemente, se suma el podcaster Monark a la lista de exiliados por ser críticos al gobierno de Lula.

No podemos olvidar el caso del preso político Roberto Jefferson, destacado líder político brasileño que desde hace años se encuentra perseguido por ser crítico a un magistrado del Supremo Tribunal Federal. Su salud esta complicada y su vida corre riesgo. Y esto no parece ser importante para la élite del Poder Judicial. Esto lo digo porque esta semana que pasó murió en la cárcel el primer preso político del gobierno de Lula, su nombre era Cleriston Pereira da Cunha.

Cleriston era uno de los presos políticos atrapados por los hechos del 8 de enero en Brasilia. Estos presos no han pasado por el debido proceso. Empresarios, amas de casa, personas de la tercera edad, padres de familia, estos son los perfiles de estas personas encarceladas.

Los brasileños han quedado indignados ante esta situación, pues esta realidad no se diferencia de las dictaduras en la región en la que mueren presos políticos en las cárceles a propósito. Voceros del Poder Judicial han banalizado el asunto, como por ejemplo el magistrado Barroso que al respecto dijo que todos los días mueren cuatro personas en las cárceles de Brasil.

Desde el 8 de enero no ocurrían grandes manifestaciones en las calles de Brasil. Pero esta situación ha sido un punto de quiebre. El fin de semana salieron los brasileños a las calles a criticar la actuación de los magistrados del Supremo Tribunal Federal y para exigir mayor contundencia a los representantes del Poder Legislativo para que aprueben mecanismos constitucionales que hagan contrapeso al Poder Judicial.

De continuar esta situación en Brasil, lo más probable es que se radicalicen los extremos. Unos estarán bajo la protección del gobierno con todo su poder, y otro grupo los enfrentará con vehemencia.

Los brasileños podrían activar mecanismos internacionales de protección en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también podrían instrumentalizar una serie de apoyos internacionales que generen un costo político importante a los perseguidores que mantienen un fachada democrática y constitucional que justifica todas sus acciones. Los brasileños están a tiempo de hacerlo. Están a tiempo de evitar que Lula tenga el poder absoluto y seleccione y legitime con éxito a su sucesor.