Cecilia Borelli.- Una “omisión” del Poder Judicial brasilero ha llevado al primer fallecimiento de un preso político desde la asunción de Lula da Silva en el poder. Esto acaba de sucederle al empresario Cleriston Pereira da Cunha, de 46 años, uno de los acusados ​por los incidentes ​del 8 de enero de 2023, quien esperaba juicio en la prisión de Papuda, en Brasilia, y falleció el lunes por la mañana, según reportaron los medios locales.

Cunha había sido detenido en el Senado y siempre negó haber cometido algún delito ese fatídico domingo. El abogado defensor del fallecido responsabiliza completamente al Supremo Tribunal Federal de Brasil, ya que le había pedido ocho veces a dicho tribunal que el empresario pudiera esperar el juicio en libertad, dado que su estado de salud era delicado.

El empresario sufrió un infarto en prisión y no pudo ser reanimado por los agentes que lo atendieron. El trágico final era predecible ya que el prisionero sufría diabetes e hipertensión y ya había contraído Covid-19, que tiende a empeorar las enfermedades existentes. Aun así, permaneció en encarcelado, mientras que casi todos los demás presos del 8 de enero ya habían sido puestos en libertad sustituyendo la prisión por otras medidas cautelares, como el uso de una tobillera electrónica.

No hay explicación de por qué la justicia habría prolongado la prisión preventiva de Cleriston Cunha, manteniéndolo en condiciones que se sabía empeoraban su estado de salud, como de hecho lo hicieron, llevándolo a morir en prisión.

El abogado de Cunha afirmó que «se sabía que la segregación penitenciaria podía ser una pena de muerte para el acusado». Los médicos responsables de evaluar a Cunha hicieron su parte, afirmando en un informe que, “debido a la gravedad del cuadro clínico, riesgo de muerte por inmunosupresión e infecciones, solicitamos celeridad en la resolución del proceso legal del paciente”.

El Ministerio Público Federal también emitió opinión favorable a la liberación del empresario. “El Ministerio Público Federal expresa su apoyo a la concesión del pedido de libertad provisional a Cleriston Pereira da Cunha, combinada con medidas cautelares distintas a la prisión”, escribió el fiscal general adjunto Carlos Frederico Santos.

Quien no hizo su parte fue el magistrado Alexandre de Moraes, que ignoró el pedido durante dos meses y medio, una eternidad para alguien que se ve privado de las condiciones ideales para tratar enfermedades crónicas, llevándolo a morir en prisión.

Persecución política en Brasil

El caso de Cunha es uno de los varios ejemplos de cómo los brasileros sufren persecución y censura por parte del Supremo Tribunal Federal por manifestarse en contra de políticas izquierdistas.

Otro ejemplo es el caso de Sara Huff (anteriormente conocida como Sara Winter), exactivista feminista y presa política, quien es actualmente una de las voces y autoras conservadoras más visibles de América Latina. Huff sufrió prisión domiciliaria durante 1 año, le congelaron redes bancarias y se le negó el acceso a redes sociales.

También está el caso del periodista Bernardo Küster, quien se ha destacado en la lucha contra la manipulación informativa, contra la teología de la liberación y las influencias marxistas-comunistas en la sociedad en su conjunto. Küster ha resistido toda persecución y censura por parte de la Corte Suprema y de empresas como Twitter, Facebook y Google que desmonetizaron su canal, suspendieron cuentas y redujeron su alcance sin una razón clara y sin evidencia ni base legal.

Este atentado a la libertad de expresión no resulta extraño al entender que el Poder Judicial brasilero actualmente está conformado en su mayoría por jueces que son abiertamente del bastión izquierdista de la política, directamente ligado al Partido de los Trabajadores que responden al mandatario de turno, Lula da Silva.