Alberto González Fernández de Valderrama.- Se considera que la Inquisición fue definitivamente abolida en España en 1834 por un Decreto firmado por Francisco Martínez de la Rosa, durante la Regencia de María Cristina de Borbón. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Si bien se abolió formalmente por aquel gobierno liberal, alguno de los principios en que se basaba, como el carácter secreto de los delatores y la presunción de culpabilidad del acusado que, en la práctica, convertía a aquellos en los verdaderos jueces que determinaban la suerte del reo, siguieron imprimiendo su carácter en algunas instituciones que han pervivido hasta nuestros días.

Parecerá un despropósito lo que acabo de afirmar, pues el derecho a la defensa de los ciudadanos con todas sus garantías es uno de los principios en que se basa nuestra Constitución. Sin embargo, lo que en el ámbito estrictamente judicial parece una realidad incuestionable –al menos desde un punto de vista teórico- no lo es en el ámbito académico y científico, en el que la transparencia del procedimiento evaluativo y el derecho de defensa del evaluado brillan en muchas ocasiones por su ausencia, como bien saben todos aquellos investigadores de cualquier disciplina que han intentado alguna vez publicar algún artículo. Ocurre con frecuencia que estudiosos de gran mérito, que han realizado un trabajo concienzudo aportando algún hallazgo relevante para el conocimiento o avance de una determinada disciplina acuden esperanzados a alguna institución académica editora de boletines especializados en la materia, o a editoriales de revistas del ramo y se encuentran con un muro muy difícil de franquear. Y es que es una costumbre admitida política y socialmente desde tiempo inmemorial que el órgano decisor de la publicación de dicho trabajo -órgano omnipotente e inapelable como el tribunal divino- esté compuesto por personas cuyo nombre no se revela a quienes son evaluados y que, para el caso de que su respuesta sea denegatoria, no se les comunique la razón de tal negativa.

¿Cómo es esto posible en un país dominado secularmente por la envidia y la mediocridad? Muchas veces se deniega la publicación de un artículo que aporta observaciones, datos o conclusiones de verdadero interés para una disciplina por el mero hecho de que los evaluadores, supuestos “expertos en la materia”, sienten su orgullo herido porque no fueron ellos los que hicieron tal descubrimiento, o porque los trabajos que les dieron la fama y los títulos que ostentan son inferiores al que se les presenta para su calificación, o porque, simplemente, el artículo que deben evaluar demuestra que alguno de sus trabajos estaba equivocado o podía ser mejorado sustancialmente. El orgullo, el amor propio, la envidia y la soberbia -si es que tales cualidades no son un mismo defecto- son la causa de que muchos investigadores de talento se desgañiten intentando publicar sus artículos sin conseguirlo y de que unos pocos, a base de tesón, lo consigan después de recorrer infinidad de instancias, tratar con multitud de personas y demostrar un espíritu imbatible al desánimo. Pero sin poder desenmascarar a los miembros de ese órgano supremo, sin recibir siquiera un informe razonado de su veredicto negativo, ¿cómo defenderse de tales inquisidores y a quién recurrir?

Si el investigador se encuentra con este problema acudiendo a una editorial de propiedad privada que no goza de subvenciones públicas, la misma es muy libre, por muy injusto que pueda parecer, de tener un mecanismo de selección secreto y arbitrario que le deniegue la publicación de su trabajo sin más explicaciones; pero si la editorial depende de un organismo público sufragado por los impuestos de todos los ciudadanos los veredictos procedentes de un tribunal secreto, inapelables y no razonados deberían quedar proscritos, básicamente porque son totalmente contrarios a los principios constitucionales que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Recientemente he tenido ocasión de ser víctima de un tribunal inquisidor, ni más ni menos que perteneciente a la Real Academia Española, a la que presenté un trabajo riguroso basado en el estudio directo de los manuscritos medievales en los que se conserva parcialmente el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita; un estudio que ponía fin a más de 230 años de elucubraciones sobre el significado de una de sus estrofas, cuya lectura en cualquier edición actual que se tome es un compendio de disparates, porque ningún filólogo cayó en la cuenta de que se encontraba ante palabras deformadas por malos copistas o mal transcritas desde el año 1790 en que se publicó por primera vez. Cotejando directamente los manuscritos y aplicando el sentido común y la lógica de la creación poética en cuaderna vía, lo disparatado pasaba a ser diáfano y la causa última de una larga cadena de errores quedaba desvelada con meridiana claridad en mi artículo.

No acudía a la Real Academia con las manos vacías sino con el bagaje previo de haber publicado un artículo en el libro de actas del VII Congreso internacional sobre este autor medieval editado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real, trabajo en el que aportaba más de diez descubrimientos filológicos que por su importancia habían dado lugar a diversas entrevistas en varios medios de comunicación: entre otros hallazgos aportaba indicios sólidos -si no pruebas- de que el Arcipreste era realmente andaluz, y explicaba que el extraño verso “Cruz cruzada, panadera” de su famosa trova cazurra era una deformación del original “Cruz, cruzada la Pandera”, en el que se refería a la sierra que está muy cerca de Alcalá la Real, cuna más que segura de nuestro gran poeta, ya que su amada Cruz era una serrana que se dedicaba a transportar viajeros por la sierra echándoselos a sus espaldas.

Comprendo perfectamente que no puedo obligar a una institución a publicar mis trabajos, pero debería tener derecho a saber quiénes son las dos personas de su órgano secreto que, sin más explicaciones, me lo han denegado. ¿Me equivoqué en algo?…Yo me comprometo a estudiar con lupa todo lo que ellos hayan escrito sobre el Libro de Buen Amor y a desvelar a nuestros lectores los errores que acaso cometieron y el verdadero alcance de sus aportaciones al conocimiento de la obra de este poeta, si es que hicieron alguna. Que salgan a la palestra, que yo con mucho gusto les daré una lección sobre el Arcipreste de Hita en cualquier medio en el que se presten a enfrentarse conmigo.

Y, por supuesto, exijo que de ahora en adelante no existan evaluadores secretos en las instituciones públicas. Exijo que la democracia entre de lleno en el mundo de la filología (y de la investigación científica en general) de tal forma que los examinandos puedan conocer el nombre de sus calificadores, para que puedan defenderse de sus posibles arbitrariedades. Exijo en definitiva al Gobierno que dicte un Real Decreto por el cual acabe de una vez por todas con este residuo histórico de la Santa Inquisición que ha perdurado hasta nuestros días y que obstaculiza el progreso de la ciencia y de la cultura. Los tribunales secretos e inapelables son propios de un pasado tenebroso y desgraciado y es preciso enterrarlos para siempre.