Claudia Peiró.- No le bastó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti con la escandalosa campaña de promoción de ligadura de trompas y vasectomías en adolescentes que lanzó su ministerio en septiembre pasado. Siguió su raid antinatalista con una disertación en un panel organizado por Fos Feminista y Amnesty International, en el que también participó IPPF (Planned Parentwood) y en el cual la funcionaria dio las cifras de abortos realizados en el sistema público el año pasado (73.487) y en lo que va del actual (más de 34 mil), se jactó de la floreciente industria nacional de misoprostol y hasta destacó que un laboratorio local está avanzando en la producción pública de mifepristona para el 2023, con el objetivo de exportar.

“Argentina lidera el antinatalismo en la región”, dice la licenciada Mónica del Río, que en el boletín Notivida hace el seguimiento de las estadísticas vitales publicadas por el propio Ministerio. “La disyuntiva era bajar la pobreza o eliminar a los pobres y el Gobierno argentino ya decidió”, concluye.

Traducido, se trata de promover la oferta y colocación de un anticonceptivo de larga duración inmediatamente después de un aborto o un parto, antes de darle el alta a la paciente. Como admite el propio gobierno, esta Guía, un documento de 112 páginas adjuntado al decreto, fue realizada “con la colaboración técnica de UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas)”.

Los redactores del documento oficial advierten que en él “se han respetado los lineamientos de lenguaje inclusivo establecidos por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina en 2020″. Casi una garantía de calidad…

Los considerandos son reveladores de las intenciones de la Guía: “Uno de los principales fundamentos de esta estrategia se basa en comprender que el embarazo, parto, puerperio y situación de aborto es para muchas mujeres o PCG [N. de la R: sic, por “personas con capacidad de gestar”] el primer contacto con el sistema de salud, por lo que estas situaciones se constituyen como una oportunidad de oro…”

Una oportunidad de oro para asegurarse de que no vuelvan a gestar, al menos por un buen tiempo. Los anticonceptivos de larga duración que proponen son esencialmente el DIU (espiral) y el implante subdérmico, con duraciones que oscilan entre los 3 y los 5 años. La ventaja que presentan, siempre según la Guía, es que “no requieren ninguna acción por parte de la usuaria después de la inserción, lo que significa que la usuaria no puede alterar la eficacia del método”.

Una “ventaja adicional” es que cuando una mujer desea interrumpir la anticoncepción, debe acudir a un centro de salud, dice el documento. Donde la estarán esperando para convencerla de lo contrario porque la única línea que se puede bajar en esta materia es la de promover la no gestación y, si ésta se produjera de todos modos, el no nacimiento. Porque, como lo hicieron en el debate del aborto, llaman al prestador de salud a “separar sus creencias y valores de los de sus pacientes y centrarse en las necesidades de las mismas”. Es decir, sólo valen las creencias que ellos promueven.

Entre las justificaciones de la Guía, figura el recordatorio de que en 2015 “la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030″ y que ésta “incluye la meta específica de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva”.

La Guía se explaya en las ventajas de los métodos anticonceptivos de larga duración, su grado de eficacia y la forma de aplicarlos según sea posparto o posaborto. La intención es generalizar estas prácticas, asegurarse de que todas las mujeres que pasen por un establecimiento de salud para dar a luz o para abortar, egresen de allí esterilizadas, al menos por un buen tiempo.

Prioridades y urgencias del gobierno

La promoción de estos métodos no se detiene ante barreras de ningún tipo. La Guía recuerda que las “niñas/es/os (sic) hasta los 13 años pueden brindar su consentimiento (¡sic!) con asistencia de sus progenitores” o del adulto a cuyo cuidado se encuentren, para la colocación de un DIU o un implante. También que “los adolescentes de 13 a 16 años pueden consentir toda práctica que no implique un riesgo grave para su salud o su vida” y que “a partir de los 16 años, tienen capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo como una persona adulta”.

La Guía revela las prioridades del gobierno: “La SSR (Salud Sexual y Reproductiva) es una urgencia, y por esto los servicios que brindan anticoncepción a las mujeres o PCG son esenciales”.

Citando siempre al Fondo de Población de Naciones Unidas, se asegura que los beneficios sociales de la contracepción de larga duración son: el “mayor crecimiento del PIB y del PIB per cápita”, el “incremento del número de adultos en edad de trabajar en relación con el número” de menores dependientes, y la “reducción de la demanda de gasto público en educación, vivienda y saneamiento”.

Es evidente que si se reduce la población, cosa que en Argentina podría suceder pronto, considerando el empeño que ponen en ello los funcionarios públicos, se reduce la demanda de escuelas, casas y servicios.

Pero, considerando que estas políticas se han vuelto prioridad de prioridades desde 2014, los resultados en materia de crecimiento están muy lejos de confirmar el optimismo malthusiano de los antinatalistas.

Muchos métodos, poca mano de obra

“La anticoncepción es una intervención económica y rentable, pero la escasez de personal sanitario y las políticas restrictivas sobre las funciones de agentes de salud no médicos limitan el acceso a métodos anticonceptivos eficaces en muchos entornos”, advierte la Guía. Lo que llaman “políticas restrictivas” son las incumbencias de cada profesión, algo que se vincula a la formación y no puede ser pasado por alto con ligereza.

“Tienen muchos métodos pero les falta mano de obra”, ironiza Mónica del Río.

En consecuencia, y conforme a su afán de no desaprovechar la “oportunidad” que representa esta suerte de clientela cautiva que son las parturientas argentinas, el Gobierno, con auxilio de la oposición en el Congreso, se propone cumplir con otra directiva del Fondo de Población: la sanción de una ley que amplíe las funciones de las obstétricas. “La Comisión de Salud le dio despacho a los proyectos que permitirían a las parteras brindar -de forma autónoma- servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Podrían ofrecer consejerías, recetar anticonceptivos y abortivos, colocar y extraer dispositivos intrauterinos e implantes y aplicar anticonceptivos inyectables”, dice Notivida.

El proyecto, que es una fusión de los presentados por Mónica Macha (Frente de Todos) y Silvia Lospennato (PRO), pasa ahora a la comisión de Legislación General.

“Recordemos que en 2019 varias entidades médicas se opusieron a esta ley”, dice la licenciada Del Río que se tomó el trabajo de resumir el debate en Comisión.

Silvia Lospennato, por ejemplo, redactó su proyecto con la colaboración del Fondo de Población y así lo hizo constar.

Esta ampliación de funciones de las parteras permitiría extender lo más posible estas prácticas dado que, dicen los legisladores, el acceso a la anticoncepción es muy dispar según el lugar de residencia y la condición económica de la mujer. Siempre pensando en las mujeres pobres…

La entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, elogió a las parteras: “Se han cargado al hombro todo el tema de las interrupciones del embarazo en muchas provincias”, dijo, como quien describe una epopeya.

Y Mara Brawer (Frente de Todos) admitió sin sonrojarse que apenas asumió su último mandato recibió “una comunicación de la gente de UNFPA (Fondo de Población)” pidiéndole por esta ley -que acató de inmediato- y por eso le daba “mucha alegría” su tratamiento.

Como en esto no hay oficialismo y oposición, Lospennato se encargó de destacar el aporte de la gestión Macri: “Uno de los mayores orgullos que tengo del gobierno anterior es que lanzó el Plan ENIA que este Gobierno continuó y profundizó”, en referencia al programa de prevención del embarazo adolescente.

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri recibió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución del “Programa de Apoyo a Políticas de Igualdad de Género”, por un monto de 200 millones de dólares. En el Boletín Oficial del 18 de noviembre de 2018, junto con la aprobación del Modelo de Contrato de Préstamo BID, se publicaban en anexo las condiciones exigidas por el organismo para el desembolso.

La primera de las condiciones es la que enorgullece a Lospennato, la segunda, está en trámite en el Congreso, y la tercera es la que el Ministerio de Educación impulsa con más entusiasmo que la enseñanza de los saberes básicos: “1) Que se haya aprobado el Plan Nacional para la Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (…); 2) Que el Ministerio de Salud de la Nación haya promovido [un] Proyecto de Ley que regule el Ejercicio Profesional de la Obstetricia, facultando, entre otros, que estos profesionales apliquen los métodos anticonceptivos previstos (…); 3) Que el Ministerio de Educación de la Nación haya promovido y concretado la aprobación por parte del Consejo Federal de Educación de una resolución que incluya, por lo menos, dos de los siguientes compromisos: (i) aprobar los saberes priorizados en Educación Sexual Integral (ESI) para cada nivel educativo (Núcleos de Aprendizaje Prioritario, NAP); (ii) incluir en los Planes Educativos Institucionales (PEI) el enfoque de ESI; y (iii) identificar un referente que actúe como nexo con los equipos jurisdiccionales y de enlace con el PEI para la implementación de los NAP”.

Sorprende ver cómo, quienes ponen el grito en el cielo por las condicionalidades del FMI, corren a cumplir estas exigencias.

Los logros antinatalistas en cifras

Según un informe reciente de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), la Argentina vive el descenso más pronunciado de nacimientos en su historia, con una caída récord: 250 mil nacimientos menos por año. La tasa de fecundidad bajó un 34% desde 2014, año en el que la gestión de Cristina Kirchner adhirió con entusiasmo a las políticas antinatalistas promovidas por los organismos internacionales.

Insólito es el tono festivo del Cippec al comentar estas cifras a la agencia Télam: “Nacen un 34% menos de chicos de los que nacían hace cinco años. Es histórico, es totalmente revolucionario”, dijo uno de sus integrantes, Rafael Rofman, demógrafo y economista, con 20 años de trabajo en el Banco Mundial, antes de desembarcar en el think tank local. “Antes nacían unos 750.000 niños por año y ahora nacen 500.000″, precisó y agregó que la tasa de fecundidad argentina está “entre las más bajas de Latinoamérica”. Todo un logro.

“En 1950 la tasa era de 3,3 niños por mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 2,4, mientras que desde 2015 empezó a bajar cada vez más rápido y en 2020 estamos en 1,55″, precisó. Vale aclarar que esa cifra es inferior a la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer) de la que depende la estabilidad de una población.

Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dijo a Télam: “Es una buena noticia porque genera condiciones a nivel macro para una dinámica de desarrollo económico distinta, los países más exitosos son los que tienen menos hijos, porque esto permite que haya más mujeres aportando a la economía”. Una afirmación sin sustento.

“Somos los mejores alumnos en esta materia; nos ponen de ejemplo en la región”, dice Mónica del Río. Es por ese motivo que en paralelo a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Planned Parenthood y Amnesty organizaron un panel para que Carla Vizzotti expusiera los logros argentinos en la materia.

Para confirmar su preocupación por cumplir con agendas ajenas, después del nuevo papelón en materia internacional -la fallida candidatura de Cecilia Todesca a la presidencia del BID-, nos llevamos un premio consuelo: Argentina encabezará el nuevo “Instituto de Género e Igualdad” del BID, el mismo organismo que en 2018 le impuso a la Argentina promover una ley nacional de obstetricia que faculte a las parteras a colocar DIUs e implantes subdérmicos.

En eso están nuestros obedientes legisladores.