Sus nombres son Juan José Quirós López, Marvellous Ounanefe Johnson Andrews y Daniel Herce Rodríguez. Tenían 12, 13 y 14 años, respectivamente. Sin historial previo de patologías. Murieron súbitamente por cardiopatía hipertrófica -los dos primeros- y arritmia cardíaca. Sus padres, que aseguran que estaban «perfectamente sanos» antes de la inoculación, lo achacan a la vacuna contra la Covid-19, y este mismo jueves han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por homicidio por imprudencia grave, manipulación genética, amenazas, coacciones, salud pública, prevaricación, contra la integridad moral con daño a la vida y abuso de autoridad.

Este medio ha acompañado a los progenitores a interponer la denuncia, que ha sido redactada por la Asociación Liberum, y que se dirige contra los exministros de Sanidad Salvador Illa y Carolina Darias. A posteriori, se han dirigido al Ministerio que se ubica en el madrileño Paseo del Prado para entregarla con la intención de que se investiguen sus casos. Llevan un año pidiéndolo, pero ha sido en balde.

«Queremos que se haga justicia, y que se unan más padres a nuestra denuncia», sollozan ante este periodista. Daniel murió repentinamente mientras estaba echado en el sofá de su casa. «Pensé que se había quedado dormido, pero luego no se levantaba», recuerda Diana, su madre. Su hijo se había inoculado con el lote FG7898, que ha registrado efectos adversos. Marvellous y Juan José, por otro lado, se habían inyectado el mismo lote de la vacuna de Pfizer, el FG9428. Ambos murieron de forma repentina, uno jugando a fútbol y otro en el patio del colegio.

La denuncia lamenta que «desde las administraciones y autoridades sanitarias pretendan que crean [los padres] que estas muertes deben ser calificadas de muerte natural, y que ni siquiera se hayan planteado la posibilidad del efecto adverso reconocido de las vacunas contra la COVID-19, para que, además uno de los menores [Juan] se infectara del SARS-CoV-2, después de dos inoculaciones, dando positivo a la PCR post mortem».

Los progenitores denuncian que sus descendientes estaban «perfectamente sanos», y que sólo comenzaron a experimentar complicaciones respiratorias tras la inoculación. «Mi niño comenzó a asfixiarse cuando corría, no le había pasado nunca», asevera Soledad en representación de los padres del joven malagueño, que siguen muy «afectados» para haberse podido personar en la Fiscalía. Aún llora cuando, al revisar el texto de la denuncia, ve la imagen del cadáver de su sobrino.

¿Una «muerte natural»?

Los progenitores denuncian que la única explicación que recibieron es que sus hijos, menores de edad, habían muerto «de forma natural», y que probablemente se debería a una cuestión «hereditaria». «¿Cómo va a ser natural que un niño de 12 años, deportista, muera de forma súbita?», clama Soledad, la tía de Juan José. A Félix, el padre de Marvellous, le han sometido ya a numerosos análisis cardíacos.

«Parece que el instituto de Medicina Legal está a la desesperada buscando que alguno de los padres tenga una dolencia cardíaca», denuncia Alexis Aneas, abogado de Liberum que representa a los denunciantes. Este recuerda que el hijo de Félix «tuvo el reconocimiento federativo en septiembre y lo declararon apto para jugar». Murió en diciembre. La denuncia recoge que el corazón del fallecido estaba «aumentado de tamaño»: 480 gramos cuando debía oscilar en torno a los 344.

«Pfizer reconoció de manera temprana que se habían registrado decenas de miles de efectos de miocarditis en jóvenes», recuerda Aneas, que también es experto en temas sanitarios, que abunda: «Tiene sentido porque la franja de edad donde aparecen patologías es de 12 a 15 años, quienes recibieron la dosis de adultos. De 5 a 11, la vacuna tiene un tercio de la composición. La dolencia se puede producir porque la proteína Spike que se replica mediante la vacuna se aloja en los receptores del tejido cardíaco y genera una enfermedad autoinmune, que provoca el engrosamiento del miocardio, lo que se conoce como pericarditis o arritmia».

Efectos de las vacunas covid

Alexis Aneas también se pregunta «cómo va a ser natural que un niño deportista muera de una arritmia». El portavoz de Liberum dice que están «hartos de que las administraciones nos digan que la gente muere por casualidad», y apunta al caso de Daniel. «Tenía daños neuronales que podrían deberse a que la sustancia genera priones que traspasan la barrera encefálica, como demuestra un estudio que adjuntamos en la denuncia», barrunta, ya que «lo que queremos es que se investigue».

La denuncia también se dirige contra la presidenta de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Silvia Calzón, y la directora, María Jesús Lamas, así como a «cualquier otra autoridad que, de las actuaciones de investigación, se derive responsabilidad penal por los hechos denunciados».

En esta, se carga contra Pfizer y Moderna, recogiendo que «según el ensayo clínico, en el grupo vacunado se registraron ocho casos de COVID-19 de un total de 18.198 participantes 7 días después de recibir la segunda dosis; mientras que en el grupo placebo se registraron 162 casos de entre 18.325 participantes».

Con estos datos el laboratorio publicitó una eficacia del 95% de la vacuna en comparación con los no inoculados. Pero desde Liberum denuncian que «esta forma de expresión de eficacia de un medicamento es tendenciosa y engañosa»: «En términos absolutos, la realidad fue que la incidencia de PCR+ había sido del 0,8% en el grupo placebo (162/18.325), en comparación con el 0,04% del grupo vacunado (8/18.198), una diferencia de 0,76%». Con arreglo a estos datos, se preguntan «por qué se tenían que vacunar los niños, cuando debería prevalecer el interés superior del menor, si no son reservorio de esta enfermedad».

Llamada a más padres

Esta es la primera denuncia en la que los progenitores piden cuentas a las autoridades por la muerte de sus infantes tras la inoculación contra la Covid-19. El Diario de Sevilla informó el pasado mes de junio de cómo al menos siete personas habrían denunciado a Sanidad por lesiones graves tras recibir alguna de las dosis del remedio contra el coronavirus. Uno de ellos, representado por el bufete del abogado Fernando Osuna, reclamó más de un millón de euros por haber perdido «el 97% de su visión», amén de tener limitaciones en las piernas.

La intención de la denuncia es, también, llamar a la acción a otros padres que se encuentren en una situación similar. «Estas tres muertes de jóvenes deportistas, o realizando una actividad física, no son las únicas en nuestro país», reza la denuncia, que expone decenas de casos, con capturas de publicaciones periodísticas, de fallecimientos de otros menores haciendo deporte.

Desde la Asociación Liberum lanzan una pregunta a las autoridades sanitarias: «¿Cuántos niños fallecidos más necesitan para comenzar a investigar?».

Fuente: The Objetive