Los ciudadanos ucranianos huyendo del país por la frontera con Polonia en una imagen de archivo

Polonia ha comenzado a deportar a ciudadanos ucranianos acusados de facilitar la ‘evasión’ al extranjero de compatriotas en edad militar y a otros que residen ilegalmente en su país tras haber escapado de la guerra mediante el pago de sobornos. Un acuerdo con el Gobierno de Zelenski ha permitido iniciar este ciclo de extradiciones con el que Kiev quiere forzar el regreso de los fugados y alistarlos para enviarlos a las trincheras. No sólo Varsovia, sibno también otros gobiernos de la UE recibirán previsiblemente en las próximas semanas miles de solicitudes de extradición por parte de la Justicia ucraniana.

La exrepública diferencia entre los compatriotas en edad militar que residen en el extranjero por causas justificadas y quienes lo han hecho de forma fraudulenta infringiendo la ley marcial. Solo por citar un dato, en el año y medio que dura ya la invasión, Polonia ha recibido a 2,7 millones de ucranianos comprendidos entre los 18 y 60 años; es decir, el tramo de edad en el que pueden ser convocados a filas. Mientras una parte de este contingente ha regresado posteriormente a su lugar de origen para alistarse o aguardar en la reserva, según informa el medio nacional Rzeczpospolita, otros miles se han dispersado por terceros países. En territorio polaco se calcula que quedan 80.000 ucranianos en una situación aparentemente irregular, a quienes ahora el Gobierno de Zelenski intenta hacer regresar de manera forzosa.

“Se trata de un número significativo para Ucrania porque esta gente puede ser movilizada y reforzar las tropas en el frente”, ha advertido el portavoz presidencial ante la Rada Suprema, Fiodor Venislavski. Precisamente, el Parlamento ha dado también otro paso en orden a alimentar unas fuerzas armadas seriamente diezmadas en estos últimos meses de combate, al aprobar una modificación de la ley de exenciones militares que reduce sustancialmente el número de motivos liberadores de la llamada a filas. Paradójicamente, es el último decreto firmado por el exministro de Defensa Oleksiy Reznikov antes de su cese este fin de semana. La nueva legislación obliga a los pacientes que sufren trastornos mentales leves, enfermedades neuróticas o deficiencias funcionales menores a alistarse en los centros de reclutamiento y tomar las armas.

La Fiscalía sabe que el número de personas que han eludido la ley marcial es muy abultado. La salida ha sido un goteo constante desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022 sin que haya funcionando ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno, como el aumento de los controles fronterizos y la expedición de permisos individuales o carnés diplomáticos, destinados a evitar en este caso las escapadas de diputados, funcionarios y cargos de la Administración. Una investigación conjunta del fiscal, el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia puso de relieve este agosto la existencia de una enorme trama de sobornos a médicos, empleados de fronteras y responsables de los casi 200 centros de reclutamiento regionales, que fueron cesados en masa por orden directa del presidente.

La Fiscalía puede “perseguir” a los ucranianos en el extranjero mediante le expedición de órdenes internacionales, pero siempre con la colaboración de los gobiernos donde sean localizados, ya que la extradición compete en última instancia a los tribunales de cada país. Así se ha hecho con Polonia, que ha entregado ya a las fuerzas de seguridad a varios sospechosos de ‘facilitar’ los saltos clandestinos de la frontera..

Fiodor Venislavski justifica esta persecución porque la mayoría de los huidos cometieron una ilegalidad punible al sobornar a los guardias fronterizos. Aparte de las personas que han contado con la ayuda de mafias o han pagado coimas a los funcionarios, la Justicia buscará a quienes salieron con una autorización oficial y no han regresado. Según datos de la propia Administración, 96.442 reclutas han recibido permiso para viajar al extranjero y 9.373 no han regresado.

Revisión de informes médicos

Son muchos más, sin embargo, quienes han intentado -y logrado- marcharse con documentos falsificados donde justificaban viajes por motivos de trabajo y labores humanitarias o les acreditaban como camioneros o segundos chóferes. Decenas de excusas para atravesar unas barreras ya multiagujereadas por sobornos de entre 3.000 y 10.000 euros, en función de si iban destinados a médicos, reclutadores o guardias fronterizos, el origen de los pagadores o la rapidez a la que necesitaban abandonar Ucrania.

Como una muestra del rigor con el que se toma este asunto, el Ejecutivo ha puesto en marcha una revisión de todos los certificados médicos por incapacidad emitidos desde el primer día de la guerra. Quiere así detectar informes irregulares y a sus beneficiarios, de modo que el fiscal pueda imputarlos, enviar sus identidades a la Interpol y reclamar su entrega. “Si una de estas personas es detenida en un control de tráfico, podemos ver en nuestra base de datos si la Fiscalía ucraniana lo busca. Lo podemos detener, informar a Kiev y poner en marcha su extradición”, explicó ayer un portavoz de la Policía polaca.