El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont

Francisco Marhuenda.- Me temo que a Rubiales le va la marcha y que se siente muy feliz inmerso en el conflicto provocado por el beso robado. Al principio ignoró lo sucedido y no supo gestionar la crisis. Desde luego, mostró su incompetencia como comunicador. La soberbia es una mala consejera y tiene un equipo que no le supo orientar. Una disculpa creíble hubiera puesto fin a la crisis. Una comparecencia pidiendo perdón, sin presiones a la jugadora y prometiendo que no lo volvería a hacer. El problema es que le gusta tocarse el paquete en público para celebrar una victoria. Es el típico macarra dispuesto a cualquier cosa con tal de sobrevivir. Su origen podría ser un mérito, pero en este caso es un demérito. Su trayectoria muestra que es un enemigo peligroso. A esto se une que está acorralado, tiene recursos económicos y cuenta con aliados que entienden que en un momento de euforia se puede dar un «pico» sin preguntar o tocarse las pelotas al estilo Torrente. La realidad supera la ficción, aunque el genial Santiago Segura nos ha dejado películas extraordinarias. No me puedo resistir a imaginar a Rubiales de colega del zafio y grosero Torrente.

Es bueno recordar que es un luchador que se ha abierto camino hasta alcanzar una posición de privilegio y poder. No querrá renunciar a ella. Me imagino que sus colegas de la Real Federación de Fútbol se deben sentir identificados con su lenguaje, sus gestos y su altanería. Las declaraciones en su contra se suceden, así como las renuncias para presionarle a dimitir. La guerra ahora entra en un terreno complicado. En primer lugar, está la actuación del Gobierno en la vía administrativa y que, como es lógico, controla. La sanción del TAD se puede dar como segura y será rápida. La presión mediática, pública y política, garantizan que llegue a buen puerto. La primera decisión será adoptar la medida cautelar de suspenderle temporalmente como presidente de la Federación. Esto tiene la ventaja de apartarle de su centro de poder y recursos. Por supuesto, el Gobierno tiene una fuerza enorme para presionar a los miembros de la Asamblea y amenazarles, discretamente, si siguen apoyando a Rubiales.

Cabe suponer que el presidente de la Federación se habrá buscado el mejor equipo jurídico posible, porque la guerra será larga, compleja e intensa. El trámite administrativo, donde se escuchará a los afectados, abrirá paso al proceso judicial. Lo van a liquidar aplicando el concepto de «falta de decoro en el ámbito deportivo y abuso de autoridad». La sanción económica es lo menos importante, porque lo que se quiere conseguir es que sea inhabilitado. La clave es que el TAD decida esto último, por lo que perdería el cargo salvo que en la justicia ordinaria le concedieran la suspensión de la sanción. Todo indica que dará la batalla hasta el final, porque el botín bien lo merece. Hay que esperar a que Jenni Hermoso, que es la afectada, presente la querella en su contra. No hay otro camino, porque sería insólito que no lo haga. En este caso tiene que defender su honor en los tribunales. En este punto de la guerra que ha desatado Rubiales con su comportamiento en la Asamblea de la Federación no son suficientes los comunicados o las declaraciones airadas, porque se entrará en el terreno judicial, donde lo importante son las pruebas que pasarán por analizar los videos, las fotos, las declaraciones y los comportamientos.

El problema para Rubiales es que el procedimiento para su suspensión será rápido, pero la lucha en los tribunales será muy larga. En frente tendrá al Gobierno que tiene recursos ilimitados y los pleitos le salen gratis total, pagamos todos los españoles. Cuenta con juristas de gran calidad que se verán incentivados por unos jefes que quieren acabar con Rubiales y lo que representa. El fútbol institucional necesita un saneamiento para que esté a la altura de los deportistas, los técnicos y la afición. Hay presidentes y directivos excelentes que se ven oscurecidos por personajes como Rubiales. Ha existido una gran impunidad, así como una actitud indolente por parte del Gobierno de Sánchez. No puede ser que exista este ámbito de impunidad. Es cierto que el sanchismo y sus adláteres como los podemitas no son muy creíbles en este terreno, porque nunca asumen responsabilidades, pero esto no es justificación para la actitud desafiante de Rubiales. Es muy interesante constatar la ofensiva mediática contra este patán frente a lo sucedido en la ley del solo sí es sí donde encontré a faltar contundencia en la izquierda mediática.

Lo que hizo Rubiales fue impresentable y merece ser inhabilitado, pero es infinitamente más grave lo que ha sucedido con esa ley. En cambio, las ministras Belarra y Montero, así como sus colaboradoras siguen en sus cargos. Por supuesto, el sanchismo mediático no pidió las mismas responsabilidades que ahora está exigiendo a Rubiales. He de insistir en que tiene que dimitir o ser destituido, pero lo mismo tendría que haber sucedido con las responsables de aquella ley. La cuestión de fondo es que el bien jurídico a proteger, al igual que las mentiras del sanchismo, es la continuidad de Sánchez en La Moncloa e impedir que gobierne el centro derecha. Al final, la alarma social es lo que decide el Gobierno. En las próximas semanas veremos cómo se adquieren compromisos que vulneran la Constitución, aunque Conde-Pumpido se encargará de interpretarla al servicio del sanchismo y el uso alternativo del derecho. Por tanto, de 2 a 15 años de inhabilitación para Rubiales, amnistía para los que dieron un golpe de Estado y acercamiento y tercer grado para los etarras de las bombas lapa y los tiros en la nuca.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)