Resulta difícil elegir la peor de las decisiones adoptadas por el Gobierno socialista que finaliza legislatura este domingo, en relación con la Justicia. En los últimos cuatro años, Pedro Sánchez ha perpetrado todo tipo de maniobras orientadas a controlar el Poder Judicial y ha permitido que sus socios de coalición de Podemos atacasen a jueces y fiscales cada vez que se hacía pública una sentencia que no se ajustaba a sus ideales. El nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general, sin solución de continuidad, inauguraba una de las etapas institucionalmente más oscuras en la historia reciente de nuestro país.

Así las cosas, el próximo Ejecutivo que salga de las urnas este 23-J tendrá que abordar un reto mayúsculo con la Justicia en sus primeros 100 días: implantar medidas urgentes que pongan fin a una parálisis que afecta desde la falta de medios en los juzgados de base a las vacantes sin cubrir en los más altos tribunales de nuestro país.

La renovación del CGPJ

A este abogado y catedrático le corresponderá la misión de retomar los nombramientos de jueces y magistrados una vez que el nuevo Gobierno rehabilite sus plenas funciones, hurtadas por el Ejecutivo anterior en materia de designaciones discrecionales. No en vano, las audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Supremo, que agoniza con más de una veintena de huecos sin cubrir, han dado la voz de alarma desde hace meses sobre su situación crítica. Todo ello mientras se gesta la reforma legal que modifique el sistema de elección de los vocales para que, de acuerdo a los estándares de Europa, sean los jueces los que eligen a sus propios representantes.

La independencia de la Fiscalía General

La mayor parte de los partidos políticos incluyen en sus programas electorales una reforma del Ministerio Público orientada a la mayor independencia de la institución. A nadie escapa ya que la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado y la sucesión de la misma por su mano derecha Álvaro García Ortiz, han convertido la Fiscalía en un «sultanato» que ha servido para colocar a sus más afines en las plazas de mayor responsabilidad en el escalafón.

A la nulidad de varios de los nombramientos de Delgado, entre los que se sitúa el del fiscal de Sala de Menores, hasta en dos ocasiones, se suman aquellos de los que se ha beneficiado ella misma.

El primero, como titular togada de la plaza de lo Militar del Supremo que, hace unos días, rechazaba archivar por pérdida de objeto la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. El segundo, ya recurrido por dos de las principales entidades profesionales de la Carrera –la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– el de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Una plaza creada a su medida, en cuya confección legal participó como Ministra de Justicia y sobre la que planean importantes defectos de forma, desde la concesión de la plaza en un Pleno extraordinario del Consejo Fiscal en la que se negó a participar la mayoría de miembros del órgano, hasta las sospechas de «incompatibilidad» de las funciones del cargo con la actividad profesional de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que podrían suponer un «conflicto de intereses» insalvable para su perfil.

La subida salarial de jueces y fiscales

Entre los principales escollos a los que se ha enfrentado el Gobierno de Pedro Sánchez en sus últimos meses de andadura han sido las huelgas consumadas y anunciadas de los principales operadores jurídicos: Letrados (LAJ), jueces, fiscales y funcionarios. Varios conflictos colectivos que han provocado importantes retrasos en el día a día de una actividad judicial ya de por sí colapsada por la falta de medios humanos y materiales. Un escenario que requerirá de una actuación rápida y eficaz tras el 23-J.

De nada han servido los pactos suscritos entre el Ministerio que lidera una desaparecida Pilar Llop, ni las buenas palabras de sus interlocutores, con los LAJ y los miembros de la Magistratura y el Ministerio Fiscal para acometer la subida salarial pendiente desde hace varios años.

Pese al compromiso verbal que desde el Departamento de Justicia se había adquirido con todos ellos para que las medidas acordadas entrasen en vigor antes del último Consejo del Ejecutivo, este pasado martes, ni rastro de su aprobación.

El tema «no se ha tratado» zanjaba la portavoz de Moncloa, Isabel Rodríguez, al término de la reunión. Un nuevo incumplimiento de la palabra de Pedro Sánchez y una patata caliente para quien sea su sucesor.