Franco, aclamado por cientos de miles de españoles en la madrileña Plaza de Oriente

El martes, coincidiendo con el 87 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía la retirada de la Medalla del Mérito en el Trabajo a Francisco Franco y a otros destacados dirigentes vinculados con la dictadura, una medida impulsada por el ministerio del que es titular la vicepresidenta Yolanda Díaz, en aplicación del artículo 42 de la Ley de Memoria Democrática.

La disposición fue acordada en el Consejo de Ministros celebrado una semana antes, pero el Gobierno esperó al 18 de julio para hacerla oficial. La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 663/2023, de 11 de julio, por el que se dispone «revocar, a título póstumo, la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo concedida a don Francisco Franco Bahamonde».

La entidad acompaña en su recurso, que ya ha sido admitido a trámite, copia de la disposición impugnada, así como el certificado de la Junta General Extraordinaria de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, celebrada con carácter extraordinario el mismo 18 de julio.

Sus responsables entienden que no debe reescribirse «partidariamente la historia», utilizando estos «gestos políticos» como «propaganda electoral», teniendo en cuenta además que «jurídicamente no pueden revocarse títulos o distinciones a título póstumo, puesto que los honores y distinciones de este tipo se extinguen con la vida de quien los ostenta». «Por lo tanto», en opinión de esta entidad, «no puede quitarse algo que alguien ya no posee, cometiendo con ellos un acto que es nulo de pleno derecho al tener una finalidad imposible», y por este motivo solicita «la nulidad del real decreto».

Para la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, «estos y otros actos propagandísticos solo obedecen al odio, al rencor y a la ignorancia de quienes sólo buscan reescribir la historia desde su posición de privilegio político».

En aras de este objetivo, la entidad afirma que «seguirá actuando siempre en defensa de la verdad, utilizando como en este caso todos los medios legales a su alcance para no permitir que se cometan estas tropelías políticas sin ningún fundamento jurídico, tropelías motivadas únicamente por el odio y el rencor ideológico, sin ética, razón y como consideramos sin fundamento jurídico alguno».

Además de a Franco, el Gobierno revoca a título póstumo la distinción a otros ocho altos cargos de la dictadura, a antiguos militares y ministros como José Luis de Arrese, Juan Yagüe, José Antonio Girón, Jesús Romero Gorría, José Solís Ruiz, José María Fernández Ladreda (también exalcalde de Oviedo), el cardenal Enrique Plá y Deniel y el militar y exalcalde de Cádiz José León de Carranza.

Entre los reales decretos que aparecen en el BOE, el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz recuerda que Franco fue galardonado el 18 de julio de 1953 con la Medalla de Oro Laureada al Mérito y al Sacrificio en el Trabajo, la que ahora se le retira porque «formó parte» del «aparato de represión de la dictadura franquista». «Los hechos incorporados al expediente permiten deducir que el ciudadano distinguido apoyó y colaboró activamente con las fuerzas que en julio de 1936 se sublevaron contra el régimen democrático y constitucional de la Segunda República española que desembocó en la Guerra Civil de 1936-1939», expone Trabajo sobre Franco. Y añade que, con posterioridad, integró «el aparato de represión de la dictadura franquista, realizando actos y observando conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos, desde su posición como cargo público» en el régimen que instauró.