Palacio de Justicia de Gijón.

Al Ministerio de Justicia le queda un último escollo de envergadura tras solventar las huelgas de letrados judiciales, primero, y de jueces y fiscales después. Esta asignatura pendiente son los funcionarios de justicia, en huelga parcial desde abril y dispuestos a partir de este lunes de convertirla en indefinida.

El reto del departamento que dirige Pilar Llop es desactivar el paro de los funcionarios de su Ministerio, que reclaman también para sí un incremento salarial de en torno a los 400 euros y el compromiso de reforzar los medios humanos y materiales. “A partir del 22 de mayo, huelga indefinida en la Administración de Justicia. No al clasismo. No a los privilegios”, reza el lema de las organizaciones convocantes, entre las que figuran CSIF, CC OO y UGT.

El pasado jueves los representantes sindicales de los funcionarios se levantaron de la mesa de negociaciones ante los representantes de Justicia y Hacienda antes de pactar unos servicios mínimos para una huelga indefinida que ya dieron por segura a partir de este lunes. Su argumento es que no se puede conversar ante “un Gobierno sordo y ciego ante una justicia que revienta por los cuatro costados”.

Según argumentan los sindicatos, “la cerrazón del Gobierno ya ha motivado 500.000 juicios suspendidos y aplazados, más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados que ven sus juicios demorados varios meses o años y sus asuntos paralizados por la actitud irresponsable de las Ministras de Justicia y de Hacienda y del Presidente del Gobierno que tiene la petición de intervención en el conflicto en su mano”. “Somos -se añade- el 93% de la oficina judicial y quienes sacamos adelante el ingente trabajo en los Juzgados que otros cobran”.

Los funcionarios piden disculpas públicas a los ciudadanos, pero mantienen su pulso con el Gobierno. El pasado viernes la ministra Llop, jueza de carrera, recibió un sonoro abucheó durante la entrega de premios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al grito de “un mes de huelga sin negociación”.

‘Subida justificada’
Al margen de los funcionarios, el resto de componentes del sistema judicial considera justificable revisar al alza los salarios, más aún teniendo en cuenta que sin estos profesionales sería imposible llevar el día a día de los juzgados. “Son los funcionarios los que abren las puertas a la sala o se encargan de que las vistas se graben correctamente”, señala un profesional de la judicatura a modo de resumen de la labor de estos profesionales antes de detallar todas y cada una de las funciones que realiza . Sin estos compañeros los tribunales se paralizarán, añade.

Los sindicatos apostaron al principio por paros parciales en los días en los que la agenda marcaba los juicios, justo en los que más impactan sus protestas. A partir de este lunes irán más allá y apostarán por una huelga indefinida que paralizaría por completo los juzgados, más aún sin un acuerdo sobre los servicios mínimos.

Los problemas en la Justicia le han estallado al Gobierno de Pedro Sánchez en plena campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo, y con las generales de diciembre en el horizonte. Lo ha hecho además en el poder judicial en torno al que izquierda y derecha se lanzan día sí y al otro también acusaciones mutuas de “politización”.