Jorge Fernández Díaz.- Con la Constitución como sólido cimiento, el Código Civil y el Código Penal constituyen las dos columnas principales sobre las que se asienta el edificio del orden jurídico de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

En España la Carta Magna fue elaborada de principio a fin por consenso de las Cortes Constituyentes para permitir que pudieran gobernar con ella gobiernos de signo político distinto, evitando la situación creada en el siglo XIX de Constituciones «a la carta» elaboradas por las correspondientes mayorías de gobierno. Hasta la llegada del sanchismo, esos dos Códigos, piezas legales que deben garantizar una correcta convivencia en una sociedad plural regulando principios, usos y costumbres arraigados en ella como valores compartidos, –y que por lo mismo es preciso preservar–, fueron reformados con acuerdo político del gobierno y la oposición y con un procedimiento que garantizaba su solvencia y rigor jurídico. Así por ejemplo, el denominado «código penal de la democracia» fue aprobado en 1995 por una amplia mayoría parlamentaria tras debatir el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de Felipe González, y atendidos los dictámenes de los altos órganos consultivos –Consejo de Estado y CGPJ– además de la Comisión General de Codificación.

Se trataba de garantizar el rigor jurídico y de huir del «trágala» que los liberales impusieron a los absolutistas en 1820 cuando con el pronunciamiento de Riego quisieron que se «tragaran» el nuevo orden político los partidarios de Fernando VII, y que popularizaron con la canción que así comenzaba. Ese trienio de 1820 a 1823 autodenominado liberal, estableció un funesto precedente de «trágalas» alternativos hasta la Restauración de 1876 que Cánovas y Sagasta establecieron, manteniendo un «turnismo» que consiguió una estabilidad institucional que sobrevivirá hasta el 14 de abril de 1931 con el interregno de la dictadura de Primo de Rivera de 1923.El sanchismo ha restaurado el funesto trágala reformando el Código Penal «a la carta» de los secesionistas condenados por el Tribunal Supremo, eliminando nada menos que el delito por el que fueron juzgados, simplemente para que ellos le garanticen la supervivencia en La Moncloa.

Pero no acaba ahí su «trágala» sino que ha impulsado otra reforma más del citado Código –sin contar tampoco con la oposición– para imponer nada menos que la ideología de género a la sociedad, lo que hizo sin proyecto de ley y sin los dictámenes precisos para asegurar cuando menos su rigor jurídico y así tenemos el despropósito de la ley del «solo Sí es Sí» y la ley Trans. El sanchismo gubernamental es la expresión del despotismo del «trágala» y además insolvente.