Gámez, el pasado miércoles, tras presentar su dimisión.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional apunta a que el marido de la ya exdirectora de la Guardia Civil María Gámez se enriqueció de forma ilícita haciendo de intermediario y comisionista entre la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves y José Antonio Griñán y las empresas que buscaban subvenciones de la administración autonómica.

Ese informe remitido recientemente por la Policía al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el conocido como ‘caso Santana Motor’, es el que explica la decisión de imputar al cónyuge de Gámez, Juan Carlos Martínez Martínez, y la consiguiente renuncia el pasado miércoles de su mujer a seguir dirigiendo el instituto armado.

En ese documento, al que ha tenido accceso este periódico y que ha sido ya incorporado al sumario, los investigadores del Grupo de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Judicial zanjan que los pagos realizados a una empresa propiedad de Juan Carlos Martínez «pueden ser un mecanismo de retribución por la concesión de dichos fondos públicos».

Esas supuestas mordidas con cantidades «importantes» -explica el informe- habría sido la contraprestación por parte de, al menos, cinco empresas concretas: Santana, Fagfia, Fasur, Isofotón y Laboratorios Rovi.

En realidad, la UDEF pone en su punto de mira por «lucro injusto» al marido de Gámez y a dos de los cuñados de la exdirectora, Bienvenido y Manuel. La Policía sostiene que dos de las gestorías que los tres hermanos dirigían (Experience Management Group S. L., propiedad de Bienvenido, y a Job Management Liberty S. L., de la que es administrador único Juan Carlos Martínez) recibieron esos «importantes ingresos» por parte de las empresas beneficiadas de ayudas poco después de recibir las subvenciones de los ejecutivos socialistas.

Las sospechas policiales se basan, y así lo recoge en el informe incorporado a la causa, en que Bienvenido Martínez, uno de los hermanos del marido de la exdirectora de la Guardia Civil, desempeñó cargos relevantes en la Agencia IDEA, la que pagaba los fondos de los ERE. Concretamente, Bienvenido fue el director de Inversiones Estratégicas de IDEA entre junio de 2008 y octubre de 2009.

Tras la recepción de esas ayudas a las que supuestamente Bienvenido habría coadyugado, fue cuando las empresas beneficiarias hicieron inversiones millonarias en las empresas de los hermanos Martínez.

Ahora, también, la Justicia intenta aclarar además el dinero que Juan Carlos Martínez recibió de empresas de su hermano Bienvenido. Éste recibió cerca 1,3 millones de euros de fondos públicos del Gobierno andaluz entre 2007 y 2011 a través de firmas públicas y privadas mientras ostentaba altos cargos en la Administración andaluza.

La Policía ya ha constatado que un día después de que Bienvenido abandonara la Agencia IDEA, el 31 de octubre de 2009, comenzó a facturar a través de su empresa Experience Management Group S. L. para gestionar el Centro de Negocios que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa había abierto en Madrid.

El instructor ya califica esa maniobra de «absolutamente fraudulenta» y en la UDEF se apunta a que el marido y los cuñados de Gámez directamente crearon un oficina paralela privada para gestionar y garantizar las ayudas de la Junta a cambio de comisiones altísimas, valiéndose de los contactos que Bienvenido cultivó en su paso por IDEA. De hecho, la empresa del cuñado de Gámez se creó solo dos meses antes de que empezara a trabajar para la Consejería de Innovación.

La UDEF, en ese mismo informe, insiste en la responsabilidad directa de Juan Carlos Martínez en las presuntas corruptelas de sus hermanos, sobre todo porque se benefició personalmente de esas mordidas. El informe insiste en «el aumento patrimonial» del marido de la exjefa de la Guardia Civil, particularmente entre 2009 y 2012, cuando compró inmuebles por «un importe superior a un millón de euros».

Según una investigación del diario ‘El Debate’, Gámez y su marido adquirieron un ático dúplex valorado en un millón de euros en una playa de Málaga en junio de 2012, coincidiendo con ese aumento patrimonial al que la UDEF no encuentra explicación. De acuerdo con este mismo medio, la exdirectora del instituto armado y su cónyuge, en julio de 2020, en plena pandemia, adquirió a toca teja otra vivienda en Málaga valorada en 300.000 euros.

El otro aspecto que está investigando la UDEF, según se infiere de los documentos que obran en el sumario, es la posibilidad de que el propio Juan Carlos Martínez usara su influencia en las sociedades de la Junta que se dedicaban a repartir las subvenciones para beneficiar a empresas amigas.

Y es que el marido de la ya exdirectora ocupó tres cargos asignados a dedo en sociedades participadas por IDEA: subdirector de Incubadora de Emprendedores SLU (Incuba), subdirector de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S. A. (Soprea) y asesor de Fomento Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S. L. (Fagio).