El 7 de diciembre de 2022 pasará a la historia en Perú por el fallido autogolpe de Pedro Castillo, al mismo estilo del expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. La diferencia es que Fujimori tuvo de su lado a las Fuerzas Armadas y a un partido político para mantenerse en el cargo hasta el año 2000, mientras que a Castillo no solo los militares le dieron la espalda, sino también sus propios ministros, quienes fueron renunciando minutos después de que el expresidente anunciara la repentina disolución del Parlamento, y terminara, en cuestión de horas, preso.

Por el momento, el Poder Judicial ha ordenado siete días de detención preliminar contra Castillo, como parte de una investigación inicial que se le sigue por el presunto delito de rebelión. El juez supremo Juan Carlos Checkley accedió al pedido de la Fiscalía, alegando que la medida era necesaria para realizar pesquisas orientadas a, entre otras cosas, identificar qué otros funcionarios participaron en el presunto delito de rebelión.

Asimismo, para evitar el riesgo de que Castillo se fugue al extranjero, citando la intención de este de ir a la embajada de México en Lima al momento de su detención. Precisamente, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha confirmado que Castillo lo llamó por teléfono para pedirle asilo y ha reiterado su intención de brindarle esa protección. Pero, ¿es posible que la Justicia peruana le deje a Castillo el camino libre para un exilio mexicano? ¿Qué le espera al maestro rural en términos judiciales?

Mínimo dos décadas en prisión

“Un asilo no es posible. Ya existe un proceso legal de la Justicia peruana. Otra hubiese sido la circunstancia, si es que Castillo lograba entrar en la embajada mexicana”, explica a DW desde Lima el abogado penalista Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal (IDL). En ese sentido, el ofrecimiento de AMLO, cree el especialista, parece más bien para “las tribunas y una determinada comunidad internacional”.

En esa misma línea, el politólogo peruano José Alejandro Godoy recordó los lazos estrechos que ha habido entre ambos dirigentes izquierdistas: “López Obrador ha tenido una relación cercana con Castillo. Es básicamente una relación padre-hijo”. De lo que Castillo debería estar realmente preocupado son las dos décadas, como mínimo, que podría pasar en prisión. “Es probable que, después de los siete días de detención preliminar, Castillo reciba 36 meses de prisión preventiva”, afirma el jurista Rivera Paz.

Algo que, desde su punto de vista, no sería necesario, porque Castillo fue detenido en flagrancia. “Es decir, hay evidencia palpable y concreta de que se ha cometido un hecho delictivo y, en estos casos, incluso, existe la posibilidad de que las personas sean condenadas en 48 horas”, detalla el especialista. En todo caso, “por los delitos de rebelión y sedición que le ha imputado la Fiscalía por violar el artículo 117 de la Constitución, Castillo podría recibir una condena de hasta 20 años de cárcel”, afirma Rivera Paz.

Qué dice la Constitución

Según el artículo 117 de la Constitución peruana, el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso -salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución- y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

En la excepción que da el artículo 134, el presidente solo tiene la potestad de disolver el Parlamento, si este ha censurado o negado su confianza a dos gabinetes ministeriales, cosa que no había sucedido. Es por ello que, poco después del anuncio de Castillo en televisión nacional, el Tribunal Constitucional calificó como “golpe de Estado” el cierre del Congreso, aclarando que “nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador”.

En seguida, el TC exhortó al Parlamento a “actuar conforme a sus atribuciones y competencias” e hizo un llamado a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para que asumiera el gobierno de la nación. Además, convocó a la Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía Nacional a “actuar conforme a ley y proceder contra quienes se han puesto al margen de esta”.

Suicidio político

De ese modo, el Parlamento procedió a destituir a Pedro Castillo mayoritariamente por “permanente incapacidad moral”, según lo establecido en la Constitución. Sin embargo, para ese día, ya se tenía planeado votar en el hemiciclo, por tercera vez, una moción de destitución contra el expresidente. Dicho pedido inicial de vacancia se basaba en investigaciones fiscales como organización criminal, tráfico de influencias o colusión.

Pero Castillo calculó mal antes de su anuncio, porque no habrían existido los votos necesarios para destituirlo. “Esto ha sido claramente un suicidio político”, opina el politólogo Godoy, y señala al entorno más cercano de Castillo. “Todo indica que la hasta entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y el expremier Aníbal Torres fueron su principal soporte”, sostiene.

“Castillo va a ser seguramente condenado por los delitos de quebrantamiento del orden constitucional y aparte están las investigaciones por corrupción”, dice el abogado penalista Rivera Paz. Desde hace algunos años, en Perú, se permite la acumulación de condenas. “Por ello, además de la pena por rebelión, es probable que por el caso de organización criminal sea condenado hasta 30 años más”, afirma Rivera Paz. Pero eso no significa que Castillo pasará 50 años en prisión, aclara el experto, “porque la acumulación de las penas tiene un máximo de 35 años”.