Gabriela Moreno.- Si logra aprobarse la Ley Trans que promueve la ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, cualquiera podrá cambiar de sexo, volver al original y luego solicitar una nueva rectificación en un plazo de 24 meses sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos, incluyendo a menores a partir de 16 años, quienes no requerirán consentimiento de sus padres.

Un reporte de Ok Diario revela que «la polémica Ley Trans permite cambiar de sexo en el registro varias veces y con plazos reducidos. Tanto como que, en apenas dos años, una persona podrá haber registrado tres cambios sin casi condicionantes».

El procedimiento para registrarse con un nuevo sexo es breve. El proyecto que está en discusión en el Congreso establece cuatro meses para concretar el cambio. El proceso se compone de pocos pasos: la presentación del interesado ante el registro para exponer su voluntad de cambio, completar la solicitud por escrito y acudir a una citación para expresar su disconformidad con el sexo que consta en su inscripción de nacimiento.

Tres meses para el primer cambio

«En el plazo máximo de tres meses desde dicha comparecencia, la persona será citada de nuevo para que ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión. Una vez cumplido el trámite, el registro dictará resolución en el plazo máximo de un mes», indica el medio español.

Así, cualquiera pasará de hombre a mujer o viceversa, considerando que la iniciativa de Montero también permite retractarse del primer cambio, apelando a la «reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas» para lo cual sólo es necesario que hayan transcurrido seis meses desde el primer cambio de sexo. El procedimiento será el mismo que el anterior y permitirá en un plazo de 14 meses un cambio de sexo y regreso al original sin mayores complicaciones.

Trámite con requisitos mínimos

La Ley Trans de Irene Montero autoriza además nuevos cambios de sexo tras los primeros dos efectuados. En este caso, el solicitante deberá contar con el aval de un juez, porque existiría la disposición para la «aprobación judicial de la nueva modificación de la mención registral relativa al sexo con posterioridad a una reversión de la rectificación de la mención registral».

Sin embargo, estos vaivenes para definir el género tendrán exigencias mínimas porque la iniciativa de la ministra izquierdista tampoco estima plazos para promover este nuevo expediente.

«La persona simplemente deberá presentar una solicitud para revertir la rectificación del sexo, que deberá ir acompañada de medios de prueba que, en cualquier caso, no podrán ser informes médicos y psicológicos».

Bajo ese marco, «una vez admitida a trámite la petición, el juez citará al solicitante para que comparezca y, asimismo, podrá solicitar la práctica de cualesquiera otras pruebas que considere oportunas». Después, resolverá teniendo en cuenta «el interés superior del menor», cuando sea el caso.

Una ley con excesos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado cuestionan la flexibilidad para el cambio de sexo de la Ley Trans de Montero.

Las instancias exhortan a limitar los cambios de sexo atendiendo al «orden público». Para el Consejo de Estado, el plazo de seis meses para la reversión resulta «insuficiente» y exhorta a «imponer un límite cuantitativo –número de veces que una persona podrá instar– a la rectificación de la mención registral relativa al sexo y su reversibilidad», mientras que el CGPJ, considera que la reversión debe tener un carácter «absolutamente excepcional» que debe ejecutarse «siempre bajo la decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada».

Además, ambas instancias cuestionan que todo el personal que conforma el aparato estatal de España junto con los funcionarios de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y diplomáticos tengan que capacitarse de forma «continuada» sobre «diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, diversidad familiar, igualdad y no discriminación de las personas LGBTI» por orden de esta Ley Trans, sobre la que Vox y el Partido Popular presentaron enmiendas.

Sin embargo, en la Moncloa poco escalan sus observaciones, cuando apegado a una agenda absolutamente progresista, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, autorizó la entrega de 800.000 euros —suma equivalente a 786.000 dólares— a la productora Elástica Films para llevar al cine un largometraje sobre «niños trans o no binaries”.