La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la cantante Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

El ministerio público ha presentado su escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), después de que la artista colombiana rechazara el pasado miércoles la última oferta que le hizo la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio.

Shakira ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que la Fiscalía le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena que podría corresponderle por seis delitos contra la Hacienda pública, cada uno de ellos castigado con penas de hasta seis años de prisión.

Pese a que el pasado miércoles la cantante rechazó el acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen también a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana- hasta el momento de sentarse en el banquillo.

Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio, ante los indicios de que residía en España ya en 2012 y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país.

Esa es la tesis del escrito de acusación de la Fiscalía, que sostiene que la cantante colombiana vivía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en Barcelona y después en una vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense ‘La Voz’ (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

De esa forma, teniendo en cuenta el concurso estadounidense y otras estancias profesionales en otros lugares, la acusada permaneció en España de forma efectiva 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014 y sus ausencias del país “deben calificarse de esporádicas” y computarse como permanencia en este país, según la Fiscalía, que se remite a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Al haber residido en España más de 183 días al año, mantiene la acusación pública, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador”, tanto respecto al IRPF como al impuesto del patrimonio.

Un entramado societario en paraísos fiscales

Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.

La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figuraban formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

“Todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos”, agrega el ministerio público, que cree que el único fin del entramado era “ocultar a la Hacienda pública las rentas y el patrimonio de la acusada”.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” los años 2008, 2012 y 2013, mantiene la Fiscalía.

Esos acuerdos, según el ministerio público, dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

La Fiscalía mantiene que los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”.

El equipo legal de la cantante ha mantenido conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto -que se debería ratificar igualmente en un breve trámite en juicio-, pero el pasado miércoles la cantante rechazó la última oferta y emitió un duro comunicado en el que criticaba la “persecución” a que la sometía Hacienda y la “intransigencia” de la Fiscalía durante todo el proceso.