El que fuera presidente de la Junta de Andalucía durante casi veinte años, el todopoderoso dirigente histórico socialista Manuel Chaves, ha sido condenado por parte el Tribunal Supremo (TS) a nueve años de inhabilitación por los ERE fraudulentos, un caso que resultó la “enmienda” a una década de gestión socialista en Andalucía.

El ‘candidato a palos’ Manuel Chaves -según decía la oposición- desembarcó en Andalucía en 1990 procedente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Felipe González para poner paz entre el omnipotente Alfonso Guerra y el entonces presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, una llegada que al final se convirtió en una estancia de 20 años y que tuvo un epílogo de juicio, dimisión y condena.

Manuel Chaves (Ceuta, 1945) fue uno de los integrantes de la famosa ‘foto de la tortilla’, compañero del despacho laboralista en Sevilla de Felipe González y diputado nacional por Cádiz en las primeras elecciones de 1977.

Fue reelegido en 1979, 1982, 1986 y 1989, y se convirtió en uno de los pesos pesados del socialismo español hasta el punto de ser ministro, presidente de la Junta y vicepresidente segundo del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante seis mandatos compaginó en Andalucía las mayorías absolutas, las simples y ‘pinzas’ por parte de los dos partidos de la oposición -PP e IU- con Javier Arenas y Luis Carlos Rejón, con años de quiebras empresariales en la comunidad andaluza que impedían que las cifras de paro bajaran.

Esta situación llevó a su gobierno a implantar un sistema que agilizó las ayudas y que, en manos de una jueza que instruía el caso de Mercasevilla, encontró y posteriormente juzgó la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

Por aquel entonces, el PP denunciaba las “redes clientelares” del gobierno andaluz pero esta proclama no había llegado aún la Justicia. Desde esa época, los sucesivos ejecutivos de Chaves pasaron de la negativa de los hechos a ceñir cualquier responsabilidad a “cuatro golfos” centrados en la consejería de Empleo donde moraba el ya fallecido director general, Francisco Javier Guerrero, el primero que habló de la existencia de un ‘fondo de reptiles’.

Manuel Chaves fue obligado a renunciar a su escaño para desbloquear la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta -una exigencia de Ciudadanos- y tras devolver el Supremo la causa a la Audiencia de Sevilla al no haber ya aforados, el expresidente de la Junta fue imputado y posteriormente condenado.

Con anterioridad, había sido imputado también su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán, a quien le había dejado el sillón de la Presidencia en 2009. A pesar del proceso judicial, en Andalucía seguía sin haber alternancia en el poder hasta que el PSOE lo perdió en 2018 debido a una suerte de carambolas políticas.

Los esfuerzos argumentales de la defensa de Chaves se han centrado en negar que las resoluciones del Consejo de Gobierno en las que participó como presidente puedan ser consideradas como resoluciones administrativas, y mucho menos de carácter arbitrario, lo que constituye el eje del delito de prevaricación por el que fue condenado a nueve años de inhabilitación. Es la base del recurso al Supremo, que al expresidente de la Junta no le ha servido.