Griñán, en una imagen de archivo entrando en la Audiencia de Sevilla.

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha sido condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE fraudulentos, ha sido víctima, cuando era consejero de Hacienda, de un sistema heredado que la Justicia considera que no frenó pese a haber sido alertado por la Intervención.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia dictada en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla, que consideró probado que había cometido delitos de prevaricación y malversación en el reparto de 680 millones de euros de fondos públicos entre 2000 y 2009 pese a que Griñán -que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009- asegura que no tuvo a su cargo la partida de los ERE ni capacidad de disposición de esos fondos.

Cuando la jueza Mercedes Alaya empezaba a apuntar a la Consejería que dirigía Griñán (Madrid, 1946), su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo -que luego le sustituyó en la Consejería- asumió públicamente que era ella quien recibía los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el procedimiento de las ayudas y que nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos.

En un llamativo café convocado en una sala de reuniones de la Consejería de Hacienda, Martínez Aguayo confesó, ante los atónitos periodistas, que no trasladó los informes de la Intervención a su entonces jefe, el expresidente José Antonio Griñán, y que ni ella misma los leyó con detenimiento.

Los diques políticos de defensa no impidieron que en 2013 anunciara que dejaba su cargo al frente de la Junta de Andalucía, que había ‘heredado’ de Manuel Chaves -también imputado en el caso de los ERE- y donde llevaba ya cuatro años como jefe del Ejecutivo de una comunidad que no conocía otro color político como gobernante que el del PSOE.

Tuvo que comparecer ante el Tribunal Supremo cuando tanto él como Chaves estaban aforados y llegó a reconocer a los periodistas que no creía que “hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude” en el caso de los ERE, un reconocimiento que posteriormente se ha traducido en una sentencia que le condena por su gestión como consejero.

Profesor de Derecho del Trabajo, su primer cargo fue el de viceconsejero de Trabajo en Andalucía en 1982, aunque su carrera política se consolidó verdaderamente cuando fue nombrado consejero de Salud en el primer gabinete de Chaves, desde donde dio el salto al Gobierno central como ministro de Trabajo, para volver de nuevo a la política andaluza como titular de Economía y luego añadiéndole Hacienda.

Presidente andaluz desde abril de 2009 hasta septiembre de 2013, Griñán accedió al cargo tras la dimisión de Chaves, y casi tres años después los electores dieron por primera vez la victoria al PP, aunque sin mayoría absoluta, por lo que siguió gobernando gracias a un pacto con IU.

Ha reiterado ante la Justicia que llegó a la Junta en 2004, por lo que ha dicho carecer de relación alguna de la puesta en marcha del sistema de subvenciones sociolaborales para trabajadores y empresas en crisis, pero la Justicia le ha condenado a penas de cárcel.

Hace unos meses publicó el libro ‘Cuando ya nada se espera’ y entre las innumerables preguntas periodísticas sobre el caso de los ERE confesó que si el Supremo le declaraba culpable, su vida “habría terminado”.