El titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha imputado a la exvicepresidenta de la Generalitat y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra en la causa que investiga la gestión que este departamento hizo en 2017 sobre los abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años por parte de su exmarido.

Unos hechos que podría ser constitutivos de prevaricación administrativa, tal y com detalla el juez en el escrito. En una providencia, notificada este miércoles a las partes, el magistrado cita a declarar como investigada a la dirigente de Compromís el próximo lunes 19 de septiembre a las 9.30 horas.

Oltra dimitió de todos sus cargos el pasado 21 de junio al ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia, a propuesta del mismo juez instructor que encontró «indicios racionales, serios y fundados» de su participación en los hechos que se indagan. Al renunciar al acta de diputada autonómica, perdió su condición de aforada y la causa volvió al juzgado en el que se originó.

Las diligencias se siguen también contra otras trece personas, funcionarios de Igualdad y trabajadores del centro Niño Jesús de Valencia en el que residía la víctima y ejercía como monitor Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso ante el Supremo.

Fue la joven -ya mayor de edad y defendida por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto- la que inició este proceso en los tribunales ante la falta de protección que sufrió tras relatar los abusos en febrero de 2017, según apuntaba la sentencia contra Icardi. La Fiscalía no tuvo conocimiento de los mismos hasta junio de ese año y la menor acudió esposada al juicio en el que declaraba como víctima. La asociación Gobierna-te que preside la cofundadora de Vox Cristina Seguí y la formación de Santiago Abascal ejercen la acusación popular.

Precisamente, como viene informando este periódico , en los últimos días el magistrado ha levantado el secreto de sumario parcial sobre la pieza separada que se abrió en abril a petición de Gobierna-te y por la que la Policía Judicial registró la sede de la Dirección Territorial de Igualdad en Valencia -horas antes de la dimisión de Oltra- para recopilar todos los expedientes administrativos existentes sobre la víctima.

En el centro del caso se encuentra uno de ellos: el polémico informe reservado que se inició cuando la denuncia de abusos ya estaban en manos de los tribunales y un juez había decretado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima.

Un «investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste», según apuntó el instructor en la extensa exposición razonada que elevó al TSJ en abril solicitando que asumiera la causa ante la condición de aforada de Oltra. Además, se orientó a «desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana apuntó a presunta prevaricación en la actuación de la exvicepresidenta, a quien considera la persona que ordenó verbalmente abrir esa investigación. La participación de todos los investigados en los hechos, según el Ministerio Público, sería constitutiva de un supuesto delito de abandono de menores y omisión del deber de perseguir ilícitos.

Pese a no existir pruebas directas, según aseguraron los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ en el auto en el que imputaron a la exdirigente autonómica, sí hay indicios de que se concertó con sus subordinados para ocultar los hechos, salvar a su entonces pareja y mantener su carrera política.

«Al nivel propio de los indicios, no existió en sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos», incidió en su momento el titular de Instrucción número 15.