En la madrugada del viernes al sábado pasado, el periodista Josele Sánchez era detenido nuevamente, de forma presuntamente ilegal, en la localidad madrileña de Alcorcón.

Eran las 3.30 de la madrugada y el periodista pernoctaba en un hotel de Alcorcón cuando recibió la visita de cuatro policías nacionales uniformados que, tras llamar ruidosamente a la puerta, entran sin permiso del hospedado en la habitación, notifican y le comunican su detención.

Desde ese mismo momento y hasta 11 horas después -cuando presta declaración ante el juez de guardia- el detenido no es informado del motivo de la detención ni del juzgado que le reclama pese a que solicita esta información de manera reiterada.

La policía niega la medicación a Josele Sánchez: el periodista exige ser reconocido por un médico

Josele exige ser visitado por un médico ante la negativa de los agentes a permitirle tomar la medicación crónica e imprescindible que debe ingerir a las 7.30 de la mañana (entre ellas morfina a las más altas dosis cuya no administración –además de grandes dolores- puede acarrear síndrome de abstinencia. Josele Sánchez es trasladado a un centro hospitalario de la localidad donde la médico de guardia sostiene (con evidente razón) que los ordenadores no están interconectados entre las diferentes comunidades autónomas por lo que no puede acceder a mi historial médico ni hacerse responsable de la prescripción de una medicación que ella no ha prescrito; pese a ello y por razones humanitarias, la propia doctora sugiere a los agentes administrar en su presencia y en ese mismo centro hospitalario los fármacos requeridos. Los agentes le comunican que ni pueden esperar cuatro horas para que administre dicha medicación ni tampoco puede ser trasladado el detenido nuevamente a La hora indicada para la misma. Ante esto la médico habla con el periodista y le informa que pese a no ser lo indicado sería mejor que aceptase la administración de los fármacos (Lyrica de 300 mg y Targin de 40 mg) en eso momento, cuatro horas antes del horario indicado ya que –según la propia médica afirma- es mejor anticipar la toma a suspender la administración por los graves problemas que de ello pudieran derivarse. El periodista entiende justificado el argumento de la doctora y consiente adelantar su tratamiento cuatro horas (como curiosidad fíjense si será potente el tratamiento paliativo del dolor que consume por prescripción médica que el centro no tiene la presentación en las cantidades que tiene prescritas el paciente por lo que le deben administrar 4 cápsulas de Lyrica de 75 mg y 2 de Targin de 20 mg para completar la pauta de tratamiento de Josele Sánchez).

La policía niega a Josele Sánchez el contacto telefónico con su abogado: 11 horas sin poder beber un trago de agua

En el momento de su detención (a la llegada a comisaría) le son leídos sus derechos y firma haber sido informado de los mismos. Sin embargo solicita (tal y como se le acaba de leer en sus derechos) comunicarse telefónicamente con su abogado. Los agentes le dicen que enseguida se producirá e4sa comunicación. A lo largo de todas las horas de detención Josele reclama insistentemente poder llamar por teléfono a su letrado: los agentes continúan con idéntica actitud, le responden que sí, que in mediatamente se producirá la llamada pero la llamada no se efectúa nunca. Cansado de reclamar su derecho, a media mañana (Josele Sánchez no sabe qué hora es porque le han retirado su reloj y los agentes se niegan a proporcionarle este información) el detenido solicita formalmente un Habeas Corpus, derecho que asiste a todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal. El agente de la Policía Nacional responde literalmente a esta solicitud: “¿Habeas Corpus, enterado de mierda? Tú tendrás un Habeas Corpus cuando a mí me salga de los cojones”

El Hábeas Corpus, por lo tanto, constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos arbitrarios y que garantiza la libertad personal del individuo. El recurso se emplea para impedir abusos por parte de las autoridades ya que obliga a dar a conocer la situación del detenido ante un juez. El Hábeas Corpus es una de las garantías que regula los derechos fundamentales de un individuo y es, también, un mandato constitucional. Es decir que toda persona que se viera privada de su libertad o que sintiera amenazada su seguridad individual, puede solicitar a un juez con jurisdicción en la zona en cuestión un mandamiento de Hábeas Corpus a través del cual se le restituya su libertad.

Josele Sánchez solicita el Hábeas Corpus tras muchas horas detenido (desconoce cuántas) sin saber quién ordena su detención ni de qué delitos se le acusa, habiendo sido privado de su derecho a contactar telefónicamente con familiar y habiendo sido privado de forma fragante de poder hablar con su abogado.
Durante toda su detención (después conocería que ha durado 11 horas) al detenido se le ha negado incluso un trago de agua pese a haberlo solicitado reiteradamente. Cuando es conducido ante el juez lo hace esposado y con los grilletes apretando sus muñecas de tal manera que, pasadas 48 horas, todavía permanecen las marcas de las mismas en la piel del periodista: ha solicitado reiteradamente que le aflojen las esposas sin ser atendida su petición por parte de los agentes de policía.

Un juez que impide hablar al acusado: Agustín Carretero, exdirector general de relaciones con la Administración de Justicia, impide a Josele Sánchez relatar su ilegal detención ni presentar acusación contra los agentes de la Policía Nacional

La asistencia letrada de oficio llega al juzgado en el mismo momento en que el periodista debe prestar declaración ante Su Señoría; ni siquiera ha podido leer de qué va el procedimiento. Josele informa a su letrado (también lo comunicaría ante el Juez que desoyó absolutamente esta renuncia del detenido a su abogado de oficio) que no se siente representado por él y le desautoriza a actuar en su nombre ni en su defensa.

Sin dejarle intervenir en ningún momento Sánchez es informado por el Juez de que ha sido detenido por orden de búsqueda y captura del Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena). Josele intenta argumentar que se trata d3e un hecho imposible pues hace tan sólo unos días ha declarado ante la Magistrado Titular de este Juzgado por lo que el mismo conoce perfectamente sus datos y su dirección: todo es inútil. El juez Agustín Carretero tiene mucha prisa por irse a comer, e4s sábado y no le interesa lo más mínimo que pueda manifestar un detenido así que se limit6a a darle traslado de la “supuesta” requisitoria del Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena, preguntarle si quiere prestar declaración y ante la negativa de Josele Sánchez ordena su puesta en libertad.

Incluso la firma de conformidad con el auto de libertad del Juez, Josele Sánchez se ve obligado a efectuarla esposado pues los agentes de la policía nacional, pese haberse decretado ya su libertad, no le quitan los grilletes hasta el momento en que le devuelven las pertinencias y le dejan (literalmente tirado a su suerte) en la rampa del garaje del juzgado, intentando ordenar todo cuanto le ha sido devuelto, porque los policías le comunican que deben cerrar ya; ni siquiera se le ofrecen unos minutos y una mesa en la que ir abriendo las pertenencias que le han sido reintegradas en bolsas precintadas de plástico. Incluso es obligado a firmar su recepción antes, si quiera, de poder comprobar que se corresponde lo que firma con aquello que le es entregado.

Finalmente Josele Sánchez es puesto en libertad a las 14.30 h, 11 horas después de su detención en la habitación del hotel en el que se hospedaba.

Josele Sánchez ha hecho las siguientes preguntas con relación a su detención:

“¿Cómo puede ser detenido un ciudadano por estar ‘presuntamente’ reclamado por un Juzgado que no le reclama?
¿Quién es el responsable de esta actuación ilegal de la Policía Nacional?

¿Por qué se me niega incluso el derecho de poder contratar telefónicamente con su abogado?

¿Existe alguna predisposición policial para actuar en mi contra?

Un dato, quédense con él: Luis Miguel Palacios, es el comisario jefe de la Policía Nacional de Alcorcón. Su anterior cargo fue el de director general de seguridad y emergencias. ¿Coincidencias? ¿Casualidades?

La interpretación de lo ocurrido corresponde a cada uno de ustedes. Pero los hechos son los hechos y juro ante Dios nuestro Señor haber manifestado verdad en todo lo anteriormente expuesto”.