Los ministros Joan Subirats, con Isabel Rodríguez y Yolanda Díaz.

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), antes conocida como Ley Castells y ahora denominada popularmente como Ley Subirats. El texto, que derogará la Lou de 2001 reformada en 2007, ha sufrido muchos cambios de un ministro a otro pero mantiene las esencias que definen el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, se rebaja la exigencia para ser rector, se prioriza la contratación de las mujeres en “igualdad de condiciones de idoneidad” que los hombres y se incentiva la enseñanza en catalán al blindar una financiación adicional para los campus que impartan programas en las lenguas cooficiales. Como novedad de última hora se ha incluido que el “origen nacional y étnico” del estudiante pueda ser también un criterio para recibir becas junto a la situación socioeconómica del alumno.

“La ley incorpora elementos evidentes de un cambio de época en estos 20 años”, ha resumido el ministro Joan Subirats en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La tercera reforma universitaria en democracia, que pasará al Congreso con el objetivo de que las Cortes la aprueben en el primer trimestre de 2023, ha incorporado unos cambios que, aunque han mejorado el proyecto de Castells, se ven también con preocupación en la comunidad universitaria. Por ejemplo, se deja a merced de los campus definir su estructura sin establecer unos parámetros comunes en todo el Estado. También la obligación de convertir en indefinidos a 25.000 profesores asociados genera muchas dudas porque no se garantizan fondos adicionales para hacerlo realidad. Estas son las principales medidas:

DISCRIMINACIÓN POSITIVA PARA LAS MUJERES

Las mujeres tendrán prioridad frente a los hombres a la hora de trabajar en las universidades públicas. La ley dice que, cuando haya dos candidatos en “igualdad de condiciones de idoneidad”, tengan “preferencia” para ser contratadas “las personas del sexo menos representado” en el cuerpo docente o categoría de que se trate. Este redactado genera controversia. Juristas argumentan que, si dos personas compiten, no se puede tener el sexo como criterio. Además, se ve ambigüedad en la expresión “igualdad de condiciones de idoneidad”, que puede dar a entender que se escogerá al candidato más adecuado para el puesto y no al mejor preparado. Los rectores plantearon que se usara la palabra “mérito”, pero no se ha cambiado.

Además, “la composición de las comisiones de evaluación y selección de todas las convocatorias y proyectos se ajustará al principio de composición equilibrada entre hombres y mujeres, y se incluirán mecanismos para evitar los sesgos de género”. “A su vez, se incentivará la promoción de proyectos científicos con perspectiva de género, la paridad de género en los equipos de investigación y los mecanismos que faciliten la promoción de un mayor número de mujeres investigadoras principales”, se añade.

Las unidades de igualdad serán “las encargadas de asesorar, coordinar y evaluar la incorporación transversal de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de las políticas universitarias, así como de incluir la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad”.

ESTUDIANTES: BECA POR EL “ORIGEN NACIONAL Y ÉTNICO”

Como cambio de último momento, se ha incorporado que los alumnos puedan tener derecho a beca atendiendo a su “origen nacional y étnico”, algo que ahora no contemplaba la norma. Los criterios socioeconómicos siguen siendo los prioritarios pero se abre la puerta también a atender “a la discapacidad y sus necesidades de apoyo, al origen nacional y étnico, a las circunstancias sociales, cargas familiares, situaciones de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, así como otras características específicas del estudiantado”.

“Este criterio es de muy dudosa legalidad nacional y europea, contrario al artículo 14 de la Constitución española, que defiende la igualdad y no discriminación por razón de origen, raza o religión. El artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consagra también el principio de igualdad ante la ley”, considera la diputada María Jesús Moro, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Salamanca y portavoz de Universidades del PP en el Congreso, que denuncia que la incorporación se hace “sin que haya pasado por el Consejo de Estado, lo que evitaría controversia en temas esenciales sobre derechos fundamentales”.

También se contempla ahora que los estudiantes podrán tener reconocimiento académico por su participación en actividades de creación de nuevas iniciativas sociales y empresariales.

La ley, además, reconoce el derecho a huelga de los estudiantes, que no serán penalizados si faltan al examen el día en que hayan convocado un paro académico. Asimismo, les reconoce oficialmente su participación en la elaboración de las guías docentes, aunque al final ésta no será vinculante, como se decía en el primer borrador de Subirats. Esto no ha gustado a las asociaciones de alumnos. “Eliminar el papel vinculante del estudiantado en la elaboración de las guías docentes es seguir dando pasos atrás en un modelo que nos relega a un segundo plano, a ser agentes pasivos de la gobernanza y de nuestra propia educación”, señalan fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup).

Otro guiño que les hace Subirats es darle un mínimo de presencia en los órganos de gobierno del 25%. En el borrador anterior se fijaba en un 20% (ahora no hay un mínimo) y ellos quieren el 35%.

MÁS INTERNACIONALIZACIÓN

“Por primera vez en una ley universitaria hay un apartado dedicado a la internacionalización”, ha defendido el ministro. Es muy positivo el esfuerzo por atraer a profesores prestigiosos de fuera, pues la nueva figura de distinguido no tendrá que acreditarse y podrá cobrar mejor salario. Además, se eliminan trabas burocráticas para los alumnos internacionales (ahora sólo son el 9%, ha recordado Subirats). Los estudiantes no comunitarios inscritos en grados y posgrados ya no tendrán que renovar cada año el permiso de residencia y podrán quedarse un año en España al terminar la carrera. El llamado 3+2, como se conoce a la posibilidad de permitir carreras de menor duración, en sintonía con el resto de Europa, se deja aparcado y se regulará en un reglamento posterior.

MENOS REQUISITOS PARA SER RECTOR

Por primera vez no se obliga a los rectores a ser catedráticos. Esto se ha hecho para garantizar “una mayor democratización” del cargo. Bastará con que las máximas autoridades de las universidades sean profesores titulares y cada campus establecerá sus propios requisitos. La Ley Castells marcaba ciertos mínimos comunes: tres sexenios de investigación , tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria.

Atrás han quedado también los tiempos en que Castells planteaba que el rector fuera elegido por un comité de sabios independiente a la universidad; finalmente serán designados como hasta ahora, por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria. Los mandatos durarán seis años improrrogables (ahora son dos mandatos de cuatro años).

APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

Subirats impulsa la formación a lo largo de toda la vida con cursos más cortos, los llamados microcredenciales, que cualifiquen a personas adultas que se han quedado sin trabajo o necesitan actualizarse en sus conocimientos. También se permitirá a personas sin Bachillerato ni Selectividad estudiar carreras de su ámbito profesional. Por otro lado, la ley fomenta la ciencia abierta permitiendo el acceso abierto a publicaciones.

25.000 ASOCIADOS CON CONTRATOS INDEFINIDOS

La nueva norma obliga a reducir los contratos temporales del actual 40% al 8%, en sintonía con lo que establece la UE. En el borrador anterior, el porcentaje era del 20%. Esto que parece buena idea no puede hacerse sin la debida financiación, según los expertos. El Gobierno quiere acabar con la precariedad laboral de los llamados falsos asociados, pero para ello obliga a las universidades a convocar concursos de méritos antes de finales de 2024 para que 25.000 asociados pasen de temporales a indefinidos. Carmen Pérez Esparrells, profesora de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, ha calculado en un artículo publicado en Times Higher Education que esta medida aumentaría la nómina académica nacional en cerca de un 5%, un incremento asumido íntegramente por las universidades, lo que las va a abocar a una situación de asfixia. Existe el temor que los campus dejen de contratar a otros candidatos con más experiencia en investigación.

Luis Sanz-Menéndez, profesor de investigación en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, expresa: “Una estabilización masiva de los trabajadores temporales actuales, sin implementar un proceso riguroso de selección y contratación, podría ser un error con consecuencias a largo plazo. La Ley de Reforma Universitaria de 1983 incluyó una estabilización casi total de más de 5.000 profesores auxiliares y se han criticado las consecuencias a largo plazo de esta política en cuanto a los efectos sobre la calidad de la investigación; ahora estamos hablando de unos 25.000 Las consecuencias a largo plazo pueden estar relacionadas con el bloqueo durante décadas de la contratación de nuevos talentos”.

MÁS PODER A LAS CCAA

Según el documento final, se abre la puerta a que las agencias autonómicas de calidad se encarguen del “desarrollo de la evaluación de los méritos y competencias” a los profesores titulares y catedráticos, que es la parte esencial del proceso de acreditación. La Aneca tiene la última palabra, pero la determinación de los criterios de evaluación y de los tribunales se hará entre la agencia estatal y las autonómicas, una fórmula que puede dar pie a cesiones en función de la coyuntura política. Varias fuentes universitarias consultadas ven que este cambio “fragmenta el sistema universitario” y “puede romper el principio de igualdad” porque los titulares y catedráticos son cuerpos docentes del Estado. Ahora “se rompe la homogeneidad y se distorsiona una figura estatal, la de los funcionarios”. Opinan que esta medida da pie a que cada gobierno regional pueda poner sus particularidades y condiciones. “Si cada autonomía puede elegir a su profesorado y poner sus perfiles, como la exigencia de un nivel mínimo de catalán, la movilidad entre regiones se reduce. Me da la sensación de que Subirats ha hecho la ley pensando en Cataluña”, expresa una fuente universitaria. “Se rompe el marco común básico entre CCAA”, denuncia el sindicato Csif.

Además de la vía funcionarial, se establece una vía paralela laboral alternativa que legitima lo que ya se hace en Cataluña y en el País Vasco. Habrá profesores titulares y catedráticos laborales, que podrán tener un sobresueldo que fijen las CCAA. Se deja que sean las CCAA también las que regulen los procedimientos de acreditación, que “se realizará por parte de las agencias de calidad autonómicas”. Los sindicatos se temen que esta vía “permita la colocación de personas de la cuerda”. Otro filtro que se quita está en el acceso a las plazas, pues se elimina la acreditación para ser ayudante doctor (bastará con un concurso).

Otro cambio muy reciente es el que permite la posibilidad de que cualquier agencia de cualquier comunidad autónoma o incluso de otro país de la UE pueda acreditar la calidad de los estudios que se imparten en España. La agencia de calidad catalana podrá, por ejemplo, acreditar una titulación de la Universidad de Baleares.

FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS

Las CCAA podrán determinar los objetivos de financiación de las universidades. Se regulan los planes plurianuales y una financiación por objetivos vinculada al cumplimiento de unos fines estratégicos que determinen los gobiernos regionales. Las fuentes consultadas interpretan que eso vuelve a dar carta blanca a las regiones para poner sus peculiaridades que hacen diferencias de un territorio a otro.

Además de la financiación estructural basal y la financiación por objetivos, también se establece una financiación adicional “por necesidades singulares” que incentiva económicamente los programas en lenguas cooficiales; es decir, la enseñanza universitaria en catalán, vasco o gallego.

Por otro lado, ha generado mucha polémica que se cargue a las CCAA un mínimo de gasto público en educación universitaria del 1% del PIB (ahora está en el 0,7%) cuando no se garantiza un incremento de los fondos ni las transferencias del Estado a las CCAA son finalistas. El último borrador ha añadido que se creará en el plazo máximo de un año una comisión entre el Estado y la CCAA para velar por que se cumpla este objetivo.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Subirats deja en manos de los claustros decisiones que antes se regulaban por ley estatal, como la representación de los distintos colectivos en los órganos de gobierno, sus funciones o la elección del rector y los decanos. “Eso aumentará el populismo cuando haya elecciones. Al dejarlo todo tan abierto, habrá que hacer concesiones a los distintos estamentos”, opina un rector.

CONTRA LA ENDOGAMIA

Una de las medidas más celebradas de forma unánime es que en las comisiones de los concursos de plazas la mayoría de los miembros tendrán que ser externos a la universidad, lo que combate la endogamia. Además, las nuevas plazas se publicarán en un registro para que haya más transparencia en la oferta.

FORMACIÓN PARA LOS NOVATOS

Otra de las novedades con el sello Subirats es que los ayudantes doctor tendrán que hacer obligatoriamente un curso de didáctica para impartir mejor sus clases, como se hace en la enseñanza no universitaria.

Fuente: El Mundo